Decenas de colectivos feministas y organizaciones sociales expresaron su rechazo al proyecto de reforma del Código del Proceso Penal (CPP), actualmente en estudio en la Comisión de Constitución del Senado. A través de un comunicado, señalaron que la iniciativa implica un retroceso en materia de derechos y acceso a la justicia para las víctimas.
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Los colectivos feministas plantean que las modificaciones serán desiguales y negativas desde la perspectiva del la víctima y sus garantías.
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La declaración surgió tras una entrevista concedida al diario El País por el catedrático en Derecho Procesal Gabriel Valentín, integrante del grupo técnico convocado por Presidencia de la República para elaborar la propuesta de reforma.
Violentar a las víctimas
Las organizaciones sostienen que algunos de los cambios planteados podrían “violentar a las víctimas, expulsarlas del sistema de justicia y favorecer la impunidad”. Entre los aspectos más cuestionados figura la posibilidad de que los imputados soliciten directamente a un juez medidas para obtener pruebas que estén en poder de la víctima o inspeccionar determinados lugares, sin que exista una comunicación previa al fiscal o a la propia persona denunciante.
Según los colectivos, esta disposición habilitaría investigaciones sobre las víctimas y permitiría intromisiones en su vida privada mediante el uso de la fuerza pública, generando situaciones de revictimización.
El comunicado también alerta sobre restricciones al derecho de las víctimas a recurrir decisiones judiciales, como el archivo de una causa o el sobreseimiento de un imputado. A juicio de las organizaciones, la reforma mantiene además una participación desigual dentro del proceso penal, ya que las víctimas no cuentan con las mismas herramientas que la defensa para solicitar pruebas, acceder a peritajes estatales o intervenir en acuerdos de juicio abreviado.
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