La Comisión de Constitución y Legislación del Senado aprobó este martes el proyecto de ley de “indemnización moral, social y económica” de víctimas “civiles, policiales, militares y sus familias” víctimas de grupos políticos armados, como el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), entre el 1° de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976. El texto, enviado por el Poder Ejecutivo luego de que el Senado votara una minuta de comunicación a iniciativa de Cabildo Abierto (CA), salió de la comisión con los votos de los socios de la coalición de gobierno, ya que el Frente Amplio (FA) no acompañó la propuesta, y probablemente se aprobará este miércoles en el plenario.
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Guillermo Domenech planteó que se dejara estipulado en el proyecto de ley cuál debería ser el monto de las reparaciones económicas.
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El proyecto indica, en su exposición de motivos, que las víctimas y sus familias “han sufrido daños en su persona y bienes y se ha vulnerado su derecho a una indemnización pecuniaria por los daños ocasionados”, así como “su reparación moral”. “Es de justicia para estos compatriotas y sus familias, que han sido objeto de actos ilícitos y que como consecuencia de los mismos han sufrido la violación de sus derechos”, añade el texto.
Durante la discusión de este martes el senador de CA Guillermo Domenech planteó que se dejara estipulado en el proyecto de ley cuál debería ser el monto de las reparaciones económicas, algo que finalmente no prosperó. En concreto, Domenech propuso que estas víctimas recibieran un monto igual a lo establecido en la Ley 18.033 para víctimas de la dictadura, que son 8,5 bases de prestaciones y contribuciones mensuales, que son, en cifras actuales, algo menos de 44.000 pesos.
Del lado del FA, el senador José Carlos Mahía, que integra la comisión, manifestó su opinión contraria al proyecto porque, en primera instancia, considera que fue hecho meramente “para cumplir acuerdos políticos internos de la coalición de gobierno”, por ejemplo, para aprobar la reforma de la seguridad social, con la que CA tenía diversos reparos.
En segundo lugar, dijo que el texto “tiene muchas inconsistencias, por ejemplo, no se sabe el número de personas que estarían amparadas bajo la norma que se proyecta” y “tampoco se conoce a ciencia cierta la definición precisa” de los requisitos para ser reconocidos por esta ley. También cuestionó que se delegue a una comisión del Poder Ejecutivo la resolución de quiénes podrían acceder a la prestación y de cuánto sería, porque “le da un nivel de discrecionalidad enorme”.
Por último, consideró que el proyecto “no tiene consistencia en cuanto al relato que supone”. “Por supuesto que si hay víctimas que no han sido reparadas, merecen serlo”, continuó, y agregó que ya hay personas a quienes el Estado les reconoció su situación, principalmente "militares o policías".
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