De todas formas, según la información disponible, Giovio estimó que la deuda total de la empresa es de U$S 384 millones correspondientes a los compromisos no asumidos. Según expuso, la mitad de dicho pasivo se concentra en 570 inversores.
Por otra parte, el contador dijo que en principio habría U$S 150 millones en activos: 100 millones en ganado (aunque la mayoría son propiedad de inversores), U$S 12,7 millones en dos campos: 8 mil hectáreas en Río Negro y 5 mil en Rocha. El abogado Leonardo Costa que representa a unos 500 damnificados, dijo a Pasaron Cosas que una de las principales líneas de la investigación es establecer cuántas cabezas de ganado existen. "Lo que sí está claro es que hay muchísimo menos ganado del que se prometió comprar”, sostuvo.
Además, el activo refleja U$S 45 millones en créditos a frigoríficos. Uno de los préstamos, por U$S 15,7 millones, fue cedido a Bamidal, frigorífico de ovinos ubicado en Paso de los Toros que Gustavo Basso compró en 2010 y que, con el actual Gobierno, según documentos oficiales difundidos en M24 por el periodista Eduardo Preve, fue beneficiado con exoneraciones fiscales por más de 20 millones de dólares (U$S 11 millones de IRAE y 9 millones de IVA) aprobadas en el marco del régimen de promoción de inversiones, luego de que Basso presentara un proyecto que incluía la construcción de una obra civil y la adquisición de equipamiento y maquinaria para el citado frigorífico de ovinos.
El otro frigorífico que recibió un crédito de U$S 27,7 millones por parte de Basso con fondos de Conexión Ganadera fue el Frigorífico Casa Blanca (Fricasa), ubicado en el departamento de Paysandú, que emplea a 500 personas. Pero debido al desfalco del fondo de inversión mandó a 420 empleados al seguro de paro y debió posponer compromisos de exportación con Chile, China y Estados Unidos.
El presidente de la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines (Foica), Martín Cardozo, dijo a AFP que la deuda que tiene Fricasa con Conexión Ganadera desató una pérdida de confianza de los productores que hizo desplomar la actividad. "Sabiendo la deuda que tiene la empresa, por supuesto que los productores no le van a proporcionar materia prima, porque saben que no lo van a poder cobrar", explicó. "Ahora, para no perder la habilitación en los mercados internacionales, mantendrá una faena ínfima de 100 animales semanales", indicó y consideró "difícil" retomar a corto plazo el ritmo anterior de 1.000 a 1.200.
Concurso, embargo y empresas conexas
El mismo día de la primera audiencia en la Justicia penal, en la que Carrasco, Iewdiukow y Cabral tuvieron que dejar sus pasaportes, la Justicia concursal decretó el concurso necesario de Conexión Ganadera y designó al abogado Alfredo Ciavattone (quien días atrás había sido nombrado interventor) como síndico, desplazando a Pablo Carrasco en la dirección de la empresa. El juez Leonardo Méndez anunció la convocatoria a una junta de acreedores para los días 19 y 20 de agosto de 2025 y desde este lunes (17) comenzó a correr el plazo de 60 días para que los acreedores presenten la documentación requerida para verificar sus créditos.
La medida adoptada por el juez alcanza a la empresa Hernandarias XIII, de Pablo Carrasco y su esposa (Ana Iewdiukow), que arrendaba y compraba campos para colocar ganado de Conexión Ganadera sin tener que recurrir a terceros. También fue intervenida Bamidal (frigorífico) y empresas vinculadas a Conexión Ganadera: Etranil SA y Del Terruño LLC, con la que comercializaban la carne de Stradivarius (para la cual se invirtieron 4 millones de dólares en Estados Unidos) y fue disuelta el último día de diciembre de 2024, según los registros legales de Massachusetts.
En diálogo con Caras y Caretas, el abogado Daniel Torres Rey, del estudio AG Consultores, que defiende a unos 70 defraudados por la empresa, advirtió que “tiene que haber más empresas en el concurso”. “Nosotros consideramos que esto es un conjunto económico, y justamente también vamos a comparecer en el expediente solicitando que se incorpore, no solamente las dos empresas que se declaró judicialmente el concurso, sino a varias más que tienen interconexión”.
Al mismo tiempo, el juez concursal dispuso un embargo a los socios de Conexión Ganadera (Carrasco, Iewdiukow y Cabral) por U$S 250 millones.
En la resolución judicial, el juez explicó que “surge acreditado sumariamente que los Sres. Pablo Jesús Carrasco González, Ana Iewdiukow Artagaveytia y Daniela Cabral Bilhere no solo se trata de personas estrechamente vinculadas a la administración de las personas jurídicas concursadas, sino que tenían conocimiento del estado de insolvencia de las deudoras y, luego del allanamiento, surge evidente que el activo no resulta suficiente para satisfacer el pasivo”.
Al respecto de la situación económica, el magistrado aclaró que “aún no puede determinarse con fehaciencia el pasivo definitivo, cuestión que obedece a la etapa de verificación de créditos e inventario", que es responsabilidad de Ciavattone.
La sucesión de Basso
A principios de febrero, el estudio jurídico Brum Costa Abogados había solicitado a la Justicia que embargue a la viuda y a las dos hijas de Gustavo Basso. En el escrito argumentó que seis días después de la muerte de Basso, su viuda Daniela Cabral y las hijas solicitaron la apertura de la sucesión. Diez días más tarde pidieron “de forma urgente y con carácter cautelar la designación de Cabral como administradora de la herencia, con facultades expresas de disposición de bienes”, algo que hasta ahora no fue concedido pese a que la familia reiteró su pedido.
El juez de Concurso rechazó en ese momento el pedido realizado por el estudio, argumentando que para disponer medidas cautelares sobre terceros tenía que estar decretado el concurso de la empresa, algo que todavía no se había decretado.
“Sin perjuicio de que correctamente la sede de Florida no hizo lugar a la medida cautelar, esto demuestra la clara intención de Daniela Cabral, así como de las herederas de Gustavo Basso, de distraer los bienes del patrimonio del fallecido, previendo claramente todos los sucesos que acontecieron con posterioridad y que a la fecha están transcurriendo”, señaló el escrito de Brum Costa abogados.
En tanto, el pasado martes 18 de febrero, el Dr. Ignacio Durán, abogado de 200 inversores defraudados por Conexión Ganadera, presentó una denuncia penal contra las hijas de Gustavo Basso, Agustina y Candelaria.
El penalista también solicitó levantamiento de secreto bancario de la cuenta del HSBC a nombre de "Basso Pallares Ruben G sucesores de", por la cual se habrían entregado una serie de cheques diferidos por cientos de miles de dólares en las últimas semanas.
En particular, Durán solicitó a la Fiscalía que se investigue un cheque bancario con valor de U$S 100 mil, emitido el pasado 9 de enero a nombre de la citada cuenta del HSBC, con la firma de la viuda de Basso, Daniela Cabral y una de sus hijas.
Por su parte, el Dr. Torres Rey adelantó que pedirá que se indague a todos los responsables formales, puesto que entiende que “hay otras personas de cargos directrices —sobre todo del escritorio Gustavo Basso Negocios Rurales en Florida— que deberían también estar involucrados”, debido a que “formaban parte de toda esta estratagema (de Conexión Ganadera)”, por lo que tienen que ser investigados.
“Estamos hablando no solamente de personas responsables del escritorio que invitaban a los inversores a renovar contratos u ofrecían renovaciones, sino que también deben formar parte de la investigación penal las hijas de Basso”, sostuvo.
El abogado detalló que muchos de los inversores firmaban sus contratos en el escritorio de Basso en el centro de Florida. “La gran mayoría, obviamente que conocían a Basso, y un poco la celebración de este tipo de contratos, era por una cuestión de vínculo, de conocimiento en Florida, todo se inspiraba en la confianza”. “Cuando una persona entraba en este modelo de negocio lo hacía por la confianza en él. Se sentaba, se tomaba un café contigo y te convencía de que invirtieras”, dijo.
El Dr. Torres Rey recordó que uno de los delitos penales que denunciaron desde el estudio es el delito de “insolvencia societaria fraudulenta”; debido a que, no solamente semanas previas a su muerte, sino bastantes años anteriores “se fueron diagramando operaciones societarias que al menos son pasibles de investigación”.
La investigación sobre el siniestro fatal de Gustavo Basso
Las circunstancias en las que falleció Gustavo Basso el pasado 28 de noviembre a las 6:30 de la mañana —al impactar el Tesla Modelo 3 de su esposa contra maquinaria utilizada en el ensanchado de la ruta 5 en Florida— son investigadas por el fiscal Hermes Antúnez, puesto que hay elementos que ponen en duda la versión del accidente. Según un artículo de Joaquín Symonds (en El Observador el 7 de febrero), antes del siniestro, Basso dio acceso a algunas cuentas bancarias a personas de su confianza y pidió a sus allegados que “mantuvieran y no tiraran” el patrimonio familiar. También narró que dialogó con sus empleados allegados, a quienes dio detalles de cómo proceder en caso de que él no estuviera "operativo".
Antúnez contó a El Observador que el trabajo de los peritos no dilucidará si se trató de un suicidio o de un accidente. “Sí podemos dar una idea en cuanto al contexto. Se dice que el hombre pasó dos veces por el lugar… Eso es un indicio, pero no vamos a decir si se trató de un intento de autoeliminación porque no es lo que se busca”, indicó.
El viernes pasado, el fiscal recibió la pericia del Instituto Técnico Forense (ITF), que dio negativo a la presencia de alcohol y tóxicos en el cuerpo de Basso. Ahora espera el informe de Accidentología Vial para “determinar las causas del siniestro, si hubo error humano o una falla del vehículo" que conducía Basso a más de 170 km/h.
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Por eso, Antúnez le pidió a Tesla "el registro de la cámara del vehículo, los datos de velocidad, aceleración y frenado en los segundos previos al impacto, así como información sobre la activación del sistema de asistencia al conductor”. En un principio, la familia de Basso se negó a que se realice el peritaje de las cámaras y a costear el mismo. Sin embargo, en las últimas horas se presentaron ante Policía Científica para hacerse cargo de los costos para periciar en el extranjero la caja negra del vehículo en el que se siniestró Gustavo Basso.
De la carpeta técnica del fiscal surge que "las condiciones de visibilidad eran buenas”, que la maquinaria vial contra la que chocó estaba hace meses en ruta 5 y que Basso hacía constantemente cientos de kilómetros entre Florida y Montevideo.
