“A los que llegan a la política buscando plata hay que correrlos”, dijo el martes José Mujica. Y tiene razón. Muchos problemas se podrían evitar, porque además es bastante sencillo identificarlos.
No todos los partidos políticos son iguales
El contador Alberto Praino, el Beto, hoy jubilado, es un tipo singular. Vive en Maldonado. En 1983 era un joven batllista que enfrentaba a la dictadura en la calle. Fue director de Hacienda durante el gobierno del intendente colorado Benito Stern (1985-1990). Llegó a la intendencia en un Fiat 600 y se fue en el mismo auto cinco años después.
Luego, Stern lo llevó como director de Secretaría al Ministerio de Turismo y renunció harto del manejo arbitrario del dinero público que hacían algunos jerarcas de su propio partido. Años más tarde tuvo un breve pasaje como edil acompañando al entonces frenteamplista Darío Pérez. Después regresó a su pequeño estudio para ayudar a su hija. Nunca fue señalado por nadie y es un ciudadano apreciado por todos.
El abogado Alejo Fernández Chávez, batllista y estudioso, fue diputado por el Partido Colorado (1995–2000) y al final del gobierno de Jorge Batlle se desempeñó como ministro del Interior. Al principio de la dictadura era el único abogado de Maldonado que defendía presos políticos. Y al final de la dictadura fue integrante de la Comisión Departamental de Derechos Humanos.
Nunca dió importancia a los bienes materiales o a la acumulación de riqueza. Sus amigos bromeaban insistiendo para que cambiara su único saco azul y él siempre contestaba “¿Para qué? Este está limpio y me queda cómodo”.
Pudo haber cometido errores en su labor política, pero su honestidad nunca estuvo en cuestión.
En el año 2005 asumió como intendente de Maldonado el frenteamplista Óscar de los Santos, obrero de la construcción y dirigente del SUNCA. Fue reelecto en el 2010. Llegó a la intendencia en un viejo Chevette al que años después tuvo que cambiar por otro usado modelo 90, porque era común verlo empujando su coche por la carretera camino a la misma casa de San Carlos donde vive hoy. Arregló el rancho de sus padres ubicado en el km. 110 cerca de Pan de Azúcar, donde nació y pasa algún fin de semana.
Durante los primeros cinco años donó el 50 % de su sueldo para un fondo que ayudaría a la instalación de la Universidad de la República. Luego aportó un terreno municipal y su Intendencia ayudó con fondos para la construcción del edificio que fue inaugurado en el año 2012. Hoy, casi 4.000 muchachos concurren al Centro Universitario Regional del Este.
Alguien dirá “son apenas tres ejemplos”. Y es cierto, porque la memoria es corta y la responsabilidad es enteramente de ciudadanos para quienes la honestidad no es un valor y, en cambio, buscando su tajada votan a quienes solo les interesa el poder y mejorar su propia vida.
La cultura que genera es un daño colateral de la corrupción. Pero por otro lado hay miles de funcionarios en todas las áreas que cumplen su labor con honestidad y sentido republicano. En su defensa se debe combatir a los corruptos.
De malos ejemplos están llenos los caminos de la República
No darían todas las páginas de esta edición para enumerar los actos de corrupción que se cometen día a día en todo el país. Los que trascienden son aquellos que involucran a figuras notorias. Y además, muchos políticos solo se ocupan de lo que hacen sus adversarios. Pero muchísimas decisiones que se adoptan ocultan el expreso interés de favorecer a alguien cercano.
Por ejemplo: generalmente se considera que la licitación es la forma más transparente de comprar un bien, un servicio o adjudicar una obra. Sin embargo, las licitaciones se pueden arreglar. Muchísimos empresarios pueden dar fe. Nunca lo reconocerán en público porque es altamente probable que no vuelvan a contratar con el Estado.
Los llamados a licitaciones millonarias son verdaderas entelequias solo entendibles por los intervinientes. Si un interesado incluyera items que luego no estarán y nadie controla, ahí hay una diferencia de dinero que seguramente luego se reparta y nadie se enterará. Y si ese dinero no va al sistema financiero sino a un cofre fort, el ocultamiento es casi perfecto.
Ha sido común que alguna empresa vial coloque menos basamento de piedra bajo la capa de asfalto cuando se construyen rutas. Cinco centímetros menos es una torta de plata, y si fueran diez ni hablar. Claro que luego esa ruta o camino se deteriora rápidamente.
Ocurre en cada departamento donde aparecen “empresarios de la construcción” que viven solo de los contratos con el gobierno departamental, y apenas se investiga de dónde surgen los vínculos.
En el pasado, tanto Julio María Sanguinetti como Luis Alberto Lacalle (padre) adjudicaron decenas de frecuencias de radio, sobre todo en el interior, a correligionarios o amigos. Por lo menos Lacalle tuvo la honestidad intelectual de considerarlo “un error, porque después los tipos venían a pedir publicidad oficial”.
Con el papelito de la adjudicación, sin instalar la radio, muchos hicieron fortunas vendiéndolo en una época en la que por una frecuencia radial se podía pedir entre 500.000 y un millón de dólares.
Ahora el negocio de las radios ya no rinde como antes, entonces se compran afinidades repartiendo publicidad oficial. Maldonado es un ejemplo. Entre la Intendencia y la Junta Departamental reparten aproximadamente un millón y medio de dólares por año entre los medios que no armen bardo y reproduzcan la agenda informativa que establece la Dirección de Comunicaciones.
En mayor o menor medida ocurre en todo el país, porque al ser la Intendencia el mayor organismo, necesariamente los medios y periodistas deben recurrir a su publicidad. Pero ocurre que esa publicidad se pierde si una información molesta al mandamás de turno.
El caso Caram en Artigas dejó al descubierto una maniobra millonaria con la que se favoreció a familiares y a militantes del sector del intendente y la diputada Valentina Dos Santos. Ambos debieron renunciar y fueron formalizados. Sin embargo, nunca se investigó si hubo lavado de dinero. Porque ¿a dónde fueron a parar una parte importante de por lo menos 8 millones de dólares?, ¿a los bolsillos de Caram y Dos Santos o financiaron su actividad política?
Son muchos los dirigentes políticos que lograron acceder a campos del Instituto Nacional de Colonización y no todos cumplen con los requisitos y las obligaciones. Según fuentes del INC, en esa lista están Álvaro Delgado, que podría ser electo presidente el próximo domingo; Enrique Antía, intendente de Maldonado y Pablo Caram, exintendente de Artigas.
Los ingresos de funcionarios a las intendencias son escandalosos, porque los concursos son raros y los acomodos frecuentes. En muchos lugares funcionan con la Fundación A Ganar, que es una forma de meter gente sin que aparezcan en la plantilla municipal y además carecen de todo derecho laboral.
No llamó la atención que muchos gobernantes departamentales blancos se opusieran al proyecto del fallecido diputado colorado Daniel Peña, quien pretendía establecer por ley el concurso para acceder a puestos en la administración. El clientelismo ha sido el sustento de su poder.
Corrupción: no hay vacuna pero debe haber prevención
Está claro que para que alguien cobre una coima tiene que haber alguien que la pague. Raramente los que corrompen son mencionados y menos sancionados. Funciona como una “omertà”.
Una de las mayores preocupaciones del país todo es la irrupción del crimen organizado, pero éste existe porque hay corrupción en el Estado, como lo demuestra la experiencia internacional.
Sin embargo, nuestro país es muy débil para enfrentar la corrupción. La Jutep, organismo creado a tales efectos, perdió en este período el peso y el respeto que supo lograr con la presidencia de Ricardo Gil Iribarne. Ahora es un organismo usado políticamente por la mayoría integrada por un blanco y una cabildante. De transparencia, nada.
Si no se otorgan potestades sancionatorias al Tribunal de Cuentas de la República, más vale que lo cierren, el país está tirando plata.
Recién en setiembre de este año se aprobó la ley de enriquecimiento ilícito. Pero como fue producto de un acuerdo, sus efectos son dudosos.
Enfrentar la corrupción debe ser una obligación para todos, políticos y ciudadanos. Porque de su éxito depende la sobrevivencia de la democracia.
Ninguno de los partidos políticos ni ningún gobierno está vacunado contra la corrupción, pero sí son responsables de establecer, cumplir y controlar normas prioritarias que acoten al mínimo el daño.
