Al valorar la pertinencia de esta actividad, el consejero cuestionó la influencia de la Fundación Ceibal en la fijación de políticas educativas, y alertó sobre la dependencia de financiamientos no estatales. Opinó que estas prácticas están respaldadas por diversos organismos internacionales y fundaciones privadas, entre ellos la Fundación Gates, la Fundación Rockefeller y el Banco Mundial. Según el consejero, estas experiencias “no sirven para explicar el ausentismo en Uruguay porque provienen de contextos muy distintos. No tienen el nivel de pobreza que afecta a la infancia y adolescencia en Uruguay, que creo que es la causa básica de los problemas de asistencia que enfrentamos”.
Consultado sobre si esto podría leerse como una injerencia de fundaciones privadas en la educación pública, Mazzoni afirmó que “lo venimos sosteniendo hace mucho tiempo, es así. Esa es una concepción de la educación como servicio y, por lo tanto, no como un derecho, lo que la hace mercantilizable”.
Ante la pregunta de si el cambio de signo del gobierno implicará un mayor peso de la voz docente en la toma de decisiones, Mazzoni señaló que “se está desarrollando un proceso de intercambio” entre las asambleas técnico-docentes, representantes de subsistemas y la Dirección Ejecutiva de Política Educativa. “Tenemos expectativas de que mejore el peso de las asambleas técnico-docentes y de que se exprese mejor, pero veremos en los próximos días. Inclusive hay un tema interesante: en el preacuerdo que firmó la CSEU [Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay] con el Codicen en el Ministerio de Trabajo —digo preacuerdo porque aún no ha sido refrendado— se contempla que los sindicatos participen en la discusión de algunos temas de política educativa, lo que reforzará la expresión de la opinión de los docentes de manera democrática”.
Menos tecnología y más recursos
Para Mazzoni, la cuestión del ausentismo está vinculada con diversos factores estructurales, como el presupuesto educativo, los cargos disponibles en los centros, la infraestructura, la transformación curricular y la democratización de los espacios educativos. En sus palabras, “eso es lo central en la discusión”.
En cuanto a la viabilidad de implementar algunas estrategias con el presupuesto actual, el consejero advirtió que las cifras que maneja el Poder Ejecutivo “son muy pobres frente a lo que ANEP plantea”. Mazzoni recordó que ANEP plantea “incrementar el presupuesto de manera importante, a ver si finalmente llegamos al 6% del PIB para toda la educación pública”, un objetivo que, según dijo, “el Ejecutivo no contempla”.
Con ese presupuesto, sostuvo, se podrán implementar medidas como la alimentación en la educación media, la generación de equipos multidisciplinarios y la extensión del tiempo pedagógico, lo que podría favorecer que los estudiantes “se sientan mejor atendidos y estén más dispuestos”.
