Denuncian plan para debilitar a la Jutep

La situación del senador, también del Partido Nacional, Sergio Botana, es similar a la del senador Juan Sartori, del Partido Nacional, porque tampoco declaró en 2020 los bienes de su esposa. En un apartado del documento entregado a la Junta de Transparencia y Ética Pública, Botana escribió que mantiene separación de bienes con su cónyuge y por esa razón que no los declara. Sin embargo, la prueba de separación de bienes -que exige la Corte para que un alto funcionario pueda omitir el patrimonio de su cónyuge- del matrimonio Botana-Lovesio no se adjunta en la declaración jurada del senador de Cerro Largo.

Por su lado, el senador Juan Sartori ya manifestó e insistió en que no acatará el fallo de la Suprema Corte de Justicia. La Corte resolvió que no es inconstitucional que la Junta de Transparencia y Ética Pública solicite la declaración jurada del cónyuge de un alto funcionario público. Ante el fallo, el senador Sartori respondió públicamente que no le pedirá a su esposa que declare sus bienes porque lo considera arcaico y porque no la puede ni quiere obligar a que los transparente. Sartori mencionó que tenía separación de bienes gananciales pero no lo pudo probar, señaló la sentencia de la Suprema Corte de Justicia.

En tanto, la bancada del Frente Amplio discutió en las últimas horas los pasos a dar. En primer lugar, la Jutep deberá intimar al senador Sartori luego del fallo de la Corte para que efectivamente se avenga al mandato legal. Si el senador Sartori no lo hace, está previsto solicitar se aplique el artículo 115 de la Carta Magna, que habilita a sancionar o desplazar a un legislador que no cumpla con la ley. Sin embargo, para que finalmente se aplique el artículo referido y se pueda sancionar al senador Sartori, deberá reunirse 2/3 de la Cámara Alta. Las irregularidades del legislador con respecto a la declaración jurada de bienes también tienen que ver con su propia declaración. En 2022 presentó una declaración jurada con una diferencia de 39 millones de dólares con respecto a la declaración jurada de 2020, desconociéndose el origen de ese aumento en su patrimonio.

En este marco, queda expuesta la realidad de la Junta de Ética y Transparencia “porque queda claro que hay un proyecto deliberado para debilitarla”, dijo a Caras y Caretas Ana Ferraris, representante del Frente Amplio en el directorio del organismo creado para el combate de la corrupción.

La Jutep cuenta con un presupuesto de cerca de 10 millones de pesos para todo el período. Ha ejecutado solamente cerca del 70 % y ni siquiera ha completado todas sus vacantes, siendo que el Poder Ejecutivo no las limitó en este caso. Además, se le otorgaron 10 pases en comisión y no utilizó ninguno. Al no completarse las vacantes, de los 16 funcionarios que hasta 2019 integraban la Jutep, actualmente cuenta con 11.

“Falta de interés y desidia”, definió Ferraris. Precisamente, una de las resoluciones que no han sido explicadas fue la de la declaración jurada del senador Sartori. Antes de que la situación fuera definida por la Suprema Corte de Justicia, la Jutep esperó el fallo de la Corte antes de proseguir con la investigación acerca de los bienes no declarados por Sartori y su esposa.

Cuando se solicita a la Corte una declaración de inconstitucionalidad, según el Código General del Proceso se puede hacer por vía de excepción -en medio de un juicio-, por vía de oficio -el juez pregunta a la Corte si una ley es inconstitucional- y, por último, por vía de acción, tal como hizo el senador Sartori. Es decir, por iniciativa propia sin estar en juicio y sin que un juez eleve su consulta a la Suprema Corte de Justicia.

Las dos únicas chances, establece el CGP, para que un procedimiento se suspenda mientras la SCJ dirime, son por las dos primeras vías. En tanto, cuando se consulta a la Corte por vía de acción, no existe la posibilidad de suspender el procedimiento. La Jutep contravino lo establecido en el CGP y resolvió, por mayoría de 2 contra 1, suspender el procedimiento que apuntaba a investigar el patrimonio de la pareja del senador Sartori hasta tanto se expidiera el máximo órgano judicial.

“Desde 2020 no se trata una denuncia”, agregó Ferraris a Caras y Caretas, quien agregó que en mayo, cuando se reveló que la exministra de Vivienda, Irene Moreira, digitó viviendas para militantes de Cabildo Abierto, la Jutep jamás inició una investigación.

Tampoco se conoce investigación sobre la compensación recibida por el hermano del intendente de Lavalleja, Mario García, ni indagatoria acerca de los familiares del intendente de Artigas, Pablo Caram, que trabajan en la comuna. Además, se dejó de lado hasta ahora los 35 aumentos salariales e ingresos en Salto Grande a militantes del Partido Nacional.

Acerca de las declaraciones juradas, Ferraris denunció que “han sido ocultados datos que no tienen que ver con la reserva que deben mantener esos documentos”. “Está bien que no se publique el número de cuenta, pero es inadmisible que se oculte el nombre del banco donde el alto funcionario tiene sus depósitos, porque debe conocerse abiertamente si ese funcionario tiene cuenta en un banco de plaza o en las Islas Fiji”, dijo Ferraris.

Añadió que tampoco debe taparse el nombre de las empresas con las que los altos funcionarios públicos tienen relaciones, porque justamente se trata de que declare que no incurre en una posible conjunción de intereses.

La Jutep tampoco tiene datos en la declaración jurada de la exviceministra de Relaciones Exteriores, Carolina Ache. La exjerarca presentó una nota que indica que podrá declarar sus bienes con la condición de que no se publique el patrimonio de su pareja. Tampoco una vez que renunció a su cargo en Cancillería presentó declaración jurada de su cese.

La representante del Frente Amplio en la Jutep dijo a Caras y Caretas que “la obligación de un jerarca para que presente su declaración jurada una vez abandona un cargo es para conocer el antes y después sobre un eventual enriquecimiento ilícito. Por ley deben abrirse 5 % de las declaraciones juradas en forma aleatoria para investigar los bienes declarados. Esto no se hace en la Jutep”, señaló Ferraris.

Al mismo tiempo, la Unidad de Acceso a la Información Pública elabora un índice de transparencia y la Jutep se encuentra en el lugar número 50 de ese ranking. La Jutep está denunciada ante la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) por parte de dos ciudadanos, debido a pedidos de acceso a la información donde no se les dio una respuesta acorde a lo solicitado.

En uno de ellos, la UAIP observó a la Jutep y le recordó al ciudadano que puede tramitar judicialmente su solicitud. “La Jutep debía elaborar un proyecto de ley sobre la corrupción privada pero, para sorpresa de varios, le encargó ese proyecto a la agencia de Naciones Unidas contra la Droga”.

Acerca de la reestructura que se proyecta para el organismo, Ferraris indicó que “no va a pasar por el control de nadie y puede dejar instalado un problema para las próximas autoridades, con posibles ascensos encubiertos, sin concurso, en medio del año electoral. A todo esto, en lo que va de 2023 no existe publicación de ninguna declaración jurada. Tampoco la de la presidenta de la Jutep, Gabriela Di Longo, quien tampoco transparentó su patrimonio ante el organismo que preside”.