Designación de viviendas por la exministra Irene Moreira "no fue un acto ilegítimo", dijo Lozano

Previo a los resultados, el ministro puso en relieve que las dos asesoras legales no tuvieron ningun tipo de presión durante el desarrollo de la investigación: "Las dos lo hicieron en forma totalmente libre", aseguró.

Según anunció Lozano, desde el 2020 al 2023 hubo doce casos de solicitudes de adjudicaciones directas. De acuerdo a lo que detalló el jerarca, de esos doce casos, hubo dos que fueron de arrendamiento con opción a compra, uno de ellos sin efecto, otros cinco fueron por adjudicación temporaria por 12 meses, tres de ellos sin efecto: "Las cinco restantes no tuvieron algún tipo de adjudicación", señaló el ministro.

"En lo que es el informe de la investigación dice que en una parte de que no fue un acto ilegítimo, ya que el administrador tiene la herramienta que se daba en una resolución del año 2009, como para adjudicar un 10% de los cupos", señaló Lozano.

Aún así, sostuvo que los procedimientos que se llevaron a cabo "no fueron de la forma correcta" y que hubo "falencias, errores e irregularidades en la adjudicación de los cupos".

"Hubo responsabilidad de ciertos funcionarios de carrera, con experiencia en el ministerio, por lo que son pasibles de sanción", dijo sobre los procesos. "Están pasibles de tener una observación, que será considerada cuando se hagan los descargos del caso".

La resolución ministerial a la que accedió Caras y Caretas, establece que los funcionarios involucrados "no ajustaron su conducta a los deberes de funcionario público, existieron falencias en cuento a la prosecución de los procedimientos de evaluación y asesoramiento".

En ese sentido, dicen entender de manera pertinente "adoptar medidas tendientes a mejorar los mismos, con el fin de obtener mejores resultados en el funcionamiento del servicio, evitando arbitrariedades y desigualdades".