Luego de muchas idas y vueltas, marchas y contramarchas, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ley para transparentar el ingreso de funcionarios a los gobiernos departamentales, cuyo objetivo es “garantizar la transparencia, la igualdad de oportunidades y combatir el clientelismo político de los gobiernos departamentales”, según apuntó el diputado frenteamplista Joaquín Garlo en conferencia de prensa.
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Los legisladores del Partido Nacional, que en principio estaban en contra, finalmente acompañaron la iniciativa para aprobar el documento. Las críticas de los blancos eran que el proyecto fue tratado en fechas cercanas a las elecciones departamentales y porque entendían a la ley como una "injerencia" en el segundo nivel de gobierno.
Garlo respondió que este proyecto "está respaldado en cuanto a su constitucionalidad por informes de destacados juristas que brindaron su opinión a instancia de la Comisión (de Constitución y Leyes)". En ese marco, agregó que la carpeta original que analizaron es el proyecto del exsenador colorado Adrián Peña. "Todos los aspectos que podían ser interpretados como inconstitucionales fueron eliminados" durante su discusión en comisión parlamentaria, concluyó el diputado.
Mayoría especial
Al tratarse de una normativa aplicable a los gobiernos departamentales, el proyecto requería, por disposición constitucional, una mayoría especial de dos tercios para ser aprobado, esto es, al menos 66 votos en la cámara baja. Juntos, los diputados frenteamplistas, colorados, cabildantes, independientes y soberanistas, quienes ya se habían expresado a favor de la iniciativa, reunían 70 votos. La bancada del PN acordó finalmente acompañar el proyecto en general e incluso algunos legisladores definieron votar a favor de los dos artículos del proyecto.
La nueva norma, que todavía debe aprobarse en la Cámara de Senadores para transformarse en ley, establece que tanto la designación como los ascensos del personal presupuestado o contratado de los gobiernos departamentales deberán realizarse por concurso público y abierto y, “en los casos en que los requisitos necesarios para los cargos lo ameriten”, mediante sorteo público. Asimismo, la iniciativa prohíbe iniciar procesos para la provisión de vacantes durante el último año de mandato de cada gobierno departamental.
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