Según la información disponible, existían antecedentes de denuncias por violencia física y malos tratos. En setiembre del año pasado, autoridades de la UTU a la que asistía Jonathan habían alertado sobre la situación. Incluso, cuando el adolescente concurría a la escuela, también se habían registrado denuncias desde el ámbito de Primaria.
Medidas de protección
Estos elementos son clave para la investigación parlamentaria, ya que apuntan a determinar si las señales de alerta fueron debidamente atendidas por los organismos responsables y si se aplicaron las medidas de protección correspondientes.
En paralelo, el Ministerio del Interior inició una investigación interna para establecer eventuales responsabilidades de efectivos policiales que hayan intervenido en las denuncias previas. La indagatoria busca esclarecer si hubo fallas en la actuación o en el seguimiento de los casos reportados.
Por su parte, el Poder Judicial también abrió una investigación y solicitó informes a los juzgados que tramitaron las denuncias en su momento. El foco está puesto en reconstruir el recorrido institucional del caso y evaluar si existieron decisiones que pudieron haber incidido en el desenlace.
