Las informaciones que día a día surgen sobre las actividades “extra seguridad” del exjefe de seguridad presidencial son reveladoras de que algo “huele a podrido” y no es precisamente en Dinamarca.
En la Torre Ejecutiva funcionó una asociación para delinquir durante algo más de un año. Aún no sabemos si liderada o simplemente integrada por Astesiano, quien el 25 de setiembre pasó de “jefe” a preso.
El martes próximo deben declarar en Fiscalía como testigos, por ahora, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el prosecretario, Rodrigo Ferrés, quien institucionalmente es el responsable del servcio de seguridad presidencial.
Y no se descarta que pronto sean citados los ministros del Interior, Luis Alberto Heber, y de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo. Porque hoy ya casi olvidamos que este asunto comenzó con la “venta” de pasaportes falsificados.
Puede ser que Astesiano fuera simplemente un “bocón”. Pero del intercambio de chats, de sus actividades comerciales y de los documentos que le fueron incautados surge otra cosa.
Tanto, que varias fuentes de la investigación han calificado como “un horror” lo que hay en el expediente que se ha conformado.
Es cierto que cada afirmación, cada acción, cada actividad se debe probar. Pero si los policías que deben trabajar para la Fiscalía dependen de mandos que están metidos “hasta las patas” en la causa, es hasta lógico entender la desazón de la fiscal Gabriela Fossati.
Desde el punto de vista institucional el asunto es gravísimo, porque ha quedado demostrado que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, carece de control sobre la fuerza que debe dirigir.
Peor, en las últimas semanas le ha mentido a la población un día sí y otro también. Con las cifras de delitos, con la acción de sus subordinados y con las tareas de espionaje que se realizan desde su cartera. Y por si fuera poco, termina apoyando a funcionarios juzgados o investigados, y cuestionando a la Fiscalía.
Heber debería saber bien que hay instancias para discutir un fallo judicial, pero en el caso de la fiscal de Flores prefirió actuar como un barrabrava. ¿Cuál es el mensaje que el ministro dio a la sociedad? Pues si no nos gusta un fallo, hay que ir a presionar a las autoridades en la puerta del juzgado y después meter presión para que cambien a la fiscal.
Heber debe explicar a los uruguayos por qué y para qué Astesiano tenía en su poder imágenes de las cámaras de videovigilancia de su ministerio, copias de cédulas de identidad y los antecedentes penales y judiciales de muchas personas.
¿A quién pertenecen esos datos? ¿Por qué alguien que no es policía tenía esa documentación? ¿Con qué fines? ¿Quién se los proporcionó? Son preguntas que deberá responder a la fiscal Fossati.
También tenía cartas de policías que le pedían trabajo en la seguridad presidencial y algunos lo habrían logrado a pesar de contar con antecedentes.
De los chats surge con claridad que Astesiano usó las imágenes de videovigilancia para, entre otras cosas, hacerle un favor a un amigo que sospechaba que su novia lo engañaba. ¿Para eso se usan valiosos recursos públicos?
¿A qué otras personas vigiló sin que tuviera potestad ni motivo legal para hacerlo?
Es obvio que contó con complicidades policiales que accedieron al sistema donde se registran antecedentes. Complicidades que no estuvieron para hacerle llegar al presidente los antecedentes y anotaciones de quien había nombrado como su jefe de seguridad.
Heber dijo a los legisladores que el Guardián es inviolable. Pero eso no es cierto. Un total de 429 funcionarios policiales en todo el país tienen acceso al sistema. ¿Ni uno solo conocía a Astesiano?
Además olvida que en las intercepciones también participan funcionarios de Antel, Movistar y Claro. ¿Acaso Astesiano no conocía a nadie allí?
Mucho más curioso es que hace apenas tres años Javier García, entonces senador blanco y hoy ministro de Defensa, cuestionaba a Eduardo Bonomi por “la falta de controles sobre el Guardián” y exigía mayores contralores.
El senador blanco dijo entonces que no se sentía seguro con este sistema: “Hay que perseguir a los criminales y a las mafias políticas. Para mí lo jurídico está por encima de lo político. Quienes no creen en las garantías de las personas, tienen miedo cuando los controlan”, publicó El País el 18 de julio de 2019.
Muchas abuelas le dirían a García: “Nunca salives para arriba”.
Cuando el problema se llama Heber
La fiscal Fossati investiga a tres jerarcas policiales, entre ellos el subdirector nacional de Policía, Héctor Ferreira, y el subdirector ejecutivo, Jorge Berriel.
De los chats mantenidos por Astesiano surgen informaciones que los jerarcas ministeriales deberán explicar.
La fiscal ha expresado públicamente su queja por la falta de colaboración del Ministerio del Interior con su investigación. El problema mayor es que los policías dependen de jerarcas muy comprometidos con Astesiano.
Pero no son los únicos.
El director nacional de Policía, Diego Fernández, es cuestionado por los sindicatos policiales. Tiene un pasado que lo condena. En el año 2012 tuvo que enfrentar una investigación de Asuntos Internos y otra del juzgado de crimen organizado, que detectaron una red de corrupción en el servicio 222.
Fernández llegó a ser jefe de Policía de Montevideo en 2010, promovido por Julio Guarteche, quien estaba llevando adelante importantes reformas en la Policía.
En el ministerio a cargo de Bonomi descubrieron que uno de los ardides del jefe para quedar bien con Dios y con el diablo era promover ascensos una vez que se constataba que, por alguna razón, los delitos empezaban a bajar en determinadas zonas. Y una vez que se lograban los ascensos, los delitos volvían a subir.
La administración llegó a la conclusión de que ciertos delitos se registraban tardíamente para justificar los beneficios para funcionarios que habían integrado la disuelta División de Investigaciones, un nido de policías que preferían los viejos métodos, según informó Brecha.
Fernández renunció al cargo, pero años después regresó de la mano de Jorge Larrañaga, ahora como director nacional. Y eso porque había cultivado amistades con dirigentes de la 71, la lista de Heber.
Corrupción en jerarquías policiales
El Ministerio del Interior tiene “nichos” importantes de corrupción como lo demuestran los siguientes datos.
En junio de 2020 una investigación sobre amenazas contra la fiscal Mónica Ferrero permitió descubrir que policías corruptos vendían a los narcos grabaciones de las audiencias orales y públicas. Hoy sabemos que el posible “comprador” de esas grabaciones fue Sebastián Marset, responsable de las amenazas contra la fiscal.
En agosto la Justicia de San José imputó al comisario Richard Hernández, jefe de la Brigada Antidrogas de ese departamento, y a otros tres policías, por los delitos de cohecho y asistencia al narcotráfico.
En octubre del mismo año fue destituido el jefe de Policía de Flores, el comisario Juan Ángel Fontes, por “incumplir órdenes del Ministerio”. Y en el mismo tiempo se destituyó al jefe de Policía de Montevideo, Erode Ruiz por “haberse reunido con el exdirector de Seguridad Ciudadana, Gustavo Leal”.
En junio de 2021 varias personas denunciaron que policías de Treinta y Tres les pedían dinero para recuperar objetos robados”. Un delegado del Sindicato Policial denunció que el Jefe de Policía, comisario Gustavo Silveira, “estaba en conocimiento de graves denuncias y no había hecho nada con ellas por considerar que eran hechos banales y rumores”. Luego, Silveira solicitó ante la Dirección Nacional de Policía un sumario para el efectivo denunciante “por hechos banales”. Pero Yeniffer Izquierdo, abogada del sindicato policial, dijo a medios locales que “hay corrupción en mandos medios y mandos superiores”, y pidió “proteger” al efectivo que realizó la denuncia. También se señaló a un efectivo por acosar a menores en la vía pública. El policía que denunció a su superior fue interceptado cuando paseaba con su familia por móviles policiales que aseguraron haberlo confundido con un delincuente, agregó el medio radial.
En junio fue detenido el coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado, comisario Fernando Pereira. El tercer jerarca del organigrama fue acusado de varios delitos, como abuso de funciones, faena clandestina, omisión de los deberes del cargo, revelación de secreto y omisión en denunciar delitos. En noviembre fue imputado y enviado a prisión.
A principios de los 2000 Pereira, entonces en la Dirección de Investigaciones, ya había sido procesado con prisión por “abuso de funciones” acusado de torturas. Cuando recuperó la libertad y sin que se le instruyera sumario, volvió como comisario de San Carlos.
Durante tres años bandas de narcotraficantes asolaron esa ciudad. La madre del jefe de una de las bandas acusó a la Policía de “cobrar coimas para tolerar la venta de drogas”. El comisario Fernando Pereira, quien antes de ser coordinador de Jefatura se desempeñaba como responsable de la seccional de esa ciudad, tiene un patrimonio que no se justifica con su salario.
A mediados de octubre renunció el jefe de Policía de Río Negro, comisario (r) Martín Botto, acusado de proteger a un oficial de esa fefatura imputado por la Justicia por reiterados delitos de abuso sexual agravado
En noviembre fue procesado el subcomisario Ricardo Perdomo, con funciones en Cerro Largo, pero hasta pocos meses antes en Maldonado, por el delito de tráfico interno de armas.
En el mismo tiempo la Justicia procesó a un policía y a un bombero por ser parte de una banda que transportaba cocaína desde Melo a Montevideo.
Este año fue imputado otro policía por un caso de contrabando de materiales para el estadio municipal Antonio Ubilla. Como consecuencia renunció el jefe de Policía José Adán Olivera. Este jerarca había sido destituido del mismo cargo a fines de marzo del 2018. El entonces ministro del Interior, Eduardo Bonomi, explicó que el motivo de la remoción “fue la baja de las incautaciones de droga y contrabando en Rio Branco y Aceguá. Ahora Olivera fue formalizado sin prisión por “revelación de secreto” ya que se probó que había avisado a uno de sus subalternos que estaba siendo investigado por contrabando.
El periodista Gabriel Pereyra acusó al jefe de Policía de Durazno, Richard Marcenal, de “maquillar” los números de delitos. Dos fiscales que debían investigar la denuncia se “excusaron”. Una por haber actuado en algunas de las causas “maquilladas” y la otra porque ha recibido acusaciones públicas de “estar contra la Policía”.
Por si fuera poco, son varios los altos jerarcas que “acomodaron” a hijos o familiares en la policía.
En lo que ya es un estilo, Heber ha apoyado a muchos jerarcas denunciados antes de que la Justicia se expidiera.
Y con el caso Astesiano actuó de igual forma. En el Parlamento el ministro apoyó a jerarquías policiales indagadas y dijo que “están de licencia” mientras el Ministerio del Interior los investiga.
Ambos se negaron a declarar hasta el momento y van a resolver si declaran o no basándose en las evidencias que hay en la carpeta de investigación.
El ministro Heber no tiene control sobre el accionar policial, miente a la ciudadanía y apoya a jerarcas investigados.
¿Cuánto tiempo más lo va a sostener el presidente?
¿O pesan más las afinidades políticas que las lealtades institucionales?
Sobre coimas, “pescado” y el Gran Chaparral
Uno de los chats revelados por la diaria muestra a Astesiano reuniéndose con empresarios españoles que pretendían venderle a Uruguay equipamiento de seguridad. Y allí se habló de “comisiones”, que en lenguaje legal serían “coimas”.
Si se prueba que pagaron coimas, el tema pasará a convertirse en un problema con España.
Pero, por si no fuera suficiente, también hay un chat sobre misteriosas negociaciones con un alto jerarca de Emiratos Árabes, que pretendía reunirse con el presidente Lacalle.
El miércoles los senadores Jorge Gandini (PN) y Germán Coutinho (PC) aseguraron públicamente que “ese chat era falso porque las negociaciones con el titular del Consejo Federal Nacional de Emiratos Árabes, Saqr Ghobash, la concretaron ellos durante una reunión de la Unión Interparlamentaria Mundial”.
la diaria, que publicó ese chat, los cita a ambos, pero dice otra cosa.
El encuentro en la oficina presidencial del piso 11 se empezó a gestar tres semanas antes y siete pisos más abajo, según puede reconstruirse a partir del chat 621 que se recuperó del teléfono del exjefe de la seguridad presidencial, Alejandro Astesiano, incluido en la carpeta judicial, a la que accedió la diaria.
El 26 de agosto Astesiano recibió un mensaje de un funcionario de la Embajada de Emiratos Árabes en Buenos Aires, con quien ya había estado en contacto unos meses antes, tras la visita de Lacalle Pou y una delegación de Presidencia a la Expo Dubái.
“Tengo novedades muy importantes. El mes que viene, la tercera persona más importante del gobierno de Emiratos va a visitar Uruguay”, le escribió el funcionario del gobierno árabe. “Perfecto”, respondió Astesiano.
El emiratí continuó con su explicación: “El presidente del parlamento que va a encabezar una delegación parlamentaria [...] A él le gustaría tener el honor de tener una reunión con el Sr. presidente. ¿Nos puede ayudar en hacer llegar esta solicitud?”.
“Claro que sí. Lo hablo y le comunico”, respondió Astesiano rápidamente. “Nosotros habíamos cursado una solicitud formal por vía cancillería, pero no recibimos nada aún. Ya le paso la info oficial”, explicó el funcionario de la sede diplomática en Buenos Aires, antes de compartirle un documento en formato PDF con todos los detalles de la visita.
Gandini desmintió esta información. Pero en ningún momento hizo referencia a otra parte de ese chat que menciona un misterioso embarque de “pescado congelado” que fue enviado por valija diplomática.
Antes de coordinar la reunión oficial en el piso 11 de la Torre Ejecutiva, Astesiano y el funcionario del gobierno de Emiratos Árabes habían tenido varios contactos por WhatsApp. Los primeros fueron a finales de febrero, cuando el funcionario emiratí le pregunta a Astesiano si una “carga de pescado congelado” que se despachó en Dubái había llegado a Montevideo.
“Cuando estábamos en Dubái nos pidieron dirección y a nombre de quién. El presidente dio su dirección y puso mi nombre. Pero nunca nos dijeron que debíamos retirarlo en el aeropuerto. Siempre en Dubái dijeron que el paquete llegaba a la casa del Sr. presidente. La pregunta es si está frío eso. Mandaríamos a retirarlo al aeropuerto”, escribió Astesiano en la tarde del 28 de febrero.
Intercambian llamadas y luego Astesiano le reenvía la comunicación de una funcionaria del consulado de Emiratos Árabes en San Pablo. “El pescado viene de los Emiratos en este momento y llegará a San Pablo esta tarde. Estamos trabajando para poder liberar esta carga lo antes posible para despachar esta carga en el vuelo Gol G37630 mañana”, dice ese mensaje. Unos días después, el 7 de marzo, Astesiano le confirma a su interlocutor árabe que la “carga” llegó a destino.
Dos semanas después vuelven a establecer una comunicación. El diplomático le comparte un documento en formato PDF con el ticket de avión del director general de la Aviación Civil de Emiratos Árabes, Saif Al Suwaidi, y minutos después, un link del gobierno uruguayo con el currículum del director nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, brigadier Gaetano Battagliese.
Al día siguiente, el funcionario árabe le hace un pedido: “La gente de protocolo en el aeropuerto va a intentar declarar las valijas como valijas diplomáticas. Igual si usted también puede hablar, nunca está de más porque el avión debe estar por arribar”. Astesiano le responde un poco molesto: “Yo hablé todo, a ver qué pasa. Ahora reunido con el presidente. Anoche me dijeron vamos a hacer todo lo posible”.
El emiratí le agradece y Astesiano le termina diciendo: “A la orden, ojalá tengamos suerte”. “Dios quiera”, concluye el funcionario de Emiratos Árabes en la mañana del 22 de marzo.
Esa nación exporta pescado al mundo. Pero es raro que nuestro país, con costa atlántica y vecinos con importantes flotas pesqueras y más fácil traslado, lo adquiera tan lejos.
En febrero Lacalle Pou visitó Dubái. Lo acompañaron, entre otros, Alejandro Astesiano, y su entonces esposa Lorena Ponce De León, de la que se separó poco tiempo después.
Justo en ese momento se gestaba el escándalo por el pasaporte otorgado al narco uruguayo Sebastián Marset, entonces preso en Dubái, importante ciudad de los Emiratos Árabes.
Otro chat revela que un “agente de finanzas” cercano al empresario argentino Marcelo Balcedo se contactó por primera vez con Alejandro Astesiano el 23 de julio a las 21.44. A modo de presentación, escribió por WhatsApp: “Como info te digo que Luis [Lacalle Pou)] conoce a la flia de mi Sra (xxxx) de la ciudad de Minas”. En la conversación rápidamente queda claro que la intención es concretar una reunión privada con el presidente de la República.
Las conversaciones se dieron entre julio y agosto de este año; el enviado del empresario argentino quería concretar un encuentro en Maldonado antes de empezar a negociar el juicio.
“Dale, movete que hay mucha guita”, le reclama el contacto a Astesiano.
Balcedo cumple prisión domiciliaria en su residencia “El Gran Chaparral”, ubicada en Playa Verde.
Por qué todos los contactos llegaban a Astesiano es algo que necesita ser explicado. Los chats existen y no son inventados.
Todo puede ser una enorme casualidad.
Pero lo que no fue casual es el nombramiento de Astesiano, que termina provocando no solo problemas al presidente y al gobierno, sino una gran crisis institucional en la que cada vez aparecen involucrados más jerarcas.
