La imagen del gobierno se ha visto impactada por las revelaciones que han surgido en las ultimas semanas por el caso que involucra al narcotraficante Sebastián Marset. La expedición de su pasaporte por parte de las autoridades nacionales ha puesto de relieve un conjunto de errores políticos-administrativos, que al menos pueden ser catalogados de llamativos.
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Las principales revelaciones del caso Marset surgieron desde el propio seno del gobierno, lo que evidencia con claridad que las cosas están más complicadas de lo que parece. Jerarcas del gobierno de primer orden son los principales involucrados, ya no sólo se trata de un escándalo político e institucional, sino que además tiene derivaciones judiciales con indicios de delito. La forma de comunicación que manejó el gobierno en temas de alto impacto como fue la pandemia, o incluso el caso Astesiano, mostraban cierta solidez y un discurso que en términos generales se mantenía cohesionado. Sin embargo, las declaraciones de Carolina Ache en Fiscalía, provocaron un terremoto en la credibilidad del gobierno, que llegó incluso a mover los cimientos en filas de la coalición.
En cuestión de horas, renunciaron 2 ministros, un subsecretario y un asesor presidencial, en medio de reuniones y llamadas de teléfono entre integrantes de la coalición que le pedían al presidente Lacalle Pou que tomara cartas en el asunto. Senadores oficialistas no sólo reclamaron renuncias, sino que además, evaluaban la permanencia en el gobierno como fue el caso de integrantes de Cabildo Abierto.
Las reacciones sociales no se dejaron esperar. Los enfrentamientos entre el PIT-CNT y el gobierno también se han expresado en este tema. Para la convención obrera, se trata de un episodio que erosiona la democracia y pone sobre la mesa posibles hechos de corrupción. El lunes pasado, se llevó a cabo la convocatoria realizada por el PIT-CNT a la que finalmente adhirió el Frente Amplio, donde quedó clara la preocupación expresada por el movimiento sindical frente a los hechos denunciados.
La fuerza política de oposición baraja diversas posibilidades de acción política, algunas de ellas implican la activación de mecanismos parlamentarios, como puede ser una nueva interpelación a raíz de las ultimas evidencias que fueron aportadas a la carpeta de fiscalía, o las declaraciones públicas realizadas por la ex vice Canciller Carolina Ache.
El politólogo Daniel Chasquetti, al analizar la situación política institucional del país, declaró para la agencia argentina Télam que no descarta ninguna de las posibilidades previstas por la constitución, incluida la de juicio político. Algo que sería inédito en la historia reciente del Uruguay.
Lo cierto es que el caso del narcotraficante Marset ha destapado una olla que parecía estar herméticamente cerrada. Pero las contradicciones internas del gobierno, enfrentamientos dentro de la coalición sumado a lo que pueda arrojar la investigación fiscal, pueden ser mucho mas que un triste escándalo político. Lo que esta sobre la mesa, es qué tanto ha avanzado el crimen organizado en el país, y particularmente si ha logrado penetrar o no, en las altas esferas instituciones y de gobierno.
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