El club de amigos de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande

Para colmo de males, el presidente Lacalle Pou se refirió al presidente de la delegación uruguaya como un hombre de su confianza (Albisu), haciendo erizar al sistema político, pues de ese modo el primer mandatario había opinado sobre Alejandro Astesiano y el exsenador Gustavo Penadés.

El Frente Amplio, con los votos de Cabildo Abierto, convocó a una interpelación al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, y la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, por el escándalo de Salto Grande.

Aunque a la hora de cierre de esta nota, el nacionalista y presidente de la delegación uruguaya, Carlos Albisu, estaría renunciando (adelantándose a la interpelación), igual queda por dilucidar lo que pasará con las designaciones, cargos creados y cargo en reserva, como el del actual subsecretario de Relaciones Exteriores, Nicolás Albertoni.

A partir del escándalo de la asignación de 200 millones de pesos (aunque lo solicitado por la CTM fue 700 millones, según expresó Jessica Mosteiro del MEF en el Parlamento) para la delegación uruguaya en la CTM de Salto Grande, buena parte del sistema político en la oposición y en el oficialismo, se volvieron a acordar de aquellos funcionarios que gozan de ciertos privilegios, entre otros salariales, por fuera “homus” político en particular y del trabajador en general.

El 6 de marzo de 1979 se firmaba el “Acuerdo sobre privilegios e inmunidades de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, entre esta y el gobierno de la República Oriental del Uruguay”, como ya lo había hecho el gobierno de Argentina con la CTM.

Vale recordar que dichos acuerdos y la inauguración oficial de la represa se dieron bajo los gobiernos dictatoriales de Uruguay (Gregorio Álvarez) y de Argentina.

El numeral 6 del artículo 1 de dicho acuerdo ya les otorgaba a las autoridades de la CTM la discrecionalidad de designación de personal.

A pesar del escaso material que hay sobre los “negociados” de la Dictadura, hay que reconocer que sus asesores jurídicos dejaron estampados, en particular en este acuerdo, los contraseguros, por si “el viento” llegaba a cambiar y a alguien se le ocurría auditar.

Así en su artículo 6 establece que “la Comisión podrá tener fondos o divisas corrientes de cualquier clase y llevar sus cuentas en cualquier moneda, transferir sus fondos o divisas de un Estado a otro, o dentro del país y convertir a cualquier otra divisa los valores monetarios que tenga en custodia y sin que tales transferencias sean afectadas por disposiciones o moratorias de naturaleza alguna”.

El artículo 9 es toda una postal del contexto histórico; define que las “delegaciones gozarán de las mismas inmunidades, privilegios y facilidades previstas en los artículos 3 y 7 del presente Acuerdo”; delegaciones (uruguayas y argentinas) que eran designadas por los gobiernos y, en aquellos años, no necesitaban enredarse en los equilibrios políticos a quedar representados, y el posible lugar para la oposición política como mecanismo de contralor.

Seguramente, al debate de éstos días, sea un hecho anecdótico, pero es bueno recordar quiénes anduvieron por aquellos días en tan importantes acuerdos y sus derroteros históricos.

El canciller que firmó por Uruguay el “Acuerdo de interconexión energética del 12/02/1974” fue Juan Carlos Blanco, procesado por delitos de Lesa Humanidad.

Tal vez por la participación de varias de estas personalidades en el Terrorismo de Estado de un lado y del otro del río, es que se llevó en la más absoluta reserva siguiendo los dictados del gobierno de Néstor Kirchner, se retiraron las placas que daban nombre a las turbinas de la represa de Salto Grande y el acto se realizó sin la participación de instituciones ni organismos de derechos humanos, el 31 de mayo de 2013. Las turbinas de la represa hidroeléctrica recibían el nombre de las hijas de los interventores militares del complejo hidroeléctrico.

La piedra en el zapato

Algo parecía hacerle ruido, ya en junio del 2020, al excanciller Ernesto Talvi, que en funciones pidió informes a las nuevas autoridades de las comisiones binacionales (Comisión Administradora del Río Uruguay, Comisión Administradora del Río de la Plata y Comisión Técnica Mixta de Salto Grande).

Talvi había expresado públicamente que “las comisiones binacionales CARU, Salto Grande y CARP tienen un presupuesto conjunto mayor al de toda la Cancillería” y, por eso, pedía conocer el número de funcionarios (permanentes, asesores, contratados), forma de ingreso (concurso o contratación directa), remuneraciones y beneficios, contratos con empresas de servicios tercerizados, licitaciones para la realización de inversiones, pero, por esos tiempos, la pandemia del coronavirus era el centro de atención.

Ante la partida de 200 millones de pesos asignada por el Ejecutivo a la delegación uruguaya en CTM, Sergio Botana del Partido Nacional, Guillermo Domenech y la bancada del MPP del Frente Amplio volvieron a exponer las críticas que realizaron en su momento.

La diputada Bettiana Díaz del MPP recordó que “vemos que hay, en primer lugar, una política clientelar de ingreso de personas y queremos tener más información; tiene una apariencia de corrupción en el hecho de cómo se han dado algunas situaciones en los ingresos, tanto de (Carlos) Albisu, como de otros dirigentes del Partido Nacional y la coalición, en el ingreso de militantes, por ejemplo”, y volvió a traer a colación el caso de (Nicolás) Albertoni, el vicecanciller, que era secretario general de la delegación, ya que “hay una serie de situaciones ‘confusas’, como que ‘Albertoni fue ingresado directamente a pedido de Julio María Sanguinetti’, mientras que ‘en el caso de Albisu hay denuncias hasta de acoso’”.

En su momento, cuando la designación de Albertoni como vicecanciller en lugar de Carolina Ache, se debatió la oportunidad de que el hoy subsecretario dejara su cargo en la CTM en reserva.

Advirtió que Albisu y Albertoni “son funcionarios que van a poder, a pesar de estar en esas tareas, acogerse al sistema de subsidio de CTM, que no hay en el Estado un antecedente así: es un subsidio por seis años de salario, que implica, con los niveles salariales que tiene que quien hoy es viceministro de Relaciones Exteriores, llegue a cobrar en el lapso entre 600.000 y 700.000 dólares”.

El nacionalista Sergio Botana “disparó” desde la prensa contra su correligionario, declarando que Albisu “se encuentra con plata y se cree Papá Noel”.

En una interna que siempre fue reñida, Botana cargó las tintas afirmando que al nacionalista salteño “parece que se le fue la mano en alguna cosita” y tiene “la sensación” de que usó dineros públicos para su carrera política, usando la CTM y sus recursos incrementales, ya que pretende ser intendente de Salto. De hecho, ya compitió en 2020 por ese cargo, pero perdió ante el frenteamplista Andrés Lima.

El senador cabildante Guillermo Domenech exige un informe muy detallado de gastos, ya que sostiene, por ejemplo, que las partidas suplementarias a la CTM equivalen prácticamente al monto que serviría para financiar el incremento salarial en las Fuerzas Armadas que vienen reclamando, y llama poderosamente la atención la situación del jefe de seguridad de la CTM, Carlos Gelpi, que fue “prejubilado” con 56 años de edad tras ser ascendido a asesor, por lo que en los próximos siete años cobrará una suma cercana a los US$ 700 mil.

El periodista Eduardo Preve denunció que “el jefe de seguridad de Salto Grande, Carlos Gelpi, que además es un empresario de medios de comunicación porque es propietario de varias empresas de televisión por cable en el departamento de Salto, acaba de firmar un acuerdo de prejubilación que va a regir a partir del 1 de enero del año próximo, y tiene 56 años, pero no lo prejubilan como jefe de seguridad de Salto Grande, sino que le crearon un cargo de asesor; o sea que le subieron el escalafón cuando asumió esta administración, con un salario que anda entre 450.000 y 485.000 pesos”.

Gelpi integró la lista 404 del Partido Nacional por el departamento de Salto y pertenece, allí, al sector de Albisu.

Ingresado a la CTM durante el gobierno de Lacalle Herrera, en 1991, Gelpi revestía como jefe del sector Seguridad de la Gerencia de Gestión de Recursos. En junio de 2020 se lo ascendió de manera directa como asesor de la delegación uruguaya, un cargo recién creado por la actual administración y al que se le asignó la máxima categoría escalafonaria, con uno de los sueldos más altos del organismo. En noviembre del mismo año, se le dio carácter permanente a esa designación, con lo que se prorrogaron las funciones de Gelpi como jefe de Seguridad. Su salario, con la antigüedad acumulada, alcanza los 400 mil pesos, tres mil pesos menos que el del presidente de la República (pero exonerado de impuestos como el IRPF, que no pagan los trabajadores de Salto Grande).

Los Gelpi es una familia de larga tradición en los medios del norte, como Canal 8 Televisora Salto Grande, Cable Visión Salto y Radio Tabaré.

Compuertas abiertas

Entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de julio de 2021 el número de empleados uruguayos pasó de 235 a 260. Esto implica un incremento de más del 10 por ciento de su plantilla, a contramano de la línea impuesta por el gobierno de llenar una vacante de cada tres en los organismos públicos.

Los ingresos directos a Salto Grande incluyeron en su momento a nueve ediles nacionalistas y a la exsecretaria privada del presidente de la República.

Además de Albisu, el otro representante blanco en la delegación uruguaya del organismo es Daniel Arcieri, de Paysandú. Arcieri ingresó a la CTM en 1991, en el gobierno de Luis Lacalle Herrera, como secretario del delegado nacionalista Rubens Francolino, y desde entonces es funcionario de Salto Grande. El 27 de noviembre de 2020, Albisu y su par argentino resolvieron incorporar un nuevo artículo al Estatuto del Personal del ente para aplicar en caso de que un funcionario sea designado como delegado político por su gobierno. Allí se dispone que el cargo original se declarará vacante y, cuando finalice su mandato como delegado, el funcionario podrá atenerse a un jugoso retiro incentivado o mantenerse en el organismo como asesor o adjunto en la categoría III-12, una de las más altas de la CTM. La nueva disposición podrá ser estrenada por Arcieri si deja de ser delegado en el próximo gobierno, con lo que alcanzará un salario de 311.152 pesos al día de hoy –más del doble de lo que ganaba en su anterior función– o accederá al retiro incentivado.

Según el informe que en su momento pidieron diputados frenteamplistas y que difundió el semanario Brecha, surge en la lista de los nuevos ingresos que “el 6 de noviembre de 2020 ingresaron por designación directa tres referentes políticos de la lista 404 de Salto a cubrir nuevos puestos. El edil Martín Burutarán ingresó como asesor de la mesa de la CTM, con un sueldo de 213.633 pesos. El edil suplente Juan Ignacio Hourcade ingresó como profesional jurídico, con un sueldo de 185.166 pesos. El edil José Luis Ambrosoni ingresó en el área de comunicación de la delegación uruguaya y luego fue trasladado como administrativo superior en Educación y Tecnología en el Polo Binacional, con un sueldo de 131.231 pesos. En la misma fecha ingresó el edil suplente de Paysandú, Juan Cámera, como administrativo especializado de Secretaría de la delegación uruguaya, con un sueldo de 110.232 pesos. La semana siguiente entró a Salto Grande por designación directa la edila por la 404 Florencia Supparo, como coordinadora de Desarrollo Regional –otro de los cargos recién creados–. Luego fue trasladada como jefa de la unidad Soporte de Gestión de Materiales, puesto que también iba a cubrirse con uno de los concursos suspendidos. Su sueldo al ingresar era de 185.166 pesos. Supparo es también funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social, al que ingresó por concurso en 2018. Durante algunos meses de 2020 fue directora departamental de la cartera y luego estuvo al frente del Programa Calle, ambos cargos por designación política de la administración nacionalista. Actualmente se mantiene en ambos organismos, pues el régimen jurídico especial de Salto Grande hace que su lugar allí no cuente como un segundo cargo público y, por tanto, que esto no configure una ilegalidad, aunque sus dos salarios salgan de las arcas públicas. También hubo una camada de diez ingresos directos para trabajar en ‘seguridad y protección’, con contratos por un año renovables. Entre los ingresados se encuentran los ediles suplentes por la lista 404, Julio Acuña y Daniel Lewis, un integrante de esa lista, Martín Chiappa, y uno de la lista 400, Flavio Liberatore. Todos tienen un sueldo de 88.923 pesos. El 28 de diciembre de 2020 entró a Salto Grande por designación directa Rosa Imoda, secretaria del presidente Luis Lacalle Pou durante sus dos primeros períodos como diputado (entre 1999 y 2009) y alcaldesa del Municipio de Los Cerrillos, en Canelones, de 2010 a 2020. Imoda dejó su lugar como alcaldesa a fines de noviembre. Un mes más tarde encontró su lugar en Salto Grande, donde cubrió una vacante como administrativa superior de la secretaría de la delegación uruguaya, con una remuneración de 125.584 pesos. Se desempeña en las oficinas de Montevideo. El 24 de junio de 2021 ingresó como coordinador de Desarrollo Regional –el puesto con el que había entrado en un principio la edila Supparo– el edil de Salto por la 404, Pablo Constenla, con un sueldo de 136.880 pesos. El 13 de julio ingresaría Geraldine Ribeiro –encargada de manejar las redes sociales de Albisu en la campaña electoral departamental– como administrativa especializada de comunicación estratégica de la delegación de Uruguay, con un sueldo de 110.232 pesos. Otra designación directa por los blancos es la de Gerardo Sanchis, que ingresó como administrativo principal de Desarrollo Regional, con un sueldo de 83.487 pesos. En el quinquenio pasado, Sanchis fue asesor del intendente de Artigas, Pablo Caram, quien lo cesó en 2018 luego de que ediles del FA de ese departamento recibieran una carpeta, enviada anónimamente, con correos electrónicos comprometedores intercambiados entre el asesor y empresas que se presentaban a licitaciones públicas”.

Colorados

El informe de Brecha da cuenta de que “a instancias de Sanguinetti se designó directamente a Nicolás Albertoni (hoy vicecanciller) como secretario general del organismo, un puesto clave que hace de nexo entre el directorio político y la estructura funcional. Para su ingreso directo a Salto Grande se desplazó a quien ocupaba anteriormente, por concurso, la secretaría general. Su sueldo es de 291.938 pesos. Como administrativo superior de la Secretaría General ingresó directamente Miguel San Germán, también colorado, con un sueldo de 125.584 pesos. A impulsos del senador Coutinho ingresaron, según verificó Brecha, ‘Rodolfo Berneda, que ingresó directamente en febrero de este año como administrativo especializado de la delegación uruguaya, cargo recién creado, con un sueldo de 105.481 pesos. El joven colorado Enzo Paique, que encabezó la lista 15 en Salto en las últimas elecciones, ingresó como guía de relaciones públicas, con un salario de 83.487 pesos. Quien tuvo un paso fugaz –y polémico– por la CTM fue Carolina Tolosa, encargada del programa de gobierno de Coutinho en las últimas elecciones y directora en la intendencia durante la gestión del actual senador colorado’”. El 17 de marzo de este año, la CTM resolvió “crear un puesto de trabajo en el cargo de dirección de proyectos e innovación” y designar a Tolosa en ese lugar. Pero, en setiembre, la ingeniera agrónoma presentó su renuncia. Según publicaron distintos portales salteños, el motivo fue su negativa a ceder la mitad de su sueldo a Coutinho para solventar su estructura política (Quinto Elemento, 16-IX-21; Salto al día, 15-X-21). Fue reemplazada por Agustina Escanellas, suplente del diputado Omar Estévez y secretaria general de Vamos Salto, el sector de Coutinho. En julio de este año, la Administración Nacional de Puertos y el Ministerio de Turismo (Mintur), aún liderado por Germán Cardoso, firmaron un convenio con la CTM para el desarrollo de proyectos náuticos, turísticos y deportivos en el puerto de Salto. Allí se instalará la sede regional del Mintur, donde tendrá su oficina el coordinador de la región litoral, Carlos Coutinho, el hijo de Germán.