El general (r) Juan Rebollo preside una fundación de sanidad militar desde la prisión

Nuestra fuente revuelve con energía la cuchara en su café descargando con ese gesto la frustración que siente por lo que entiende, en términos de la conducta de quien lució un uniforme, un extravío de toda conducta ética y honorable.

Pero lo que más indignado lo tiene a él y “su barra” de camaradas del Ejército Nacional es la vista gorda que las autoridades, más específicamente el ministro Javier García, hacen ante todos estos hechos.

“Apenas se le inició el juicio por lo de las gurisas (las pibas de abril), el tipo tendría que haber renunciado a la Presidencia”, manifiesta el militar confidente.

El teniente general (r) Juan Modesto Rebollo fue procesado con prisión, y el tribunal confirmó el fallo, por los asesinatos de Diana Maidanic, de 22 años; Laura Raggio, de 19; y Silvia Reyes, también de 19 años. Los asesinatos ocurrieron el 21 de abril de 1974 y desde entonces la causa se conoce como “las Muchachas de Abril”.

La jueza penal de 23er turno, Isaura Tórtora, procesó con prisión por tres delitos de homicidio muy especialmente agravados en calidad de coautor y dispuso como medida sustitutiva la prisión domiciliaria.

A pesar de cumplir su pena de prisión en su domicilio, Rebollo sigue siendo el presidente de la fundación Dr. Francisco Fernández Enciso, institución que opera dentro de Sanidad Militar, mas específicamente en el Hospital Militar, y que, según nuestra fuente, “sirve para cualquier cosa”.

No quedan muy claros los alcances de los conceptos manejados por el artículo 8 de los estatutos de la fundación cuando definen que “para ser integrante del consejo directivo, se requiere: ser persona mayor de edad, de notoria solvencia moral y reconocidas convicciones democráticas, así como poseer una destacada actuación y reconocida trayectoria nacional y/o internacional”, cualidades que Rebollo fue perdiendo con el tiempo.

“Agencia de colocaciones”

Visiblemente molesto y dispuesto a derribar nuestra “defensa” de la fundación, el veterano militar, que no deja de moverse en su silla y hablar muy gestualmente, nos cuenta que a pesar de que en la misión de la fundación se expresa que cumple su rol “colaborando en forma gratuita con los fines asistenciales de dicha institución”, eso parece no ser así.

“La fundación se embolsa una importante suma por el concepto de recibir el 70% de lo recaudado por la venta de tickets de medicamentos y órdenes que obtiene la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, lo cual fue observado por el Tribunal de Cuentas en la Resolución adoptada en sesión de fecha 19 de marzo de 2014 (E.E. Nº 2014-17-1-0001787, Ent. N° 1330/14)”, nos expresa con vehemencia e indignado.

“Porque además reciben buena plata, recursos permanentes que le brindan el Ministerio de Defensa Nacional, el Comando General del Ejército, el Comando General de la Armada, el Comando General de la Fuerza Aérea, la Dirección Nacional de Sanidad de las FFAA, los Servicios de Retiros y Pensiones de las FFAA y dos importantes empresas fúnebres de la capital; se maneja mucha guita”.

La Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas gestionó la creación de una fundación y en ese sentido desde el 10 de mayo de 1999 la misma se encuentra habilitada llevando el nombre de “Doctor Francisco Fernández Enciso”, en reconocimiento a la memoria de quien fuera el primer director general del Servicio de Sanidad Militar del Ejército y la Armada, designado por el Poder Ejecutivo el 24 de diciembre de 1918.

Su consejo directivo en el presente está integrado por: el presidente, teniente general Juan M. Rebollo; el vicepresidente, coronel Ramón J. Rivas; secretario, coronel Edgardo Martínez; tesorero, coronel (AA) Ricardo E. Cavadini; vocal, C/N (CG) Carlos A. Martino; vocal, coronel Ángel A. Neira; vocal, coronel (med.) Antonio A. Garayalde.

Un detalle quizás menor es que en el sitio web de la fundación, ni en el caso de Rebollo ni de Rivas, figura su condición de militares retirados, pero podría haber una explicación.

“Fijate con atención”, dice la fuente, que “el actual presidente es el teniente general (r) Juan Rebollo (procesado en Domingo Arena) y, el vice, el coronel (r) Ramón Rivas; son los que han contratado con un muy buen sueldo a una importante cantidad de militares retirados, todos del Ejército, ninguno de otra fuerza y estos retirados están a cargo de dependencias dentro una unidad del Ministerio de Defensa, lo que no les corresponde por estar en calidad de retirados y pertenecer a una fundación civil, teniendo como subordinados a oficiales y personal subalterno en actividad, y menos si son de la Armada Nacional”.

Sin perder el tono vehemente, anota una serie de nombres en una servilleta al tiempo que nos aclara: “No es casualidad que siempre se contraten con sueldo de mucha plata a retirados militares y del Ejército para ocupar los cargos donde se mueve mucho dinero”.

A medida que me lee los nombres que anotó en la servilleta, realiza algunos comentarios:

Coronel (r) Yamandú Lessa: “Es el jefe de la División Comunicación Institucional de la Dnsffaa, esta división la crearon para acomodar a este coronel porque no viene nunca y nadie sabe qué hace”.

Coronel (r) Gustavo Cuadro: “Es el jefe de la División Abastecimientos de la Dnsffaa, los cuales se licitan, se compran, pero nunca hay”.

Coronel (r) Cristian Cardarello: Jefe de Electrónica Médica, “no tiene ningún conocimiento sobre electrónica médica, lo pusieron porque es amigo del general Rebollo y es de Comunicaciones, también tiene otro trabajo público además del retiro y el sueldo en la fundación”.

Coronel (r) Luis Coitiño: jefe de la División Jurídico Notarial de la Dnsffaa. “Lo dejó el general Rebollo después de que pasó a retiro; este retirado no es abogado ni tiene la más remota idea de derecho”.

Mayor (r) Eduardo Ramas: “Es el jefe de la Unidad de Control de Asignaciones y Compensaciones (UCAC), este es el que factura horas extras en la limpieza y se las queda como denunciara una abogada honesta que fue expulsada por denunciar las bullas con las licitaciones”.

La decapitación

En un tomo más calmo, nos cuenta la peripecia de una capitana abogada de nombre Leonor Chiappe Martínez, que fue expulsada de Sanidad Militar por cuestionar unas licitaciones.

“El director de Sanidad, que hace constantemente auditorías las cuales determinan todo tipo de irregularidades, argumenta que no existen, pero no las eleva al ministerio como es de orden hacer”.

Recientemente, el director se reunió con el ministro para informar que la licitación pública para la limpieza del Hospital Militar fue declarada desierta por el presidente de la Comisión de Adjudicaciones, como era lo correcto, por adolecer de múltiples irregularidades. Esto provoca que haya una prórroga como en años anteriores, transfiriéndole al ministro la responsabilidad y que la empresa actual siga facturando. Lo correcto sería prorrogar por 2 meses hasta que se apruebe una nueva licitación (literal 2 del Tocaf).

Ante esta situación, el mayor (r) Ramas, a pesar de no estar en el Departamento de Higiene, coordina la limpieza, facturando horas extras para la empresa. El director induce a errores al ministro, cosa que no es novedad, ya que cuando fue director del Servicio de Material y Armamento fue sancionado por el general Manini por procedimientos irregulares en las licitaciones.

Desde el año 2017, estas licitaciones adolecen de múltiples irregularidades y basta recordar un pedido de informes al respecto por parte del entonces diputado Gerardo Núñez, a quien le hicieron llegar una información tergiversada desde el MDN, que a su vez había sido elevada desde Sanidad Militar y, "casualmente", dichos informes eran producidos por el mismo equipo técnico integrado por el jefe de Higiene y las mismas nurses.

Dando por cerrado el encuentro y pagando los dos cafés tomados, se despide diciéndonos que “en la tarde de hoy, se reunirán con el contador Galó del ministerio, el jefe de Adquisiciones de Sanidad, un coronel general retirado (muy profesional y persona de honor), quien trabaja incansablemente y acorde a las normativas, pero no es tomado en cuenta por el director de Sanidad.

En las recomendaciones que él le eleva, se debería pedir por parte del ministerio las licitaciones anteriores de las que formó parte la abogada capitana Chiappe, que fue retirada por denunciar irregularidades, las que han sido ocultas ya que en dichos informes se detallan las mismas y era una licitación por 750.000 dólares”.

Mientras me tiende la mano para despedirse, ya de pie, me dice: “Esperemos que el Ministerio de Defensa y la Jutep inicien una investigación de estas irregularidades y el mal gasto de la plata de los usuarios en estos retirados, que le cuestan mucho a Sanidad”.