El Gobierno y sus manotazos de ahogado

Cuando tenemos una tasa de 11.2 asesinatos cada 100.000 o que se hayan incrementado un 25 % en relación a 2021, cualquier debate es hasta insensato, porque detrás de esos números hay personas, hay familias. En este país se denuncian unos 140 robos y rapiñas cada día del año, casi 6 por hora. Mientras escribimos esta nota se denunciaron 24 en diferentes puntos del país. Así de grave es.

La violencia existente es algo de todos los días y no necesariamente se convierte en homicidio. Pero también hay crímenes que espantan por su sadismo o que provocan víctimas inocentes.

El Ministerio del Interior anuncia con bombos y platillos el desmantelamiento de bocas de drogas, en las que en encuentran unos pocos chasquis de clorhidrato de cocaína, algunos miles de pesos y armas viejas. Pero frente a su nariz y por el puerto salieron 2.200 kilos de cocaína rumbo a Amberes.

Esa cantidad no se hubiera descubierto en un allanamiento nocturno, ni lo habría parado el Ejército y, tal vez, ni la DEA, porque se cargó en una Zona Franca, donde también cargaron alfajores y budines…

La violencia cotidiana afecta a los barrios más pobres, aunque las drogas se consumen por igual en todos lados. Algo está mal en la estrategia ministerial porque, por ejemplo, en Punta del Este seguramente este verano hubo unos miles de consumidores. Unos cuantos kilos al mes.

¿Dónde y a quién la compran?, ¿cómo llega al departamento? Porque los resultados de los procedimientos realizados son más bien magros, muy magros. Aunque los balazos se dan en San Carlos o Maldonado, no en el principal balneario.

Hay algo peor en los números oficiales: la evidente falsedad. Porque en realidad no deberían hablar de delitos cometidos sino de denuncias realizadas. ¿Cómo contabilizan los casos de personas baleadas o apuñaladas que se niegan a hacer la denuncia?, ¿en qué rubro se consignan esas agresiones?

Los que alguna vez denunciaron un delito son contestes en las dificultades y el tiempo que se pierde. Porque no solo hay que ir a la comisaría, sino también a la fiscalía, si corresponde.

Muy pocos denuncian el robo de una garrafa, la ropa de la cuerda, un par de championes, la bicicleta y a veces hasta un celular, porque no tienen muchas expectativas de recuperar algo. Y no es culpa de la Policía, es culpa de un sistema perverso que lo complica todo.

Lo que no quieren ver

Esta misma semana ha trascendido el descontento existente en filas policiales, principalmente en la Guardia Republicana. Los sindicatos denuncian que los obligan a realizar trabajo casi esclavo o poniendo en riesgo la integridad de los funcionarios, sancionados con medidas absurdas.

Uruguay tiene la mayor cantidad de policías cada 100.000 habitantes en las tres Américas. Proporcionalmente tenemos más policías que EEUU, México, Brasil o Ecuador.

Entonces, ¿por qué los resultados son tan malos?

Tres ex altos oficiales y dos en actividad consultados por Caras y Caretas –todos solicitaron reserva de sus nombres “para evitarse problemas”– aportaron su opinión y coincidieron en varios aspectos.

En líneas generales, estuvieron de acuerdo en que la formación policial es mala, sobre todo porque no es permanente. Uno de ellos dijo que “no hay un plan de mantenimiento físico y prácticas de defensa, que abarca hasta la utilización de su arma. Tampoco hay un seguimiento permanente de su condición de salud por parte de la Dirección Nacional de Sanidad Policial, con acción de evaluación permanente de las Juntas Médicas, que en su momento integraban los médicos supernumerarios de las distintas zonas o regiones del país”, señaló.

Otro coincidió y sostuvo que “uno ve policías que no podrían correr una cuadra sin desmayarse”.

“¿Cuántos policías van a practicar tiro al polígono semanal o mensualmente?, ¿cuántos hacen educación física?” preguntó otro oficial, y él mismo contestó que “hay funcionarios que portan armas, que están en la calle y no han practicado tiro en un año. Y la mayoría conocen un gimnasio por fotos”.

Quien puso el foco en la educación sostuvo que “no solo hay que tener una flota de vehículos y suministro adecuado de combustible, sino también policías instruidos en manejo defensivo y peligroso, que no sólo cuenten con la libreta otorgada por las intendencias, sino también con un documento del ministerio que acredite habilidades y mantenimiento. Todo lo que señalo se lograría hacer si contáramos con una academia policial, por la que todos los funcionarios deben pasar cada tanto tiempo para inspección de conocimientos y habilidades”.

Uno de los oficiales en actividad dijo que “estamos largando a la calle policías que tienen tres meses de instrucción y muchos que no han completado la educación media. Como los policías son parte de la sociedad, tienen las mismas dificultades de muchísimos jóvenes; por ejemplo, carecen de comprensión lectora. Entonces es inútil hablarles de leyes o normas, porque no entienden lo que leen”.

Entre los consultados hubo coincidencia absoluta sobre dos asuntos: recarga de tareas y salarios. “Con el paso del tiempo y ante la realidad, a la Policía se le han cometido tareas extras, como por ejemplo ejercer el control sobre los que son condenados con prisión domiciliaria, o sobre los que portan tobillera. Hay muchos funcionarios destinados a esas tareas”.

El tema salarial también mereció atención. “Es cierto que desde los gobiernos del FA la situación salarial fue mejorando. También los uniformes y el equipamiento. Hasta 1971 usábamos la ropa que dejaban los que se iban. Y a principios de los 2000 el uniforme era lamentable: zapatos agujereados y una sola camisa y pantalón que había que lavar todos los días. Hoy eso ha mejorado mucho. Pero con la responsabilidad que se nos exige y las tareas que se otorgan, estamos muy atrasados en materia de salarios. Una Policía profesional debe ser bien pagada”.

Otro ex alto oficial expresó su preocupación por los “importantes nichos de corrupción que existen en la Policía”. Sostuvo que “hasta el año 1999 había un decreto donde las distintas unidades ejecutoras elevaban una declaración anual a la Dirección General de Secretaría. Luego vino la ley que, en el marco del art. 59 de la Constitución, fijó regulaciones especiales para la Policía. Se podría promover que todo el cuerpo policial, no solo los oficiales, hagan una declaración anual y Asuntos Internos pueda colaborar con la Junta Anticorrupción para su evaluación. Porque hay algo muy evidente, hay policías que no podrían justificar su nivel de vida con su salario”.

La conclusión es evidente: tenemos una Policía mal preparada, con recarga de tareas y mal pagada. Esta es la que debe enfrentar al crimen organizado y al narcotráfico.

La cárcel, universidad del delito

Hay varios errores históricos cometidos con las cárceles. El primero es su estado. Nadie puede salir rehabilitado cuando se le somete a condiciones que la mayoría de los ciudadanos no daría a sus animales domésticos.

Este ya es un mal endémico sobre el que todos los expertos han alertado y lo siguen haciendo, pero sin resultados.

Jaime Saavedra –quien sigue trabajando en el tema cárceles, ahora en Argentina– ha señalado reiteradamente su preocupación “porque dos de cada tres presos liberados volverán a delinquir en un plazo no mayor a tres años”.

En una población actual de 15.000 presos –proporcionalmente la más alta de Sudamérica–, esas cifras se reiteran o crecen año a año. Pero pocos prestan atención.

Los reincidentes son personas que casi no tienen una oportunidad cuando logran la libertad. Al respecto, Saavedra dice: “Si uno estudia las últimas tres leyes de presupuesto y las rendiciones de cuentas comprendidas en los últimos 14 años (2010-2023), advertirá (¿con dolor/resignación/estupor/todo junto?) que las normas referidas al fortalecimiento de las políticas postpenitenciarias, como componente clave en el conjunto de medidas que deben articularse para prevenir el delito, son casi inexistentes”.

Por supuesto que el estado de las cárceles y la violación a los más elementales derechos humanos cometidos contra los detenidos son señalados año a año por el comisionado parlamentario para cárceles, Juan Miguel Petit, sin que muchos con poder lo escuchen.

Pero además se cometieron otros dos errores históricos. El primero fue trasladar presos de un lado a otro, vinculándolos de esa manera a prácticas delictivas que no conocían. Un viejo policía explicaba que “antes robaban un auto color rojo y ya sabíamos quién era, lo ubicábamos con facilidad. Ahora no, porque los mezclaron a todos”.

El segundo error fue no haberlos separado de delincuentes internacionales, la gran mayoría narcotraficantes. El propio Sebastián Marset reconoció en la entrevista de Santo y Seña que en la cárcel “había aprendido mucho” y allí “logró contactos que luego le sirvieron afuera”.

Una sociedad desintegrada

No faltan quienes intentan instalar el término “grieta”, pero solo referido a la actividad política, cuando en realidad lo que hay es, muchas veces, un debate bastante estúpido y vacio de contenido.

Pero grieta, y profunda, hay en la sociedad. Aunque muchos pretendan desconocerlo, el modelo de “bienestar batllista” no existe desde hace mucho tiempo.

Ser pobre es un suplicio en cualquier lugar, pero más si les viven haciendo promesas que jamás cumplen, o haciéndoles creer que con una canasta de alimentos y tres pesos les resuelven parte del problema.

Los que nunca fueron pobres jamás entenderán lo que es dormir durante el invierno en un rancho de lata, sin baño, sin comida, sin dinero para un boleto o ver a los hijos con hambre. Mientras, en la tele, un ministro intenta explicar cómo se recuperó el trabajo y el salario. U otro dice que las 50.000 viviendas para terminar con los asentamientos prometidas en la campaña electoral “eran solo una aspiración”.

En qué momento empezó este proceso cruel no es sencillo explicarlo. Pero seguro antes de la dictadura, que ésta consolidó y la democracia posterior ni pudo ni supo resolver. Porque tampoco somos tantos. En realidad, cada vez somos menos y se entiende.

Pero no solo los asentamientos crecen. En la otra punta de la escala social –y para profundizar la segregación– crecen los barrios privados, los colegios exclusivos, los centros de compras solo para personas con salud financiera o varias tarjetas de crédito que, dicho sea de paso, los pobres jamás tendrán.

O en lugares tan exclusivos como Punta del Este se propone “un protocolo sobre seguridad” que no sólo sería anticonstitucional sino que, peor, es discriminatorio, segregacionista, y propuesto por personas que mejor deberían callar porque su pasado los condena.

Lo peor es que ese protocolo tuvo el visto bueno de la Intendencia, la Policía, la Justicia y la Fiscalía. Ni una sola voz lo condenó. Corrijo, lo condenó la exfiscal y ahora militante nacionalista, Gabriela Fossati.

Sin rumbo

Se insiste con cerrar bocas, perseguir el menudeo, que es más o menos como instalar cámaras que solo sirven a la Policía para detener delincuentes, pero no para prevenir el delito.

Cierran una boca y abren dos mientras, mal que le pese al ministro de Defensa, Javier García, miles de kilos de cocaína ingresan por las fronteras o por aire y salen rumbo a Europa por el puerto. Las tres zonas bajo jurisdicción de las Fuerzas Armadas.

Los que proponen usar al Ejército para apoyar a la Policía, deberían estudiar lo que pasó en México o Colombia, o en Brasil, donde se militarizó parte de la fuerza policial. Acá varios jefes militares alertaron acerca de que “puede ser el peor error jamás cometido”.

Desde el Gobierno casi no se habla de lo más importante para combatir el narcotráfico, seguir la ruta del dinero y perseguir el lavado. Es más, se alienta la llegada de inversiones con escaso o nulo control.

Con la Policía en las condiciones señaladas más arriba, se pretende que haya allanamientos nocturnos. Dicen que muy pocos países no lo aplican, pero no dicen los resultados que han tenido en donde sí se aplican.

Finalmente, la DEA se fue de Uruguay, y por ahora no volverá, porque no confiaba ni en la Inteligencia naval, ni en la aduanera.

Por eso todas las propuestas que se han hecho parecen más manotazos de ahogado que un intento serio por encarar un problema grave.