Que el juez Alejandro Recarey le pida al gobierno toda la información que tenga sobre las vacunas me parece bien, que quiera conocer el contenido del o los contratos que se firmaron con multinacionales de la big pharma me parece bien, que se asesore con expertos en inmunología, bioquímica, virología, medicina sobre los posibles efectos secundarios de la vacunación, me parece bien, que discuta si el procedimiento debe ser obligatorio o voluntario, si cabe o no cabe el consentimiento firmado, que le interese saber cuáles son las condiciones ante la posibilidad de demandas judiciales o eventuales juicios por indemnización, puede ser razonable y hasta compartible, pero que ordene suspender la vacunación de la población menor de 13 años porque él, especialista en Derecho, pero absolutamente lego en medicina, inmunología y otras ciencias biológicas y de la salud, no entiende qué contiene la vacuna de Pfizer, cómo funciona ese inmunógeno y por qué es absurda la imputación de que pueda contener grafeno o nanodispositivos o ser magnética es un reverendo disparate, un acto de irresponsabilidad mayúscula y la entronización del talenteo, al punto que un hombre considera que por ser juez tiene dominio sobre cosas de las que no sabe o no entiende porque jamás las ha estudiado.
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La judicialización de todo, y en especial de la política, y en este caso de una política de salud pública es un camino peligroso, delirante, donde se confunden saberes y atribuciones sin ningún tipo de prurito, otorgando un estatus judiciable a prácticas que tienen que quedar fuera de una discusión normativa que en nada comprende al análisis científico. ¿Es que acaso ahora un juez puede suspender por amparo las quimioterapias porque no sabe lo que es el fluorouracilo o suspender el uso de amoxidal porque no entiende qué es ni como funciona un antibiótico betalactámico o sacar de circulación el ibuprofeno porque no sabe qué carajo es la enzima ciclooxigenasa y qué tiene que ver la inhibición de las síntesis de prostaglandinas en el tratamiento de la inflamación o el dolor?
¿Hay en esta resolución judicial alguna responsabilidad del gobierno? Por cierto que sí, porque el gobierno ha hecho gala de una opacidad completa y mintió cuando se opuso a otras excelentes vacunas como las adenovirales rusas con subterfugios pseudo técnicos para no revelar sus verdaderas objeciones, que eran políticas, o ni siquiera consideró las notables vacunas cubanas sin dar oportunidad a un análisis científico y hasta económico, pero mucho más allá de esa responsabilidad imputable a un presidente que tampoco entiende nada de ciencia y que, además, ha dado pruebas permanentes de prejuicios ideológicos y subordinación geopolítica, la mayor responsabilidad sobre este dislate es del juez, que actúa en una materia que le resulta completamente ajena con una arrogancia intelectual propia de alguien que cree que el universo se restringe al rincón que domina.
Ahora, por un tiempo, al menos por un mes, hasta que se pronuncie un tribunal de apelaciones, siempre y cuando restituya de manera inmediata la vacunación, los niños y adolescentes no podrán vacunarse en un contexto donde el virus no solo sigue circulando, sino que viene creciendo en el número de casos y el número de muertes que provoca.
Es indignante por donde se lo mire. Es el paroxismo del atrevimiento, ya no importa nada que haya gente que dedica la vida a estudiar sobre estas cosas, porque cualquiera con un cachito de poder administrativo se siente con autoridad para disponer más allá de las fronteras de lo que sabe simplemente porque su acotado cosmos de entendimiento no le permite una ilustración profunda sobre todas las cosas. Si los científicos no pueden ni les corresponde dictaminar sobre la correcta aplicación de la ley penal o sobre la constitucionalidad de las normas, ¿por qué los jueces pueden emitir sentencias inhibitorias sobre prácticas sanitarias que tienen completa validación científíca, de acuerdo a todo el conocimiento acumulado a lo largo la historia de la humanidad? ¿Puede Recarey pronunciarse contra la ley de la gravedad, contra la esfericidad de la Tierra o el uso de tomógrafos en estudios imagenológicos? ¿No tiene ningún límite de competencia? ¿No se los autoimpone?
Conocí al abogado Dentone, que fue quien interpuso el recurso, porque fue el responsable del alegato final contra mí en el juicio que me hizo César Vega por difamación e injurias, en represalia porque había calificado el show de llevar mujeres presuntamente magnéticas como un acto repudiable, una chantada había dicho. Nunca había escuchado a una persona decir tantos disparates juntos. Le faltó decir que yo era un reptiliano, porque después lo dijo todo, me quiso involucrar en una conspiración universal secreta para rediseñar el mundo de acuerdo a intereses turbios. Pensé que después de la paliza conceptual que se comió de la fiscal y de mis abogados que determinó mi sobreseimiento, habría hecho algún tipo de autoanálisis, porque fue una escena insólita y hasta vergonzosa. Pero no, se ve que sigue en su gesta conspiranoica con la mala fortuna para los niños de Uruguay que encontró un juez que le siguió el apunte hasta llegar a una sentencia de amparo. No alcanzo a acreditar esta situación. Hasta parece que estamos todos completamente locos.
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