El ministerio de Heber es un fracaso

Hay que remontarse a principios de los años 90, cuando gobernaba Luis Alberto Lacalle (padre), para encontrar una crisis tan severa en el seno de la Policía como la que se aprecia ahora.

Fue en esos años cuando, sin sindicatos, surgió la primera huelga policial. En el mismo tiempo funcionaba la “polibanda”, integrada por policías y ladrones, y también estaba en su máximo apogeo “la Garra”, una organización mafiosa integrada por oficiales policiales.

Era la época en que la Brigada Antidrogas, dirigida por el comisario Ricardo De León, “toleraba” a los narcos que debía combatir. En Maldonado surgieron las primeras evidencias cuando el juez penal Homero da Costa ordenó un allanamiento donde se encontraron fotos de De León compartiendo asados con Omar Clavijo, el narco local más importante entonces.

Fueron los últimos años en que los jefes de Policía departamentales eran dirigentes políticos locales. Un fracaso que ellos mismos confesaban.

Miguel Ángel Galán, un histórico dirigente wilsonista, fue el último jefe de Policía civil en Maldonado. En una oportunidad dijo a este cronista que “estaba harto, porque como todo el mundo me conoce, se creen con derecho a pedirme favores. Y lo hacen los ciudadanos comunes y también los rateros. Vivo peleado con todo el mundo”.

A partir del segundo gobierno de Julio María Sanguinetti se nombró a oficiales superiores, pero también con pertenencia partidaria, en este caso colorados en su mayoría.

Fue con el gobierno del Frente Amplio cuando se procesó un cambio importante, por dos razones. La primera era que no había oficiales policiales afines a la izquierda y luego porque se apostó a la profesionalización confiando los cargos de mayor jerarquía a oficiales que no estaban vinculados al pasado de la fuerza y a la promoción de oficiales jóvenes, muchos con formación universitaria.

La transformación no evitó la existencia de importantes nichos de corrupción. Tanto que en los 10 años de Eduardo Bonomi al frente del Ministerio del Interior, casi el 10% de los efectivos (3.000 en 35.000) fueron investigados por Asuntos Internos y destituidos.

Con el triunfo de la coalición y la llegada de Jorge Larrañaga se produjo un giro muy importante. Los jefes departamentales de Policía fueron elegidos por su afinidad con el Partido Nacional en mayoría.

Y peor, volvieron viejos jerarcas muy vinculados al peor pasado de la fuerza policial.

El cuestionado director nacional de Policía

El comisario mayor Diego Fernández, actual director nacional de Policía, tiene una larguísima trayectoria en el instituto. Egresó de la Escuela Nacional de Policía en 1978 junto al inspector Julio Guarteche, quien ocupara ese mismo cargo entre 2010 y 2016.

Fernández llegó a ser jefe de Policía de Montevideo en 2010, promovido por Guarteche, quien estaba llevando adelante importantes reformas en la Policía.

Pero mientras Guarteche es unánimente valorado como un hombre honesto y con dotes sin iguales dentro de la fuerza, la trayectoria de Fernández deja dudas.

Una de sus primeras acciones, cuestionada hasta por el propio ministro Larrañaga, ocurrió en junio de 2020 cuando permitió restituir la placa en homenaje al torturador Víctor Castiglioni en el salón de actos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Lo justificó diciendo que “Castiglioni, con sus claroscuros, fue un referente de una época”. El gobierno frentista había ordenado colocar en ese lugar una placa en homenaje a Julio Guarteche.

Fernández tiene un pasado que lo condena. En el año 2012 tuvo que enfrentar una investigación de Asuntos Internos y otra del Juzgado de Crimen Organizado, que detectaron una red de corrupción en el servicio 222.

Según publicó en Brecha el periodista Venancio Acosta, “en febrero la investigación entró a saco en la oficina de ese servicio dentro de la jefatura. Se incautaron computadoras y documentos varios, a raíz de lo cual florecieron sumarios y expedientes. Pocos de ellos llegaron a prosperar: quienes cayeron lo hicieron porque su situación de irregularidad era insostenible o porque su sanción no comprometía demasiado a los mandos políticos. En mayo de ese mismo año el ministerio destituyó al subjefe de Montevideo, Luis Ituarte, y al subjefe de Tacuarembó, Carlos Palau, ambos nombrados algunos meses antes y acusados de facturar horas de servicio en el Banco República (BROU) sin pisar la guardia”.

Acosta agrega que “el bueno de Fernández otra vez fue obligado a emitir declaraciones ejemplarizantes ante las cámaras de televisión, aun cuando se trataba de investigaciones que acababan de tumbar a su propio subjefe. Razones tenía: esta vez estaba directamente implicado. Las investigaciones de Asuntos Internos avanzaron hasta identificar que el propio jefe tenía parte en aquel embrollo del 222. Solicitaron dos sumarios que incluían al jefe: uno por el caso del BROU y otro por una red de irregularidades con el mismo servicio cuando Fernández era jerarca de la División Nacional de Cárceles. Las lealtades simétricas de Bonomi y Guarteche, y de este con Fernández, la estabilidad de las relaciones con el resto de la corporación policial y la propia imagen institucional quizás ayuden a explicar por qué el jefe de Policía logró surfear aquella ola (tal fue la expresión utilizada por un alto mando de aquella época)”. Otro jerarca admitió: “No se le quiso arrancar la cabeza”. Aunque venía de un muy poco claro asunto con contrabandistas y la Seccional 3ª.

Tampoco rodaron cabezas cuando el ministro Bonomi y sus colaboradores se convencieron de que Fernández, en rigor, no estaba comprometido con las reformas de la jefatura, que, después de todo, era el meollo del asunto. Descubrieron, por ejemplo, que uno de sus ardides para quedar bien con dios y con el diablo era promover ascensos una vez que se constataba que, por alguna razón, los delitos empezaban a bajar en determinadas zonas. Y una vez que se lograban los ascensos, los delitos volvían a subir.

La administración llegó a la conclusión de que ciertos delitos se registraban tardíamente para justificar los beneficios para funcionarios que habían integrado la disuelta División de Investigaciones, un nido de policías que preferían los viejos métodos. Al margen de ello, Fernández intentó asumir formalmente los principales preceptos de la reforma. Pero los tirones continuaban.

Su cargo como jefe de Policía de Montevideo se terminó a partir de un asunto con patrulleros que “no estaban, pero sí estaban” en la Seccional 14ª. Fernández no era simplemente un hombre al que sus colegas no obedecían: algo mucho más sutil que la indisciplina. Era obedecer sin cumplir.

A propósito de sus vínculos políticos, el periodista Acosta sostuvo que “Fernández no fue la primera opción para ocupar el principal cargo policial de la gestión de Jorge Larrañaga. Su nombre fue elegido en el último tramo de la transición. Como consecuencia, cuando asumió, ya se habían decidido las jefaturas del interior del país, algunas por el ministro y otras sugeridas por el exjefe de Policía de Maldonado y Montevideo, Erode Ruiz. Este era un hombre de confianza de Luis Lacalle Herrera y sonaba como primer candidato a la dirección de la Policía en la eventualidad de que Álvaro Garcé ocupara el cargo de ministro. Cuando esa eventualidad se desvaneció, Fernández asomó como una de las posibilidades: había cultivado alguna cercanía con la lista 71-la lista de Heber-, pero últimamente representaba un punto neutral entre los altos oficiales afines al Partido Nacional (PN)”.

En la interna policial Fernández no cuenta con aliados políticos, salvo el subdirector nacional Héctor Ferreira, quien también perteneció a la vieja Guardia de Granaderos. Este es uno de los seis jerarcas del ministerio del Interior investigado por sus vínculos con el exjefe de la seguridad presidencial, Alejandro Astesiano.

El Sindicato Policial de Maldonado (Sipolma), uno de los más viejos, reclamó la destitución de Fernández, afirmando que “la fuerza está liderada por retirados nostálgicos que reinstalaron viejas prácticas dañinas”.

La creciente corrupción

Cuando la fiscal Gabriela Fossati pudo ingresar al despacho de Alejandro Astesiano en Torre Ejecutiva, encontró varios documentos y discos duros que incautó porque pueden servir a la investigación.

Pero en particular una carpeta llamó la atención. Allí había documentos reservados del Ministerio del Interior donde figuraban antecedentes y anotaciones policiales de distintas personas de nacionalidad uruguaya.

O sea, Astesiano tenía información de otras personas que el presidente Lacalle, según dijo, no había logrado sobre él.

A nadie se debe explicar que esos documentos los obtuvo en la interna policial. ¿A quién pertenecen esos datos? ¿Por qué alguien que no es policía tenía esa documentación? ¿Con qué fines? ¿Quién se los proporcionó? Son preguntas que deberá responder a la fiscal Fossati.

Pero es revelador de la corrupción y el caos subyacente en el Ministerio del Interior. Aunque no el único hecho.

En enero de 2020, en Salto, se descubrió que una mujer vinculada al narcotráfico tenía fotos y datos personales de 40 policías. El subjefe de Policía, comisario mayor Adolfo Cuello, aseguró que de la pericia realizada del teléfono celular, se encontró que toda la información que tenía la Brasilera provenía del celular de una mujer oficial de Policía.

En junio una investigación sobre amenazas contra la fiscal Mónica Ferrero permitió descubrir que policías corruptos vendían a los narcos grabaciones de las audiencias orales y públicas. Hoy sabemos que el posible “comprador” de esas grabaciones fue Sebastián Marset, responsable de las amenazas contra la fiscal.

En agosto la Justicia de San José imputó al comisario Richard Hernández, jefe de la Brigada Antidrogas de ese departamento y a otros tres policías, por los delitos de cohecho y asistencia al narcotráfico.

En octubre del mismo año fue destituido el jefe de Policía de Flores, comisario Juan Ángel Fontes, por “incumplir órdenes del Ministerio”. Y en el mismo tiempo se destituyó al jefe de Policía de Montevideo Erode Ruiz por “haberse reunido con el exdirector de Seguridad Ciudadana Gustavo Leal”.

En junio de 2021 varias personas denunciaron que policías de Treinta y Tres les pedían dinero para recuperar objetos robados”. Un delegado del Sindicato Policial denunció que el jefe de Policía, comisario Gustavo Silveira “estaba en conocimiento de graves denuncias y no había hecho nada con ellas por considerar que eran hechos banales y rumores”. Luego, Silveira solicitó ante la Dirección Nacional de Policía un sumario para el efectivo denunciante “por hechos banales”. Pero Yeniffer Izquierdo, abogada del sindicato policial, dijo a medios locales que “hay corrupción en mandos medios y mandos superiores”, y pidió “proteger” al efectivo que realizó la denuncia. También se señaló a un efectivo por acosar menores en la vía pública. El policía que denunció a su superior, fue interceptado cuando paseaba con su familia por móviles policiales que aseguraron haberlo confundido con un delincuente, agregó el medio radial.

También en junio tres policías de Artigas fueron formalizados por “abuso de funciones” y uno de ellos por “lesiones graves”. La acción judicial estuvo motivada por un procedimiento realizado en la vía pública que terminó con una persona herida de bala.

En junio, mal mes para corruptos, fue detenido el Coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado comisario Fernando Pereira. El tercer jerarca del organigrama fue acusado de varios delitos: abuso de funciones, faena clandestina, omisión de los deberes del cargo, revelación de secreto y omisión en denunciar delitos. En noviembre fue procesado y enviado a prisión.

A principios de los 2000 Pereira, entonces en la Dirección de Investigaciones, ya había sido procesado con prisión por “abuso de funciones”, acusado de torturas. Cuando recuperó la libertad y sin que se le instruyera sumario, volvió ahora como comisario de San Carlos.

Durante tres años bandas de narcotraficantes asolaron la ciudad de San Carlos. La madre del jefe de una de las bandas acusó a la Policía de “cobrar coimas para tolerar la venta de drogas”. El comisario Fernando Pereira, quien antes de ser coordinador de Jefatura se desempeñaba como responsable de la seccional de esa ciudad, tiene un patrimonio que no se justifica con su salario.

A mediados de octubre renunció el jefe de Policía de Río Negro, comisario (r) Martín Botto, acusado de proteger a un oficial de esa jefatura imputado por la justicia por reiterados delitos de abuso sexual agravado.

En noviembre fue procesado el subcomisario Ricardo Perdomo, con funciones en Cerro Largo pero hasta pocos meses antes en Maldonado, por el delito de tráfico interno de armas.

En el mismo tiempo la Justicia procesó a un policía y a un bombero por ser parte de una banda que transportaba cocaína desde Melo a Montevideo.

Este año fue imputado otro policía por un caso de contrabando de materiales para el estadio municipal Antonio Ubilla. Como consecuencia renunció el jefe de Policía José Adán Olivera. Este jerarca había sido destituido del mismo cargo a fines de marzo de 2018. El entonces ministro del Interior, Eduardo Bonomi, explicó que el motivo de la remoción “fue la baja de las incautaciones de droga y contrabando en Rio Branco y Aceguá. Ahora Olivera fue formalizado sin prisión por “revelación de secreto”, ya que se probó que había avisado a uno de sus subalternos que estaba siendo investigado por contrabando.

Desde principios de octubre de este año la fiscal Fossati tiene bajo investigación al subdirector Nacional de Policía, Héctor Ferreira, y a otros cinco altos jerarcas del ministerio del Interior, todos funcionarios policiales, por sus vínculos con el delincuente Alejandro Astesiano.

Por si fuera poco, son varios los altos jerarcas que “acomodaron” a hijos o familiares en la Policía.

Algunos uniformados que aceptaron hablar con Caras y Caretas a condición de no ser identificados se preguntaron: “¿Cómo podemos confiar en nuestros superiores si nos enteramos de que les avisan a los delincuentes que van a ser allanados? Nosotros les ponemos el cuerpo a las balas y ellos nos entregan. ¿De quién tenemos que cuidarnos?”, volvieron a preguntarse.

Julio Guarteche explicaba que “la corrupción es un flanco que no se puede dar al crimen organizado. Ninguna actividad delictiva avanza si no hay corrupción que la ampare”.

«Ir a la guerra con los narcos es lo peor que puede pasarnos»

En octubre volvieron a crecer los homicidios y otra vez apareció un cadáver descuartizado.

Para el ministro Luis Alberto Heber “hay violencia porque las bandas tienen menos droga y menos plata para disputar”.

Los hechos revelan que las dos cosas son falsas. No solo hay cada vez más droga, sino que a boca cerrada, boca abierta.

Tal vez el ministro crea que después de 4 meses de investigaciones incautar “4 armas viejas, 68 gramos de cocaína, 76 gramos de marihuana y 1.942 pesos”, como ocurrió esta semana en Maldonado, sea un éxito para propagandear casi como un golpe al cártel de Cali. “Gastamos pólvora en chimangos”, dijo entre risas un policía.

En líneas generales todas las acciones contra bocas de venta de pasta base son más o menos del mismo tenor, aunque todas insumen muchas horas hombre y recursos millonarios. Pero sirven a fines propagandísticos.

Eso sí, nada de seguir la ruta del dinero ni de investigar algunos estilos de vida que no se condicen con salarios.

Sin embargo, por absoluta casualidad y en medio de un tiroteo, se encontraron con varios subfusiles de última generación cuyos destinatarios se desconocen pero se presumen.

Todos los operativos antidrogas se realizan en barrios pobres. Aunque Heber ya debería saber que los que financian o ingresan los grandes cargamentos no viven en esos lugares, precisamente. Ni allí están los profesionales que les arman sociedades para que puedan lavar el dinero ilegal.

Pero aun así Heber está decidido a llevarnos a la guerra.

Tres oficiales ya retirados pero que conocen ese submundo coincidieron en afirmar que “las acciones de Heber solo están apoyando la conformación de una gran banda de narcos. A estos tipos no los asustás con amenazas. Y lo que está pasando es que primero pone en riesgo la vida de los funcionarios, porque ahora los van a balear sin aviso. Y luego obligándolos a unirse para enfrentar a la Policía, su gran enemigo. ¿Saben cómo termina esto? Como Colombia o México”.

El muro azul

Para Patricia Rodríguez, dirigente del sindicato policial de Montevideo, “hay un antes y un después en la sindicalización, porque en la Policía, en un régimen vertical y de mando, hay mucho acoso sexual, muchísimo. El que está arriba tuyo se siente con la potestad… Tiene una forma de presionarte, si quiere, y una discrecionalidad que tienen, cuando llegan a ciertos mandos, que pueden jugar con la vida de un trabajador. Si yo me negaba a una orden de un jefe, ya es posible que te cambien de turno o que te cambien de lugar de trabajo. Vivís en una punta de la ciudad y te mandan a trabajar a la otra”.

El abuso de las jerarquías policiales se expresa de muchas formas, no solo por las que señala Rodríguez. Por ejemplo, en la distribución de las horas ciudad, los servicios especiales y aun en aquellas actividades que están prohibidas, pero siguen funcionando como el “tener agencias de seguridad mientras se está en actividad”.

La secretaria general del sindicato policial señaló: “Lamentablemente, lo que nosotros vemos y de lo que tenemos prueba es que muchas veces se filtra información reservada y eso no está bueno que pase porque esa filtración deja expuesto al compañero que denuncia”.

Son muchos los policías sancionados o descalificados por denunciar corrupción en propias filas. Contra el “muro azul” es difícil luchar.

En lo que va del año 14 efectivos se suicidaron. Seguramente debe haber muchas razones y también las que señalaba la dirigente sindical.