El jerarca enfatizó que la futura secretaría de Estado no ejercerá función jurisdiccional y que la que aún se mantiene, que es la del Tribunal Militar, no debería seguir.
“La función jurisdiccional corresponde a los órganos que la Constitución establece que deben estar y eso no se toca”, aseveró Díaz.
La segunda aclaración del prosecretario fue que ningún proyecto podrá modificar alguna facultad administrativa que la Constitución le asignó a la Suprema Corte de Justicia o al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Compromiso político
"Pensamos en un modelo de ministerio de justicia y derechos humanos ajustado a lo que establece la Constitución”, reafirmó, y recordó que el presidente Orsi le encomendó a la Prosecretaría el rol de encabezar la creación de ese organismo.
“Despejemos del horizonte cualquier comparación con lo que sucedió en épocas oscuras, en que se vulneró y se violó la independencia del Poder Judicial, eso queda descartado de plano”, enfatizó.
Por otro lado, recordó que el establecimiento de la nueva secretaría de Estado es un compromiso político de esta administración, así como lo fue para todos los partidos políticos de Uruguay. “Nosotros vamos a honrar el compromiso asumido ante la población”, ya que el presidente de la República lo incluyó en las 63 prioridades presentadas en su programa de gobierno.
Asimismo, remarcó que le sugirió al mandatario que el proyecto de creación del ministerio, que será analizado por el Poder Legislativo, no fuera incluido en el presupuesto quinquenal, sino en una norma que garantice el análisis, la consulta y un debate de calidad en el Parlamento. "Nada impide que sea creada por una ley", explicó.
¿Por qué crear un Ministerio de Justicia?
Díaz señaló que, para hablar de justicia, hay que hacerlo primero de cómo los ciudadanos acceden a ella, lo cual es “un enorme problema en el Uruguay”, aunque los índices nacionales en el ámbito latinoamericano sean de los mejores.
“El descontento con el sistema de justicia, que trasciende gobiernos, se concentra en los sectores que no tienen acceso, hay un conjunto de la población que no puede hacer uso de su derecho de acceder a la justicia”, manifestó
Además, adelantó que se procura un Sistema Nacional de Registros, centrado en las personas. Los registros son derechos, el de propiedad y el del estado civil integran un intangible, que es la seguridad jurídica, y les asegura a las personas ejercer efectivamente sus derechos, expresó.
También posibilitará mejorar el sistema de cumplimento de medidas y penas a quienes delinquen y la defensa legal estatal ante arbitrajes internacionales. “Son millones de dólares en juego si perdemos y millones en honorarios de estudios extranjeros y nacionales. Que el Estado no tenga fortaleza, idoneidad y preparación para apoyar esos juicios es increíble, pero pasa”, señaló Díaz.
Explicó que esta institucionalidad funciona en los 10 países con las democracias mejor ubicadas en el índice de Estado de derecho —Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, Alemania, Nueva Zelanda, Luxemburgo, Países Bajos, Irlanda y Estonia—, así como en la mayoría de los de América Latina.
Díaz concluyó que un Ministerio de Justicia centralizará la discusión, la promoción y la defensa de los derechos humanos. Insistió en que debe haber un organismo que se encargue de la rectoría y la promoción de los derechos humanos, que además incorporará la defensa en la jurisprudencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos y en las demandas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
"Es una promesa electoral que vamos a cumplir", aseguró el prosecretario de la Presidencia.
Embed - Palabras del prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz
