Las modificaciones propuestas a la ley de financiamiento de los partidos políticos acordados por los diputados frenteamplistas, colorados y el independiente Iván Posada ingresó en nuevo compás de espera ante unas propuestas presentadas por Cabildo Abierto y las objeciones que a último momento presenta el Partido Nacional, que a la luz de lo sucedido con el pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset ha generado suspicacias.
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Ante esta nueva situación y con la mayoría de los precandidatos en las gateras de la campaña electoral, el Frente Amplio ha dado como último plazo para aprobar el proyecto de ley en el pleno de Diputados para fines de noviembre, por lo que, si no recibe modificaciones en el Senado, las modificaciones a la ley de financiamiento de los partidos políticos podría quedar aprobada a mediados de diciembre antes del receso parlamentario, y que el año que viene se reglamente para llegar con ley a las internas.
La Corte Electoral ya respondió al proyecto alineada con la postura del Partido Nacional en cuanto reivindica la competencia exclusiva en materia sancionatoria a los Partidos Políticos, por lo que la posibilidad de que otros organismos que gozan de independencia en cuanto a la correlación de fuerzas políticas en su conducción, queda relegada, volviendo a plantear la necesidad de arribar, o no, a nuevos acuerdos.
Pero ahora es el Partido Nacional el que se encuentra a la interna de la coalición multicolor en Diputados, buscando acuerdos en la medida que sus dos socios (colorados, independiente y cabildantes) llegaron a un acuerdo con la oposición.
La propuesta, que aún no está redactada como proyecto de ley, consta de 34 artículos, de los cuales los blancos no acompañan más de la mitad y se oponen férreamente a lo que tiene que ver con las propuestas que hacen a una fiscalización con capacidad sancionatoria de otros organismos además de la Corte Electoral, las declaraciones de las personas jurídicas y, entre otros temas, todo lo relativo a la publicidad electoral en los medios de comunicación.
El diputado nacionalista Juan Martin Rodríguez, que integra la comisión y por un tiempo fue su presidente, expresó a Caras y Caretas que buscan la posibilidad de arribar a un acuerdo donde se presente un proyecto de menos artículos y que el Partido Nacional está dispuesto a que las modificaciones tras los acuerdos alcanzados rijan para las elecciones del 2029.
Las urnas y Marset
La férrea negativa expresada por los nacionalistas en Diputados y confirmada por el senador Gandini sobre “condicionar” el libre negocio de las empresas de los medios de comunicación en las tarifas y los tiempos de publicidad electoral, generó suspicacias en la oposición, que vinculó esta postura con la crisis desatada por las responsabilidades de funcionarios del Gobierno en la expedición del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset.
En su defensa, el diputado Juan Martín Rodríguez expresa que de los pocos artículos que están dispuestos a votar del proyecto, es el artículo 33 el que reza: “A los efectos del cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente ley, la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas podrán requerir el asesoramiento de la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) y de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central (UIAF)”.
El diputado nacionalista aduce que en una de las comparecencias del secretario de la Senaclaft, el Dr. Jorge Chediak y el secretario nacional de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, el Dr. Álvaro Garcé a la comisión, aseguraron que no había indicios de la presencia del crimen organizado en la política uruguaya.
El diputado Rodríguez lo expresa convencido, pero lo cierto es que la afirmación no sólo fue cuestionada como aseveración por parte del ex comisario general Mario Layera y el expresidente de la Jutep Ricardo Gil, sino que los últimos hechos en torno a Alejandro Astesiano y Sebastián Marset generan más dudas que certezas.
Los nacionalistas marcan una línea, que parece estar dotada de una alta ingenuidad, cuando plantean que una cosa es el financiamiento de candidatos durante la campaña electoral, y otra es la garantía que a ellos (los blancos) les genera que los electos tengan que presentar declaraciones juradas.
Remiten al ejemplo dado por el ahora nacionalista, el exdiputado frenteamplista Darío Pérez, que con su voto en contrario hizo naufragar el proyecto de modificaciones en el periodo legislativo pasado que argumentaba sobre la imposibilidad de que todos los donantes tuvieran que justificar de donde provenían los fondos.
Esto hace que los nacionalistas no aprueben, entre otros, el artículo que define que: “Las donaciones o cesiones de derechos que reciban los partidos políticos, sus sectores internos o listas de candidatos para su funcionamiento permanente, sea en dinero o en especie, deberán provenir únicamente de personas físicas o jurídicas debidamente identificadas. Estas no podrán exceder la cantidad de 350.000 UI (trescientas cincuenta mil unidades indexadas) por cada donante en el año civil y deberán ser siempre nominativas. Todo ello sujeto a la protección de datos personales, conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 18.331, de 11 de agosto de 2008” y la redacción que propone la prohibición de que: “Los partidos políticos o sus sectores internos o listas de candidatos no podrán aceptar directa o indirectamente contribuciones, aportes o donaciones de cualquier tipo cuando provengan de:
- A) Contribuciones o donaciones anónimas, con excepción de aquellas que superen las 4.000 UI (cuatro mil unidades indexadas). En ningún caso la suma de donaciones anónimas podrá exceder el 7 % (siete por ciento) del total de ingresos declarados en la rendición de cuentas anual, y los correspondientes a cada acto eleccionario donde recaiga la obligación de rendir cuentas.
- B) Organizaciones delictivas o asociaciones ilícitas.
- C) Personas jurídicas no autorizadas, de empresas concesionarias o adjudicatarias de obras públicas, de asociaciones u organizaciones, aun cuando carezcan de personería jurídica, sea que tenga objeto civil, profesional, laboral, político, religioso, gremial, sindical, tengan o no fin de lucro, sean nacionales o extranjeras.
- D) Estados, gobiernos y gobernantes extranjeros.
- E) Personas en situación de subordinación administrativa o relación de dependencia, cuando estas se realicen por imposición o abuso de la superioridad jerárquica.
- F) Personas públicas no estatales y personas jurídicas de derecho privado cuyo capital social esté constituido en su totalidad o parcialmente por participaciones, cuotas sociales o acciones nominativas propiedad del Estado, o de personas públicas no estatales.
- G) Personas físicas que presten servicios de comunicación audiovisual conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 19.307, de 29 de diciembre de 2014. La remisión de deuda actual o futura, total o parcial, por la prestación de servicios de comunicación en forma desigual entre los partidos políticos, configurará una donación encubierta prohibida por la ley y operará la caducidad de la autorización para prestar servicios de comunicación audiovisual, de pleno derecho, en los términos de la Ley Nº 19.307, de 29 de diciembre de 2014".
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El diputado Juan Martín Rodríguez sostiene que se discute este proyecto como si no hubiera ya una ley que rigiera (de allí que plantea tomarse el tiempo para seguir discutiendo y pensar en que rija para el 2029), pero lo cierto es que las estrategias para burlar dicha ley han dado resultado, y las donaciones ingresan en un terreno donde no queda clara la diferencia entre mecenazgo y patrocinio.
En las elecciones del 2019 la empresa Colier S.A., concesionaria de un tramo de la ruta 8 e imposibilitada de hacer aportes a las campañas electorales, aportó a las campañas del Partido Colorado, el Partido Nacional y Cabildo Abierto. Pero, para eludir las disposiciones legales, figuran como aportes personales de la señora Nelca Saavedra Sellanes, directora de Colier S.A.
Ponemos este ejemplo que integra una larga lista, porque la ley aún vigente es bien clara con respecto a la prohibición para las empresas que contraten con el Estado de hacer aportes.
Subestimar el poder del crimen organizado y compararlo con el narcomenudeo habla por lo menos de una ingenuidad supina y, sobre todo, de jugar la transparencia del proceso electoral a “apostar a ganador”; es decir, a aquel que una vez ungido es pasible de controles.
Porque en el blanqueo de capitales -esto es, el ingreso de plata originada de forma ilegal al circuito formal-, la suerte que pueda en las urnas finalmente correr un candidato a concejal, edil, alcalde, legislador o presidente de la República, poco importa a los intereses y necesidad de los "lavadores de dinero".
¿Por qué dar por descontado que al crimen organizado, como en el caso de los pasaportes rusos o el de Marset vinculado al gran narcotráfico, no le resulta interesante inmiscuirse en el sistema político?
En agosto de este año, en uno de los artículos que dedicábamos al tema, titulado: “Estado, partidos políticos, crimen organizado y lavado de activos”, compartíamos la advertencia de Mario Layera cuando expresaba en un seminario sobre crimen organizado y lavado de activos de Uruguay: “La posibilidad de que el crimen organizado ingrese a la política no parece una advertencia descabellada si se toma en cuenta la baja percepción del riesgo del sistema político y las escasas medidas legislativas e institucionales que define Uruguay para su preservación”.
El integrante de la comisión de diputados por el Frente Amplio, Mariano Tucci, consultado por Caras y Caretas expresó que este proyecto es un avance en base a los acuerdos por ahora alcanzados, pero como “muralla institucional” ante el crimen organizado aún no reúne todas las fortalezas que requeriría.
¡Vamos a una tanda!
El otro tema en que los nacionalistas no están dispuestos a negociar es el que atañe a la publicidad electoral.
El proyecto propone entre otros conceptos que “el tiempo y espacio destinado a mensajes publicitarios, referido en el artículo 139 de esta ley, se extenderá a veinte minutos. En dicho período, los espacios gratuitos para realizar publicidad electoral tendrán una duración igual a diez minutos del espacio destinado a mensajes publicitarios, por cada hora de transmisión que se realice en el horario de 18 (dieciocho) a 23 (veintitrés) horas.
Para el restante horario de transmisión y espacio destinado a publicidad, los medios de comunicación referidos en el inciso primero de este artículo deberán establecer el mismo precio de adquisición para todos los partidos políticos, sectores internos, lista de candidatos o candidato a cualquier cargo electivo que decidan contratar publicidad. El precio de adquisición por minutos o fracciones regirá por todo el ciclo electoral y deberá ser comunicado a la Corte Electoral y a los partidos políticos, con una antelación mínima de 45 (cuarenta y cinco) días a la fecha de la celebración de las elecciones internas”.
El espíritu de los proponentes es terminar con “las ventajas” en tiempo y tarifa diferenciada preferencial para algunos sectores políticos en desmedro de otros.
Pensar en todo el manejo de los grandes medios de comunicación con fines políticos, nos vuelve a la última crisis política del Gobierno y el papel jugado por su asesor en comunicaciones, Roberto Lafluf.
Este elemento ya sería condición más que suficiente para que, además de las advertencias de organizaciones como Cainfo y Observacom, y sin “violentar” la libertad en los manejos comerciales de las empresas de comunicación, el sistema político legisle garantizando reglas claras para todos.
Hasta el momento, si hay un tema donde la “libertad responsable” parece no haber sido responsable, es este del financiamiento de los partidos políticos y donde la apuesta del Partido Nacional a las bondades de los “apetitos políticos”, en época de crimen organizado, es por lo menos temeraria.
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