El proyecto Neptuno sigue en el centro de las discusiones. Este martes, un día antes de que el ministro de Ambiente, Adrián Peña, comparezca en la cámara de Diputados, que se reunirá en régimen de Comsión General, para explicar este polémico proyecto, el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) emitió un crítico comunicado.
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El Proyecto Neptuno en Playa Arazatí (Foto Meri Parrado)
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En ese texto, Movus recuerda que ya se han presentado otros proyectos similares, que luego fueron rechazados por "consideraciones económicas y técnicas".
El punto más cuestionable, según indica Movus, es que el agua de la zona es salada, lo que hace imposible su potabilización salvo por un proceso de desalinización. Este problema genera puntos críticos en lo económico y en lo técnico.
De acuerdo a lo que se informó en 2001, este emprendimiento tendría un costo aproximado de 200 millones de dólares. Pero esta cifra ya aumentó en más de 40 por ciento, llegando hasta 290 millones.
Otro punto cuestionable es que el proyecto no tiene habilitación ambiental. En ese sentido, Movus afirma: "La discusión del tema se ha centrado en su legalidad, se habla incluso de la inconstitucionalidad del proyecto, y si operaría desde lo público o de lo privado. En ambos casos de hecho se acepta el proyecto, dejando de lado que el mismo no tiene estudio ni habilitación ambiental alguna".
Sigue el comunicado: "A la fecha no se ha ingresado al Ministerio de Ambiente ningún expediente en ese sentido. Cabe agregar que el propio estudio de factibilidad del proyecto Neptuno hecho por las empresas proponentes detecta 90 puntos de impacto ambiental, 25 de ellos con un impacto negativo significativo".
Ante este estado de cosas, Movus cuestiona que el ministro Peña haya afirmado que se defenderá el proyecto con "uñas y dientes".
El comunicado concluye: “La licitación previa genera un antecedente que, si tuviera que ser modificado por consideraciones ambientales, expone al estado a asumir mayores costos e incluso consecuencias legales, además de ser inconveniente para un país que se vanagloria de su seguridad jurídica y cuidado ambiental, puntos en que poco ayuda el firme posicionamiento previo, favorable al proyecto, del ministro de Ambiente”.
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