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Política

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El proyecto de tenencia compartida se trata hoy en el Senado

Tanto el Frente Amplio como las organizaciones sociales mantienen su posición contraria al proyecto oficialista sobre tenencia compartida.

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El controvertido proyecto de ley de "corresponsabilidad en la crianza", conocido también como de tenencia compartida, está en la agenda de temas que a partir de esta mañana tratará el plenario de la Cámara de Senadores.

Los legisladores oficialistas lograron aprobar este proyecto en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, pese a la oposición del Frente Amplio (FA). Ahora, en esta nueva instancia en plenario, todo indica que los multicolores tendrían los votos suficientes para aprobarlo.

Sin embargo, junto a la crítica posición del FA y a las voces contrarias a este proyecto de tenencia compartida que se levantaron desde las organizaciones sociales, hay que considerar que no todo el oficialismo está alineado.

El Partido Independiente es uno de los sectores que ha planteado cuestionamientos a este proyecto de tenencia compartida.

Oposición

Tanto el Frente Amplio como numerosas organizaciones sociales que trabajan con los derechos de niños, niñas y adolescentes, han planteado duras críticas a este proyecto de tenencia compartida que pretende aprobar el oficialismo.

En un comunicado, la Asociación Uruguaya de Profesionales del Derecho (AUPD), por ejemplo, aseguró que se está "ante un nuevo proyecto, en el que se continúan vulnerando los derechos de niños, niñas y adolescentes”. Además, aseguran que el texto “confunde institutos ya amparados en nuestra legislación”.

Señalaron que el proyecto de tenencia compartida “está pensando pura y exclusivamente en el derecho que alegan los padres, sin tomar en consideración el principio rector que es y deberá ser siempre el interés superior del niño, niña o adolescente, ya que para pretender legislar para niños y adolescentes se debería contar con un concepto mucho más claro y garantista para estos”.

En diálogo con Caras y Caretas, la abogada Mariana Galván, integrante de esta asociación, opinó que el articulado aprobado por el Senado, que surgió de la mezcla de las dos iniciativas iniciales, “es un nuevo proyecto, diferente a los dos anteriores, y que no está claro a nivel jurídico”.

Explicó que el artículo dos del nuevo proyecto pretende modificar el artículo 252 del Código Civil utilizando la definición de “corresponsabilidad de la crianza”, que no es otra cosa que la ya conocida Patria Potestad, que se aplica en la práctica. “Este proyecto desvirtúa este instituto dando una nueva redacción totalmente redundante e innecesaria. Se incluye el concepto de la corresponsabilidad en la crianza, que, si bien lleva la misma definición que el de tenencia, lo menciona por separado. Realmente, no se entiende la finalidad del proyecto”.

Por otra parte, sostuvo que el artículo 3°, que busca modificar el artículo 35 del CNA y versa sobre las facultades del juez de Familia, también presenta problemas de contenido. “Otra vez se mezclan institutos y terminología como tenencia, visita y pensión alimenticia, que son procesos diferentes que ya están garantizados en el sistema actual. Se desconoce que, en nuestro país, a través de convenios, ya existe la facultad de determinar un régimen de tenencia compartida”.

La profesional enfatizó en que el articulado va en contra de los principios rectores del propio Código de la Niñez y de la Adolescencia. “El interés superior del niño no puede ser invocado en menoscabo de sus propios derechos, según el propio artículo 6° del CNA, y este proyecto está menoscabando estos derechos”.

Galván aseguró que otro de los puntos que más preocupa, en cuanto a la vulneración de derechos, es el que pretende que se sostengan los regímenes de visitas, aunque existan denuncias de violencia por medio. “No solo se vulnera lo dispuesto en el CNA en cuanto a los institutos ya previstos, sino a lo dispuesto en la propia ley [19.580] de violencia basada en género”.

Consultada sobre los casos de padres impedidos de ver a sus hijos por “denuncias falsas”, principal argumento esgrimido por los impulsores de este proyecto, la abogada expresó: “Esas son medidas cautelares necesarias para preservar a las víctimas mientras se vislumbra un posible caso de violencia. Se trata de niñas, niños o adolescentes que pueden estar en una situación de vulneración que puede tener un daño irreparable. Eso es lo primero que hay ver; si después las denuncias son infundadas o no, lo determina un juez en cierto plazo, es mentira que pasan años. El problema es que confunden la ley de violencia con el proceso de tenencia, la conciliación intraprocesal es obligatoria en materia de familia y, por el contrario, se prohíbe en situaciones de violencia para no vulnerar derechos”.

De acuerdo a la AUPD, el resto del articulado también es “innecesario”, ya que refiere a temas que ya están resueltos en la actual legislación. “La mediación y la conciliación ya existen. La atención a personas con bajos recursos también; estas pueden solicitar auxiliatoria de pobreza y acceder a consultorios jurídicos gratuitos (dentro de la Universidad de la República y también barriales). No es necesario redactar un proyecto con mecanismos que ya se dan en la práctica”.

Cuando el proyecto fue aprobado por la citada Comisión, el senador del Frente Amplio José Carlos Mahía señaló que “los más perjudicados” con esta iniciativa son los derechos de niños, niñas y adolescentes. “Se acaba de consagrar un proyecto que le da una mirada exclusivamente adulta, y que hace modificaciones muy complejas desde el punto de vista de los derechos que más tenemos que proteger”, dijo. “Ese es el punto esencial. Nosotros creemos que los proyectos de ley de esta naturaleza no deben tener como eje central las disputas entre padre y madre, o los progenitores en general, sino que el centro tiene que ser el derecho del niño, la niña y el adolescente. En ese sentido, la norma que se votó en comisión tiene una consecuencia compleja”, aseguró.

La senadora del MPP Sandra Lazo, por su parte, dijo a Caras y Caretas que este proyecto de ley “está dirigido a casos contados de tenencias otorgadas a un solo progenitor, pero que no son la universalidad". Lazo subrayó que no se escuchó ni a la academia ni a las organizaciones sociales y que el proyecto atiende más las necesidades de los adultos que de las necesidades y derechos de las infancias.

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