En campaña: el errático criterio de la fiscal que pidió el desafuero de Carrera

La fiscal no sólo aplicó dos criterios distintos en un lapso de 10 meses en tema del delito de abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley, sino que, antes de archivar la causa del Puerto de Montevideo denunciada por el Frente Amplio tras el acuerdo entre el Gobierno y la empresa Katoen Natie, convocó a una reunión a los denunciantes. Les fijó un día determinado para hablar sobre la denuncia presentada, pero pocas horas antes de la reunión fijada por la propia fiscal decidió archivar la causa del Puerto de Montevideo que, para los denunciantes, significó la conformación de un monopolio privado sin la anuencia del Parlamento. Según pudo conocer Caras y Caretas, a pesar del archivo de la causa del puerto en noviembre de 2023, los denunciantes de igual forma se reunieron con la fiscal Porteiro el día agendado. En esa instancia, la representante del Ministerio Público les transmitió que para que alguien incurra en el delito de abuso de funciones deberían ocurrir situaciones máximas y, a manera de ejemplo, respondió que si ella hubiera tenido que actuar en el caso del exministro de Economía, Fernando Lorenzo, y el expresidente del Banco de la República, Fernando Calloia, los hubiera exonerado del delito de abuso de funciones. Sin embargo, en la última semana la fiscal Silvia Porteiro solicitó el desafuero del senador Charles Carrera para interrogarlo sobre el procedimiento realizado para asistir al ciudadano Víctor Hernández, residente en La Paloma, quien en 2012 recibió un disparo en sus vértebras que lo dejó parapléjico. La fiscal apoyó su pedido de desafuero en el eventual delito de abuso de funciones establecido en el artículo 162 del Código Penal.

En agosto de 2022, en el programa Legítima Defensa informamos la palabra en exclusiva del exdiputado del Partido Nacional, José Carlos Cardoso, quien admitió que él también solicitó al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, que esa cartera ayudara en la asistencia a Víctor Hernández “porque todos sabíamos que de la casa del subcomisario de La Paloma habían surgido los disparos”. Víctor Hernández sufrió un disparo de arma de fuego en la madrugada del 10 al 11 de noviembre de 2012. Si bien hasta el momento no se pudo identificar al responsable, esa noche se conoció que el disparo se produjo desde la casa de enfrente a la de Hernández. Allí, a esa hora, festejaba su cumpleaños el subcomisario de La Paloma, Marcos Martínez, al menos junto a diez personas más. Hernández fue inmediatamente trasladado a Montevideo, primero al Hospital de Clínicas y luego a Sanidad Policial, donde recibió atención por aproximadamente tres años y desde tesorería del Ministerio del Interior se le autorizaron mensualmente tiques alimentación por valor de $20.000. Según conoció Caras y Caretas, los tiques de alimentación pasaron para aprobación de Contaduría, Tesorería y de allí volvían a la Dirección General ya avalados previamente por esos departamentos, además de que el delegado del Tribunal de Cuentas presente en cada ministerio, en cada inciso, aprobó la legalidad del gasto. En tanto, también conoció este medio que los tiques de alimentación que sirvieron a Hernández durante su asistencia fueron aprobados por José Pedro Sesser, subdirector de la Dirección General de Secretaría del Ministerio del Interior, quien se mantuvo en la actual administración exactamente en el mismo cargo.

Por su lado, Víctor Hernández promovió un juicio civil ante lo Contencioso Administrativo contra el Ministerio del Interior y contra todas las personas físicas que se encontraban presentes en la casa desde la que provino el disparo, reclamando los daños y perjuicios correspondientes. En ese juicio civil ya desestimado a comienzos de 2024, el actual Ministerio del Interior se defendió diciendo que esa secretaría no tiene responsabilidad en el disparo contra Hernández a pesar de la acción humanitaria que se llevó adelante con su asistencia.

Más criterios distintos

La defensa que hizo el actual Ministerio del Interior en la demanda civil apoyándose en que la acción de asistir a Hernández fue una acción humanitaria, fue firmada por la abogada Sylvia Carabajal el 4 de marzo de 2022. Dos meses después, la misma letrada firmó la presentación de la denuncia penal contra Charles Carrera por abuso de funciones. “Nunca, para incurrir en un delito de abuso de funciones y perjudicar a la administración, puede producirse a su vez una acción altruista”, dijo el abogado de Charles Carrera, el penalista Juan Manuel González Rossi.

En tanto, luego de que se conociera que los disparos llegaron de la casa del subcomisario Martínez en La Paloma, testigos indicaron que vieron en la mañana siguiente a los hechos a un grupo de policías de la zona buscando casquillos en el lugar. Asimismo, el subcomisario Marcos Martínez declaró que luego esa noche fue a su casa a bañarse, sin preservarse la escena del hecho.

No se creó un cargo de oficial subayudante

Entre los puntos en los que la defensa del senador Charles Carrera hizo hincapié, se encuentra que “en múltiples ocasiones se dijo que a Hernández se le había inventado un cargo para darle atención en Sanidad Policial. Eso es absolutamente falso. El software de Sanidad Policial, una vez que una persona es ingresada en calidad de ‘autorización especial’, por defecto le coloca esa denominación. Simplemente eso. No se creó cargo alguno”.