Espionaje privatizado, coimas y negocios espurios

Este hecho –de una extrema gravedad por sus implicancias judiciales y políticas– se suma a la investigación en torno al eventual espionaje al exdirector nacional de Policía, Mario Layera, derivada a la Fiscalía de Delitos Económicos.

La confirmación de que ambos legisladores eran espiados, con la participación de Astesiano, constituye un antecedente gravísimo que nos retrotrae a los tiempos de la dictadura y a los cuatro gobiernos de derecha de la posdictadura, aunque algunos hallazgos de los archivos del gobierno autoritario parecen confirmar que los seguimientos, escuchas telefónicas e infiltraciones en partidos de izquierda, sindicatos y organizaciones sociales datan por lo menos de 1968, durante el gobierno del mandatario colorado Jorge Pacheco Areco.

La empresa Vertical Skies –que no se sabe por encargo de quién espiaba a los parlamentarios– tiene su centro de operaciones en Miami, Boca Ratón, Estados Unidos, y es gestionada por un grupo de militares retirados uruguayos.

Según se supo en el marco de las indagatorias relacionadas con el peor caso de corrupción registrado en este gobierno, el CEO de Vertical Skies y exoficial del Ejército, Mario Javier Panizza Márquez, le habría entregado 1.500 dólares al criminal Astesiano, para que este le facilitara las fichas de Carrera y Bergara, con el propósito de “presionarlos”.

Aunque el excustodio afirmó que jamás cumplió con la solicitud, lo cierto es que recibió el dinero por “el favor”, lo cual motivó que la Fiscalía siguiera investigando.

Empero, esta empresa, fundada en 2019, tuvo otros negocios lucrativos con el Estado uruguayo entre 2020 y 2021 –que ahora están bajo investigación– cuyo intermediario fue el mafioso blanco Alejandro Astesiano.

En efecto, en nuestro país, Vertical Skies, que es representada por la filial Lunacar S.A., concretó ventas al Ministerio de Defensa Nacional y UTE, que adquirieron diversos equipamientos en el marco de licitaciones que, según se sospecha, pudieron haber sido “truchas” o digitadas, porque el nexo entre la corporación y el gobierno era precisamente Astesiano, un siniestro personaje que detentaba un considerable poder que le había otorgado su amigo y correligionario, el presidente de la República, Luis Alberto Lacalle.

Al respecto, entre las ventas adjudicadas a Lunacar se registran máscaras de buceo, seguramente para la Armada Nacional, por un valor de 20.000 dólares, 250 pares de botas por 17.500 dólares y mochilas tácticas, que costaron la friolera de casi 130.000 dólares, todo con destino al Ministerio de Defensa Nacional. Esta última compra, cuando estalló el escándalo del affaire Astesiano y se conoció su vinculación con esta firma mafiosa con cobertura legal, fue dejada sin efecto.

Empero, el monto más significativo de las transacciones espurias entre el Estado uruguayo en la gestión de Luis Lacalle Pou, fue la compra de un dron de inspección de líneas de transmisión eléctrica para UTE, por valor de 750.000 dólares, el triple de lo que pagó Grecia por el mismo producto a valor de mercado. También esta operación fue dejada sin efecto este año, con el propósito de evitar que salpicara al gobierno.

Vertical Skies también le vendió al Estado, a través, naturalmente, de su filial local Lunacar, mediante la modalidad de licitación abreviada, un software de mapeo y análisis de video georreferenciado, también con destino a UTE, por expresa solicitud de la Gerencia de División de Tecnología de Información y Comunicaciones de dicha empresa pública, por valor de 275.000 dólares.

Como se advierte, las relaciones comerciales con esta firma, que ofrece servicios de seguridad, inteligencia y material, eran realmente muy estrechas, debido a la participación de Alejandro Astesiano en calidad de intermediario.

Pero lo más grave es que todo parece indicar que esta empresa, que no en vano está radicada en Miami –una lujosa guarida de narcos, delincuentes y cubanos conspiradores–, tiene un modus operandi mafioso. Por lo menos, esa hipótesis coincide con el testimonio del empresario fernandino Nelson Choroszucha, quien ante la Fiscalía y con la presentación de audios que son contundentes, narró nuevos episodios que involucran a Astesiano y al gerente de la empresa de seguridad Vertical Skies.

De acuerdo con el relato, este hombre le habría entregado a Astesiano 50 mil dólares para un negocio inmobiliario en José Ignacio, lo cual se concretó dentro de una caja de whisky y afuera de una estación de servicio de La Barra. A su vez, en otra oportunidad le entregó 6 mil dólares adicionales en la Torre Ejecutiva, “con motivo de un negocio de seguridad en el puerto”.

Incluso, Choroszucha se reunió con Astesiano y Panizza para darles 110.000 dólares, con el propósito de recuperar con ganancias lo invertido en licitaciones de la empresa Vertical Skies en la Armada, la Fuerza Aérea y UTE. Como fue amenazado de muerte, hasta el momento no había declarado. En efecto, el gerente de Vertical Skies, Mario Panizza, le habría comentado que tenía 18 muertos en su haber.

A medida que avanzan las indagatorias de la fiscal Sabrina Flores, que jamás investigó su colega Gabriela Fossati, comienza a abrirse cada vez más la Caja de Pandora, aunque aún está lejos de aflorar lo más pestilente.

Empero, si los negocios espurios con apariencia de acomodo y hasta delictiva son graves, más grave es el ahora sí comprobado caso de espionaje contra los senadores frenteamplistas Charles Carrera y Mario Bergara.

Al parecer, en este gobierno están nuevamente en tela de juicio las garantías individuales, que fueron groseramente vulneradas durante la dictadura y, en lo relativo a las operaciones de espionaje, también durante las dos presidencias de Julio María Sanguinetti, la de Luis Alberto Lacalle Herrera y la de Jorge Batlle, hasta que, en 2005, el primer gobierno del Frente Amplio encabezado por Tabaré Vázquez, desmontó los servicios de inteligencia que espiaban a partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales por lo menos desde 1968.

En tal sentido, una comisión investigadora parlamentaria concluyó, en base a testimonios y otros elementos de prueba, que existieron prácticas de espionaje en plena democracia con idénticas modalidades que durante el régimen autoritario. En ese contexto, los servicios de inteligencia militares habrían actuado por su cuenta, aunque con la vista gorda de los gobiernos de derecha de la posdictadura. Obviamente, por el tiempo transcurrido, aunque se trata de prácticas penalizables, las eventuales causas están proscritas.

Sin embargo, cuando creíamos que estas actividades de impronta criminal estaban definitivamente desterradas, durante este gobierno fueron exhumadas, como una dramática herencia de los tiempos más oscuros de la dictadura cívico-militar. Sin embargo, la novedad es que ahora se privatiza hasta el espionaje. En este caso, ¿quién fue el contratista?