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“Nosotros tenemos información de que hay 47 casos por los menos”, dijo en su momento el senador del Frente Amplio (FA) Sebastián Sabini, y agregó: “Las autoridades siguen entendiendo que fue absolutamente lícita y legal la entrega de estas viviendas, y es inaceptable. En ninguna parte de la normativa nacional se establece que la ministra pueda adjudicar directamente una vivienda”.
Así las cosas y según informó El Observador, se solicitaron informes a la división de Jurídica y a la de Informática y se dispuso una “investigación rápida” para aclarar por qué se prendió fuego la computadora.
Sin embargo, según el matutino fuentes de la cartera señalaron que “no se perdió información” y que “no afecta en nada la investigación” sobre la dirigente de Cabildo Abierto, y que probablemente se deba a que es un “equipo viejo de más de diez años”.
La investigación sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación de viviendas se ha prorrogado en más de una ocasión. Después de que se venció el plazo inicial, en julio se hizo la primera solicitud -que dio 60 días más- y a fines de setiembre se volvió a aplazar la definición -otros 60 días-, y la nueva prórroga finaliza en estos días.
Lozano resolvió dejar sin efecto protocolos creados por el anterior director de vivienda, Jorge Ceretta, donde se definía cómo debían atenderse las solicitudes que surgieran desde la secretaría de Moreira.
Tiempo atrás, en el marco de las averiguaciones que se realizaron, Moreira respondió por escrito a una serie de preguntas que le hicieron. La investigación administrativa la pidió el nuevo ministro, Raúl Lozano, al poco tiempo de asumir en la cartera. Su designación se dio después de que la actual senadora renunciara al cargo a pedido del presidente Luis Lacalle Pou.