Los partidos políticos se fijaron algunas prioridades en el arranque de 2026 y el Frente Amplio (FA) decidió plantear como una prioridad el proyecto de ley presentado a fines de 2025 que modifica un artículo de la Ley de Urgente Consideración (LUC).
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FA presentará proyecto para cambiar un artículo de la LUC.
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El proyecto, impulsado por el diputado Alejandro Zavala pero con el respaldo de toda la bancada, modifica el artículo 74 de la LUC que, a su vez, había cambiado la normativa entonces vigente y que tuvo un impacto en la cantidad de mujeres encarceladas por delitos vinculados a los estupefacientes, particularmente por intentar ingresar droga a las cárceles.
El artículo de la LUC estableció una pena de prisión mínima de 4 años para una serie de agravantes de los delitos vinculados a los estupefacientes, entre los que está el ingreso de drogas a cárceles, sin posibilidad de que el juez "considerara diferentes situaciones y contextos". Los jueces se quedaron prácticamente sin margen para aplicar medidas alternativas a la prisión para esos delitos. Eso hizo que se acentuara el crecimiento de la población femenina en cárceles.
Informe
El último informe del comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, publicado en junio de 2025, señalaba que 8 de cada diez mujeres presas lo estaba por delitos vinculados con estupefacientes. A eso se le suma que hay unos 68 niños y niñas viviendo con sus madres en la cárcel.
“Los datos evidencian una nueva paradoja, las personas que ejercen delitos menos violentos (las mujeres) son penadas casi exclusivamente con privación de libertad. Del total de las medidas que no implican encierro solamente un 16% de las mismas, distinguiendo entre medidas privativas de libertad (arrestos domiciliarios, prisiones domiciliarias, cautelares con tobillera) y no privativas de libertad (libertades a prueba y libertades vigiladas), son aplicadas a las mujeres”, dice la exposición de motivos del proyecto de ley.
El proyecto de ley presentado le restituye al juez la posibilidad de aplicar medidas alternativas a la privación de libertad a mujeres imputadas por delitos de drogas (en los leves, principalmente), y a conceder régimen de prisión domiciliaria frente a períodos de embarazo y de lactancias.
La exposición de motivos agrega que la mayoría de las mujeres que se involucran en este tipo de delitos son “pobres, tienen personas a cargo, son jefas de hogar, se ubican en las líneas más frágiles del mercado laboral, lo que deja en evidencia las marcadas asimetrías de acceso a recursos y poder entre los géneros”.
“El encarcelamiento femenino genera impactos negativos sobre terceros, en especial, sobre sus hijos e hijas, que quedan en una situación de particular vulnerabilidad ante la privación de libertad de sus referentes”, dice el texto y agrega que las mujeres que cometen este tipo de delitos “generalmente son la respuesta –y evidencia– del sometimiento de un hombre con quien mantienen un vínculo afectivo o de parentesco”.
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