Con la apuesta a una “transparencia imprescindible y necesaria” en un “momento complejo”, el Frente Amplio (FA) presentó este martes dos proyectos que van hacia esa dirección: crear la figura delictiva del enriquecimiento ilícito y fortalecer a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), dándole una “mayor autonomía” que no dependa del poder político, donde los integrantes serán electos por dos tercios de la Asamblea General, al igual que ocurre en la Institución Nacional de Derechos Humanos.
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Asimismo, la oposición también insiste en que se avance en el proyecto de financiamiento de partidos políticos, que está a estudios en Diputados, cuyo documento no se aprueba desde la legislatura pasada y que por rencillas entre Cabildo Abierto y el Partido Colorado, que no se ponen de acuerdo en el cargo de la Corte Electoral.
Desde el FA, tratan de ver las formas de acelerar el proyecto porque en 2024 ya comienza una nueva contienda electoral. En ese marco, la oposición ha manifestado la preocupación por donaciones de privados a las colectividades políticas, pero quien se opone a que haya un cambio en esto es el Partido Nacional.
Según fundamentó en rueda de prensa el senador de la Vertiente Artiguista, Enrique Rubio, este paquete de propuestas les parece “muy urgente” en la “coyuntura que estamos viviendo”, en alusión al caso Marset, que valió una interpelación, y a la imputación de Alejandro Astesiano, exjefe de custodia presidencial, que fue imputado por suposición de estado civil y asociación para delinquir, además de ser investigado por un presunto delito de tráfico de influencias, que motivó un llamado a sala a régimen de comisión general la semana pasada.
Ana Ferraris, vocal del FA en la Jutep, había dicho que era “hora” de tener regulado el delito de enriquecimiento ilícito, dado que el país se llevó observaciones de organismos internacionales por no tenerlo establecido. “Yo creo que ahora sí hay condiciones para legislar en la materia”, había vaticinado.