Efectivos militares que cumplen tareas en la frontera realizan “controles por fuera de su competencia” incumpliendo así con las disposiciones legales vigentes, denunció la Asociación de Funcionarios Aduaneros (AFA), que recordó que las tareas de estos fueron definidas por la Ley 19.677. Esta autoriza a las Fuerzas Armadas (FFAA) “a realizar tareas de vigilancia y apoyo a organismos con jurisdicción y competencia en zona fronteriza”.
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Sostiene AFA que los controles militares enlentecen el tránsito.
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Indica el sindicato que en esa norma “se estipula el marco de cómo y qué hacer, y define particularmente todas las operaciones que se pueden realizar en la frontera para cumplir con la misión; debiendo brindar garantías al personal que tenga facultades de fiscalización”.
“El decreto 92/020 —hoy vigente— que reglamenta a la ley citada, prevé que el personal militar solo podrá abocarse a las tareas de identificación de personas y control de vehículos bajo casos fundados, como la existencia de indicios de delitos (o el intento de cometerlo), debiendo proceder al registro de estos tan solo cuando la persona se hallare legalmente detenida o se encuentre en flagrancia delictual, debiendo dar conocimiento de inmediato a Fiscalía”, indica. Y agrega que esos controles solo pueden efectuarse “en la franja de territorio nacional de 20 kilómetros de ancho contados a partir de los límites definidos en los tratados internacionales correspondientes, quedando expresamente excluidos los centros poblados”.
No obstante, el pasado 5 de mayo el Ejército Nacional informó que a partir del 8 de ese mes, en el marco de la operación Frontera Segura, se instalarán nuevos puestos de control permanente en los puentes internacionales de Salto-Concordia, Paysandú-Colón y Fray Bentos-Gualeguaychú, para brindar seguridad a los funcionarios aduaneros durante las inspecciones correspondientes.
Para estos "lejos de ser verdad y contando con la complicidad del director nacional de Aduanas, Jaime Borgiani, los militares no realizan control alguno en los puentes internacionales, sino fuera de la jurisdicción de las zonas primarias aduaneras, lo que conlleva a una ralentización innecesaria e ineficaz, al imponerse un doble control y sin la presencia de funcionarios con facultades de preeminencia en materia de fiscalización”.
AFA “exhortó a las autoridades a restablecer el orden y el Estado de derecho, debido a que “el Estado uruguayo se veía expuesto por procedimientos irregulares, pudiendo ser impugnados formal y materialmente”.
Para el sindicato esta situación “no es nueva y constituye un nuevo acto de desmantelamiento indirecto de la función de vigilancia aduanera, a la que se ha dedicado sistemáticamente la gestión del actual director nacional de Aduanas”.
“Una vez más, en pos de la defensa de la función aduanera y de la institucionalidad que debe imperar en un Estado de derecho, exhortamos a las autoridades del Ministerio de Defensa Nacional —con la complicidad del máximo jerarca de Aduanas— que reestablezcan el orden y que declinen su actitud de ordenar a personal subalterno de cumplir una función que se encuentra por fuera de su ámbito de competencia”, sostiene AFA.
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