Por falta de elementos "que impliquen reproche desde el punto de vista penal" el fiscal Luis Pacheco decidió archivar la investigación sobre Gas Sayago.
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"No surge de autos que los funcionarios públicos indagados hubieran incurrido en actos arbitrarios -formal o sustancialmente contrarios a las normas que regulan el ámbito de la actividad funcional-, persiguiendo además una deliberada finalidad de causar perjuicio a la Administración o a los particulares", indica Pacheco en su argumentación.
Por esta “entendiéndose suficientemente instruidos los hechos denunciados- puede Ud. disponer el archivo de las presentes, sin perjuicio de eventuales remisiones ulteriores de información por parte de las autoridades de la República del Brasil", agrega el dictamen.
Durante la investigación, solicitó información a Brasil, y el fiscal señala que el caso puede ser reabierto por "eventuales remisiones ulteriores de información por parte de las autoridades" de ese país, informó Subrayado.
La denuncia de presuntas irregularidades fue presentada a mediados de 2021 por la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, junto al abogado privado Jorge Barrera, por presuntas irregularidades en la gestión de inversiones asociadas a la empresa. Fue en base a una auditoría externa donde se destaca que hubo cuatro oportunidades de cancelar el proyecto, que ocasionó pérdidas millonarias al Estado.
Posteriormente las autoridades de Ancap presentaron una carpeta con las acciones del ente petrolero en relación al proyecto de Gas Sayago y se sumaron a la denuncia.
Las obras de Gas Sayago -empresa que pertenecía a UTE (80%) y a Ancap (20%)- comenzaron en 2013, cuando el Poder Ejecutivo le otorgó la concesión del gasoducto que conectaría la terminal de Puntas de Sayago con el Gasoducto Cruz del Sur, de Argentina.