El proyecto
El proyecto consiste en la construcción y operación de una planta de e-combustibles a partir de energía renovable, hidrógeno verde dióxido de carbono biogénico, con una producción estimada de unas 880.000 toneladas por año. En caso de concretarse, la empresa tiene previsto entregar los primeros embarques a finales de 2029. En su etapa final, la inversión sería de unos 5.385 millones de dólares, lo que la convertiría en la más grande de la historia de Uruguay.
Para eso, de todos modos, faltan algunas definiciones clave. La principal de ellas es el precio de la energía a acordar con UTE, una variable que representa aproximadamente 70% del costo del proyecto.
El proyecto de HIF incluye también la construcción de un parque eólico y una planta de paneles solares, con la que la empresa generaría unos 2,3 gigavatios de energía, similar a lo que consume el país en sus picos. Pero la iniciativa requiere un acuerdo con UTE por varios motivos: primero, porque en la etapa inicial se alimentará a través de energía suministrada por la empresa pública; segundo, porque en etapas posteriores requiere de estabilidad en el suministro.
En el plan de negocios que presentó HIF en 2023, y con el que ganó un llamado realizado por ALUR para la captura de dióxido de carbono, se fijaba como parámetro los 40 dólares por megavatio hora. Desde UTE han planteado precios más elevados y eso ha dilatado el acuerdo.
Más allá de la prórroga, tanto la empresa como el gobierno señalan que ha habido "avances" en la negociación y que están "más cerca" de llegar a un acuerdo. También señalaron que existen otros componentes que complejizan el cálculo y que forman parte de las conversaciones.
Aunque el plazo se corrió hasta junio, en la empresa entienden que la definición del precio de la energía debería estar pronta para fines de mayo para así poder cumplir con los plazos de búsqueda de financiamiento y toma de decisión antes de que termine el año 2026.
Además de la negociación con UTE, resta definirse también el acuerdo con ALUR para el suministro del dióxido de carbono, que también había sufrido una prórroga hasta marzo.
En el plano ambiental, la empresa presentó el Estudio de Impacto Ambiental ante la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea), un paso clave para la autorización ministerial.
