La ministra de Defensa, Sandra Lazo, aseguró que formó un grupo de trabajo para comprender el proceso de compra de las OPV porque en el expediente "no quedaba claro".
Además, sostuvo que "hubo demoras" en la entrega de información de parte de distintos integrantes de la Armada, lo que dificultó el cumplimiento de un calendario coordinado por el grupo de trabajo. También afirmó que le brindaron información errónea.
"Faltas disciplinarias"
La secretaria de Estado dijo que se trata de "faltas disciplinarias fundamentales" y por eso la sanción. La millonaria compra de dos patrullas oceánicas generó meses de especulaciones y debate político. El desembolso final ronda los US$ 82 millones y desde la entonces oposición se cuestionó, especialmente, la designación de un astillero que no tenía antecedentes de construcción de barcos similares.
También hubo sendos conflictos por una queja formal de China, otro por el pase a retiro de un jerarca que se ponía a la designación de Cardama y uno más porque el gobierno no conseguía una segunda institución bancaria que se presentara como garantía del proceso.
La compra fue anunciada el 17 de julio de 2023 por el entonces titular de Defensa, Javier García. Ese día el secretario de Estado adelantó que el primer buque se entregaría, según los plazos planeados, durante el primer trimestre de 2025. En 2023 el Tribunal de Cuentas aprobó el desembolso.
En octubre de 2024 el entonces ministro de Defensa, Armando Castaingdebat, anunció que finalmente se habían conseguido las dos garantías necesarias y que se iniciaría la construcción de las embarcaciones. En ese momento, Castaingdebat estimó en "30 y pico de meses" el periodo de construcción.
