La firma del contrato del proyecto Neptuno a pocos días que el gobierno de Lacalle Pou terminara su mandato, fue uno de los temas más polémicos de la transición. Así las cosas, en las ultimas horas comenzó a funcionar el grupo que trabajará en el contrato con Arazatí para establecer modificaciones y el viernes se convocó al consorcio a cargo del proyecto para comenzar el diálogo, informó el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño.
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Este martes hubo reunión del jerarca con el presidente de OSE, Pablo Ferreri, en la que resolvieron convocar el consorcio.
"Si hoy no tuviésemos el contrato firmado, no se hubiera avanzado. Por lo tanto, vamos a rediscutir los aspectos que haya que rediscutir, con la cabeza abierta, y con un objetivo central que es asegurar el suministro de agua potable a los uruguayos", dijo Ferreri.
Respecto a qué posibilidades hay en la negociación -sobre todo en temas que cuestionó más el actual gobierno, como el pólder-, Ortuño dijo que se va a "encarar el diálogo", aunque no adelantó más detalles.
Ferreri también remarcó que la situación financiera de OSE es "verdaderamente grave", y que el organismo tiene "un descalce financiero previsto para las próximas semanas o meses, de algo más de 70 millones de dólares".
Análisis del contrato
El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, informó que “hubo un análisis sobre el contrato” y que el viernes se van a transmitir “los criterios” sobre los que se trabajó en la instancia.
Ortuño dijo que se parte de dos premisas: “La prioridad de asegurar el abastecimiento de agua potable a la población” y “la decisión del gobierno de rediscutir el contrato”. “Hemos resuelto convocar al consorcio (Aguas de Montevideo) para el día viernes para iniciar el intercambio que está planteado”, indicó.
Reunión el viernes
El viernes se planteará al Consorcio Aguas de Montevideo la decisión de suspender por 90 días la ejecución del proyecto para rediscutirlo “a fondo”. Esto es debido a que, desde que el gobierno anterior firmó el contrato con las empresas involucradas, comenzó a correr un cronograma de plazos de ejecución, y el gobierno actual entiende que no se debe “innovar” mientras se mantienen las negociaciones.
El contrato incluye compras de materiales y posibles expropiaciones de terrenos para la construcción de la planta potabilizadora en San José, que es lo que se busca detener mientras se discuten nuevamente los términos.