Heber, el peor de todos

Probablemente ni él mismo recordará bien el 2022.

En honor a la verdad el caos en ese ministerio no comenzó con Heber sino con su antecesor, Jorge Larrañaga. Este llegó al ministerio después de haber sido derrotado en la interna nacionalista por Juan Sartori.

Su meta fue demoler todo lo hecho por su antecesor, el frenteamplista Eduardo Bonomi y con consignas vacías como “hay orden de no aflojar” o “a la Policía se la respeta”.

Nombró como director de Convivencia y Seguridad Ciudadana a Santiago González, quién hasta esa elección se había desempeñado como su chofer. Los jefes de Policía de los 19 departamentos fueron elegidos por afinidad política, oyendo sugerencias de dirigentes locales.

El subsecretario Guillermo Maciel, asesor del senador Pedro Bordabery y colorado hasta hace poco tiempo cuando anunció su adhesión al Partido Nacional, es un abogado que dirigió Fundapro, un observatorio privado sobre políticas de seguridad que durante 15 años tuvo como objetivo desmentir las cifras que sobre delitos difundía el Ministerio del Interior. Una vez en el gobierno, Fundapro cesó su actividad. El director Nacional de Policía, Diego Fernández, es un funcionario de la vieja guardia, denunciado en el pasado por malos manejos con el servicio 222 y que debió renunciar como jefe de Policía de Montevideo, durante el gobierno del Frente Amplio, acusado de no acatar órdenes del ministro.

Este panorama fue el que heredó Heber. Y no supo ni quiso cambiarlo.

Pocas semanas atrás el periodista Gabriel Pereyra escribió en su columna de Búsqueda que “el Ministerio del Interior, como el pescado, se pudre desde la cabeza”.

Y los acontecimientos de este año demuestran la razón del colega.

La entrega de un pasaporte a Sebastián Marset, un importante narcotraficante uruguayo que estaba detenido en Dubái por intentar ingresar con un pasaporte paraguayo falso, provocó una crisis en el gobierno que acaba de expresarse con la renuncia de la vicecanciller Carolina Ache.

A partir de allí comenzó un cruce de facturas entre la cancillería e Interior, que no hizo más que revelar la desidia e inoperancia de sus máximas jerarquías.

Todos sabían que Marset era un narco peligroso. Todos sabían que Marset mintió cuando dijo que estaba alojado en un hotel 5 estrellas de Dubái, cuando en realidad estaba preso. Todos aceptaron las gestiones del abogado Alejandro Balbi. A nadie se le ocurrió llamar al Ministerio del Interior de Paraguay porque así se habrían enterado de que Marset estaba requerido.

Francisco Bustillo y Heber junto a las jerarquías de ambos ministerios mintieron descaradamente al Senado de la República. Los chats intercambiados entre Ache y Maciel evidenciaron todas las falsedades.

De esa interpelación surgió una única acción contra un funcionario de segundo orden de Identificación Civil, cuyo sumario y suspensión en el cargo fue anunciado por el ministro en el Senado. Pero hace pocos días culminó la investigación administrativa y no se encontró ninguna falta grave. El acusado solicitó su pase a retiro.

Lo que Heber no quiso asumir es que la expedición del documento a Marset es de entera responsabilidad de su ministerio.

Un hecho muy grave porque mientras el ministro grita a voz en cuello que están en guerra contra el narcotráfico, al mismo tiempo permitió que un capo narco ande suelto por el mundo con un documento oficial uruguayo. Esa es la verdad.

Apenas un mes después estalló el escándalo en el que aparece como protagonista Alejandro Astesiano, hasta el día de su detención jefe de seguridad del presidente Luis Lacalle Pou.

Entonces todo parecía circunscribirse a la expedición de pasaportes legítimos con datos falsos a ciudadanos rusos. Pero la investigación encontró que se usó parte de la estructura policial para vigilar, a pedido de empresarios o amigos, a terceras personas sobre las que no había ninguna requisitoria judicial. Una tarea de espionaje, digamos.

Luego aparecieron los vínculos con empresarios que pretendían hacer negocios con el Estado. Y algunos los lograron.

Las tareas de espionaje se extendieron sobre dos senadores de la oposición a los que alguien pretendía extorsionar para que retiraran una denuncia, precisamente contra el ahora ministro del Interior cuando estaba en Transporte y Obras Públicas.

También se espió a un exdirector nacional de Policía que había expresado públicamente sus discrepancias con la LUC. Y hasta la exesposa del presidente fue espiada para conocer el destino de un viaje privado.

En medio Astesiano también hacía gestiones para colocar amigos en la Policía: para fraguar documentos que impidieran que su hijo fuera preso por poseer una moto robada, para que se vigilara a la pareja de su hija, que ejercía violencia doméstica. Además, vigiló, mediante las cámaras de la Policía, a la novia de un amigo que se creía engañado o la casa de un amigo del secretario privado del presidente al que le habrían intentado robar el auto. Hasta el famoso pescado de Emiratos Árabes, que luego repartió Lacalle, vino a su nombre.

Para casi todas estas acciones Astesiano contó con el apoyo imprescindible de algunas de las más altas jerarquías del Ministerio del Interior, ahora bajo investigación fiscal y usó recursos públicos para fines diferentes a las tareas inherentes a sus labores.

El subdirector nacional de Policía renunció al cargo, aunque eso no evitará las acciones de la fiscal Gabriela Fossati. Bajo investigación está el director de Investigaciones, Jorge Berriel, y el responsable de controlar a las empresas de seguridad privadas.

Heber ordenó investigaciones sumarias y todas dieron bien. Raro, porque mientras aseguran respetar y colaborar con Fiscalía, todos los esfuerzos internos están dirigidos a salvar la responsabilidad de los jerarcas.

Casi como un espejo de lo ocurrido durante la convocatoria del Senado por el caso Marset, también en la que se hizo por el caso Astesiano el ministro anunció la separación del cargo y sumario a un jerarca de segundo orden. Pero culminada la investigación tampoco se encontraron irregularidades importantes.

La corrupción policial es un grave problema

El 26 de marzo de 2019 el subsecretario del ministerio, Jorge Vázquez, envió una comunicación a Asuntos Internos solicitando información relacionada con “presuntos hechos de corrupción o irregularidades” denunciados durante los últimos años, que involucran a personal policial de todo el país. Vázquez recibió, semanas después, un expediente con detalles acerca de las actuaciones de esa repartición.

El documento, obtenido por Brecha, revela el aluvión de denuncias que el principal órgano de contralor interno de la cartera tuvo que enfrentar, con escasos recursos y una demanda creciente.

Entre 2015 y abril de 2019 “se han denunciado 22.077 irregularidades o presuntos hechos de corrupción”, respondían a Vázquez desde Asuntos Internos. Es decir: 5.519 casos al año o poco más de 15 casos diarios, incluidos sábados, domingos y feriados.

Pero el asunto era más grave. Por el 0800 5000 –número de atención al usuario– se recibían llamadas de lunes a sábados de 8 a 20 horas. Trabajaban allí 24 personas en dos turnos. Según el expediente elevado a Vázquez, solo en 2015 se atendieron 42.340 llamadas. En los años sucesivos el caudal fue disminuyendo: en 2016 se atendieron 40.822, en 2017 fueron 39.713 y en 2018, 32.533. Esto no quiere decir que las llamadas disminuyeran. Debido a la escasez de recursos humanos abocados a la tarea, año a año más llamadas fueron quedando sin atender. En el documento, Asuntos Internos consigna que se ha registrado un “aumento significativo de llamadas por parte de usuarios a este servicio en el presente año (2019), con importante nivel de llamadas que se registran abandonadas o no atendidas”. En efecto: en 2015 quedaron por el camino 13.044 llamadas. En 2016 el número descendió: no se atendieron 9.170. Pero en 2017 las llamadas ignoradas fueron 16.359, y en 2018 quedaron 41.358 sin atender (es decir: se atendieron menos de la mitad de las llamadas recibidas). En 10 años poco más de 3.000 policías, es decir el 10% de la fuerza, fueron destituidos por diferentes irregularidades.

¿Alguien puede creer que con el cambio de gobierno estos números descenderían como por arte de magia? Si bien es probable que en el año 2020 con pandemia en pleno desarrollo y la gente voluntariamente encerrada, los casos de abusos policiales pudieron descender, pero con la recuperación de la actividad, los datos nuevos están a la vista. Y se llevan por delante a varios jerarcas.

En enero de 2020 en Salto se descubrió que una mujer vinculada al narcotráfico tenía fotos y datos personales de 40 policías. El subjefe de Policía, comisario mayor Adolfo Cuello, aseguró que de la pericia realizada del teléfono celular se encontró que toda la información que tenía la Brasilera provenía del celular de una mujer oficial de Policía.

En junio una investigación sobre amenazas contra la fiscal Mónica Ferrero permitió descubrir que policías corruptos vendían a los narcos grabaciones de las audiencias orales y públicas.

En agosto la Justicia de San José imputó al comisario Richard Hernández, jefe de la Brigada Antidrogas de ese departamento y a otros tres policías, por los delitos de cohecho y asistencia al narcotráfico.

En octubre del mismo año fue destituido el jefe de Policía de Flores, comisario Juan Ángel Fontes, por “incumplir órdenes del ministerio”. Y en el mismo tiempo se destituyó al Jefe de Policía de Montevideo, Erode Ruiz, por “haberse reunido con el exdirector de Seguridad Ciudadana Gustavo Leal”.

En junio del 2021 varias personas denunciaron que policías de Treinta y Tres les pedían dinero para recuperar objetos robados”. Un delegado del Sindicato Policial denunció que el jefe de Policía, comisario Gustavo Silveira “estaba en conocimiento de graves denuncias y no había hecho nada con ellas, por considerar que eran hechos banales y rumores”. Luego, Silveira solicitó ante la Dirección Nacional de Policía un sumario para el efectivo denunciante “por hechos banales”. Pero Yeniffer Izquierdo, abogada del sindicato policial, dijo a medios locales que “hay corrupción en mandos medios y mandos superiores”, y pidió “proteger” al efectivo que realizó la denuncia. Otra denuncia señaló a un efectivo por acosar a menores en la vía pública. El policía que denunció a su superior fue interceptado cuando paseaba con su familia por móviles policiales que aseguraron haberlo confundido con un delincuente, agregó el medio radial. Estas denuncias son investigadas en Melo debido a que la actuaria del juzgado olimareño es familiar directa de uno de los involucrados.

También en junio tres policías de Artigas fueron formalizados por “abuso de funciones” y uno de ellos por “lesiones graves”. La acción judicial estuvo motivada por un procedimiento realizado en la vía pública que terminó con una persona herida de bala.

En junio, mal mes para corruptos, fue detenido el coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado, comisario Fernando Pereira. El tercer jerarca del organigrama fue acusado de varios delitos: abuso de funciones, faena clandestina, omisión de los deberes del cargo, revelación de secreto y omisión en denunciar delitos. En noviembre fue procesado y enviado a prisión.

A principios de los 2000 Pereira, entonces en la Dirección de Investigaciones, ya había sido procesado con prisión por “abuso de funciones”, acusado de torturas. Cuando recuperó la libertad y sin que se le instruyera sumario, volvió ahora como comisario de San Carlos.

Durante tres años bandas de narcotraficantes asolaron la ciudad de San Carlos. La madre del jefe de una de las bandas acusó a la Policía de “cobrar coimas para tolerar la venta de drogas”. El comisario Fernando Pereira, quien antes de ser coordinador de Jefatura se desempeñaba como responsable de la seccional de esa ciudad, tiene un patrimonio que no se justifica con su salario.

A mediados de octubre renunció el Jefe de Policía de Río Negro, comisario (r) Martín Botto, acusado de proteger a un oficial de esa jefatura imputado por la Justicia por reiterados delitos de abuso sexual agravado.

En noviembre de 2021 fue procesado el subcomisario Ricardo Perdomo, hoy en Cerro Largo, pero hasta hace pocos meses en Maldonado, por el delito de tráfico interno de armas.

En el mismo tiempo la Justicia procesó a un policía y a un bombero por ser parte de una banda que transportaba cocaína desde Melo a Montevideo.

También fue procesado otro policía por un caso de contrabando de materiales para el estadio municipal Antonio Ubilla. Como consecuencia renunció el jefe de Policía José Adán Olivera. Este jerarca había sido destituido del mismo cargo a fines de marzo de 2018. El entonces ministro del Interior, Eduardo Bonomi, explicó que el motivo de la remoción “fue la baja de las incautaciones de droga y contrabando en Río Branco y Aceguá. Olivera fue formalizado este año por el delito de ‘revelación de secreto’”.

Este año se acusó al jefe de Policía de Durazno, Richard Marcenal, de “maquillar” las cifras de delitos.

Un par de meses atrás, el propio ministro concurrió al juzgado de Durazno para ejercer presiones ante la Justicia tratando de evitar la formalización de un policía acusado de haber provocado la muerte de un joven motociclista.

Funcionarios policiales que aceptaron hablar con Caras y Caretas a condición de no ser identificados, se preguntaron: “¿Cómo podemos confiar en nuestros superiores si nos enteramos de que les avisan a los delincuentes que van a ser allanados? Nosotros le ponemos el cuerpo a las balas y ellos nos entregan. ¿De quién tenemos que cuidarnos?”.

El fallecido director nacional de Policía Julio Guarteche explicaba que "la corrupción significa un flanco que no podemos dar al crimen organizado. Ninguna actividad delictiva avanza si no hay corrupción que la ampare".

No hay plan

A mediados de año, cuando las cifras de homicidios se dispararon, el ministro Heber dijo públicamente “tenemos un plan”. Lo mismo reiteró ante el Senado cuando concurrió a explicar sus acciones contra el narcotráfico.

Sin embargo, hace tres semanas sorprendió cuando convocó a todas las fuerzas políticas a una reunión para discutir un plan sobre políticas de prevención del delito.

El encuentro fue coordinado por Diego Sanjurjo, coordinador de Estrategias Focalizadas de Prevención Policial del Delito de Interior, integrante de Ciudadanos (Partido Colorado) y que recibe financiación del BID para su programa.

El representante del Frente Amplio fue Gustavo Leal, exdirector de Convivencia Ciudadana bajo la gestión de Bonomi.

Leal aseguró a la diaria que “a nadie le gusta que lo usen o que se quieran sacar cartel diciendo que ‘estamos haciendo acuerdos’, cuando en realidad te llamaron a una reunión de apuro un 26 de diciembre a las nueve de la mañana; hasta la fecha y la forma nos dio a entender que había interés y había premura”.

La reunión se resolvió rápidamente y para el sociólogo, “el argumento del Ministerio del Interior y del ministro es que entienden que no es posible ni conveniente recorrer un camino de acuerdos ni de política de Estado”. Frente a esto, replicó que “en el mejor de los casos hubo una enorme confusión pública, en la que participaron los partidos políticos y la prensa, porque hasta la hora de la reunión nadie imaginó que esa reunión era para hablar de otra cosa”.

El exjerarca cree que “ahora la están tratando de dibujar un poco porque quedaron muy mal parados. Capaz que cambian de opinión y aceptan un proceso de acuerdo”. En caso de que eso suceda, es optimista, ya que “el Frente Amplio dialoga con todos los partidos, después de la reunión algunos delegados de los partidos de la coalición hablaron conmigo y me dijeron que tenía razón en lo que había planteado”.

Leal recordó que “ya hubo acuerdos incluso en los momentos más difíciles del Ministerio del Interior de la gestión anterior, en 2016, cuando ya pedían la renuncia de Bonomi a cada rato; hubo una mesa en la que participaron por el Partido Nacional Luis Alberto Heber, Javier García y Guillermo Besozzi”. Por tanto, subrayó, “el ministro tiene experiencia de lo que es una mesa de acuerdo”.

Un exjerarca policial antes del gobierno frenteamplista que aceptó hablar con Caras y Caretas a condición de no divulgar su nombre dijo: “Como policía profesional me sorprendió la convocatoria del Ministerio del Interior en la etapa final de una administración, que entra en su cuarto año y donde el Partido Nacional optó por la conducción directa de la política de orden público. Es válido que al iniciar un nuevo período de gobierno se analice el estado de la seguridad y elabore su opción. Pero se debió tener la grandeza de mantener lo que era útil”.

Agregó que “es extraño también que solo un partido, Cabildo Abierto, concurrió llevando a un exintegrante de un órgano de seguridad. Ya transcurrido unos días, veo que rechazan si consideran la postura documentada del Frente Amplio y me surge la interrogante sobre qué habría sucedido si un partido integrante de la coalición hubiera llevado una propuesta”.

Por su parte, Sanjurjo consideró que la oposición “está muy radicalizada y tira abajo” todas las propuestas que surgen desde el gobierno. Lo mismo consideró el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado.

El 19 de agosto del 2019, en declaraciones realizadas a la diaria, Sanjurjo decía: “Si la miramos desde el punto de vista histórico, Eduardo Bonomi ha estado entre los mejores ministros que hemos tenido. Hizo muchas cosas bien, a destacar y difíciles. En el Estado uruguayo no es común que se reforme de esa manera la forma de trabajar. En ese sentido, es destacable y nos da herramientas para que el siguiente gobierno trabaje bastante mejor”.

Agregó que “el equipo de Bonomi hizo lo que le dejaron hacer, porque hay un ala izquierda del Frente Amplio (FA) que le puso todos los obstáculos posibles a su trabajo. Todas las reformas que hizo, que son muy positivas, como la profesionalización de la Policía, la mejora de sus salarios, la integración de tecnología, son aquellas que le permitieron hacer. Entonces, mi opinión del MI es una y mi opinión de la fuerza política que lo condiciona es otra muy distinta”.

Para Sanjurjo, “está la idea, muy marcada, de que la forma de combatir el delito es bajando la pobreza y la desigualdad, que sin duda son factores importantísimos, pero por la primera página de cualquier manual de criminología uno sabe que no son los únicos factores, y que en un país como el nuestro no se va a bajar la delincuencia haciendo solamente eso”.

En su proyecto sostuvo que “queremos una Policía de cercanía y orientada a problemas. Esto significa que esté mucho mejor entrenada que la que tenemos actualmente y sea capaz de entender que es solo una pata de la respuesta a la inseguridad. Es decir, si queremos reducir la inseguridad en este país, la Policía tiene que trabajar obligatoriamente con los educadores, los médicos, los trabajadores sociales y las intendencias. Y eso, para una Policía que no tiene nivel terciario, como la enorme mayoría, es muy difícil de comprender. Entonces, tenemos que dar ese paso para adelante y profesionalizarla en ese sentido: que la Policía entienda sus límites pero también la forma de comportarse”.

Tres años después queda claro que el BID malgastó su dinero.

El futuro de Heber

El presidente Lacalle Pou reafirmó esta misma semana su apoyo al ministro del Interior. Parece no percibir que su gestión se hunde.

Heber es un hombre poderoso en la interna del Partido Nacional. Hoy es el líder de la lista 71, la del expresidente Luis Lacalle Herrera. Y aunque no fue la más votada, por sus acuerdos cuenta con varios senadores y diputados.

Todas las fuentes nacionalistas consultadas coinciden en que su poder se sostiene, no en las propuestas, sino en la capacidad para obtener financiación electoral.

Heber fue parlamentario desde 1985, ocupando bancas como diputado y como senador. No se recuerdan proyectos de ley significativos por él presentados.

Fue en este gobierno cuando por primera vez ocupó cargos ministeriales. Primero en Transporte y Obras Públicas y allí promovió la entrega de la Terminal de Contenedores a la empresa belga Katoen Natie. Luego del fallecimiento de Jorge Larrañaga, pasó a Interior.

Otra vez las mismas fuentes nacionalistas explicaron que “un problema no menor para sustituirlo es que si deja el ministerio debe volver al Senado. Y entonces debería dejar su banca Gustavo Penadés, el legislador más lúcido y respetado por todo el Parlamento, el único con capacidad de diálogo con oficialismo y oposición y toda una garantía a la hora de establecer acuerdos. Y aunque volvería a Diputados, ya no sería lo mismo. Su salida sería una pérdida muy importante para todo el partido”.

Todo parece indicar que para resolver sus problemas políticos internos, el Partido Nacional mantendrá a Heber. Aunque ello signifique un grave problema para los ciudadanos y también para la Policía.