Luis Alberto Heber es el ministro peor evaluado por la ciudadanía; la inseguridad es la mayor preocupación de todos los uruguayos. Pero esos no son sus únicos problemas porque, además, le mintió al Senado durante la interpelación por el caso Marset; le mintió a la gente asegurando que no iba a participar de la campaña electoral; defendió a su amigo Gustavo Penadés y, peor, ha contribuido a destruir a la Policía.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.
ASOCIARMECaras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Cualquier balance que se realice con rigor sobre la gestión de Luis Alberto Heber al frente del Ministerio del Interior es negativo. Probablemente ni él mismo recordará bien estos últimos tres años.
Hasta el 2020 fue el legislador con mayor antigüedad en el Parlamento. En 1984 resultó elegido diputado por primera vez en representación de Rivera. Es uno de los fundadores de la lista 71 del herrerismo, junto con Luis Alberto Lacalle Herrera, Penadés y Gustavo Borsari, que llegó a ser la más votada en Montevideo.
Debutó como ministro de Transporte y Obras Públicas con la asunción del gobierno de coalición. Una de sus primeras decisiones fue adjudicar la terminal de contenedores a la empresa belga Katoen Natie.
Por eso fue denunciado en la fiscalía de Delitos Económicos por la bancada de senadores del Frente Amplio. La causa aún se investiga, después de varias alternativas.
En mayo del 2021, ante el fallecimiento de Jorge Larrañaga, Heber asumió como ministro del Interior. Heredó la estructura que le dejó su antecesor.
El periodista Gabriel Pereyra escribió en su columna de Búsqueda que “el Ministerio del Interior, como el pescado, se pudre desde la cabeza”.
Y los hechos posteriores demuestran la razón del colega.
La entrega de un pasaporte a Sebastián Marset, un importante narcotraficante uruguayo que estaba detenido en Dubái por intentar ingresar con un pasaporte paraguayo falso, provocó una crisis en el gobierno que se expresó con la renuncia de la vicecanciller Carolina Ache.
A partir de allí comenzó un cruce de facturas entre la Cancillería e Interior, que no hizo más que revelar la desidia e inoperancia de sus máximas jerarquías.
Todos sabían que Marset era un narco peligroso. Todos sabían que Marset mintió cuando dijo que estaba alojado en un hotel 5 estrellas de Dubái, cuando en realidad estaba preso.Todos aceptaron las gestiones y presiones del abogado Alejandro Balbi. A nadie se le ocurrió llamar al Ministerio del Interior de Paraguay, porque así se habrían enterado que Marset estaba requerido.
Francisco Bustillo y Heber, junto a las jerarquías de ambos ministerios, mintieron descaradamente cuando fueron interpelados por el Senado de la República. Los chats intercambiados entre Ache y el subsecretario de Interior, Guillermo Maciel, evidenciaron todas las falsedades.
De esa interpelación surgió una única acción contra un funcionario de segundo orden de Identificación Civil, cuyo sumario y suspensión en el cargo fue anunciado por el ministro en el Senado. Pero al culminar la investigación administrativa no se encontró ninguna falta grave. El acusado solicitó su pase a retiro.
Lo que Heber no quiso asumir es que la expedición del documento a Marset es de entera responsabilidad de su ministerio.
Un hecho muy grave porque, mientras el ministro grita a voz en cuello que están en guerra contra el narcotráfico, al mismo tiempo permitió que un capo narco ande suelto por el mundo con un documento oficial uruguayo.
Por este caso, Heber enfrenta su segunda denuncia penal y en los primeros días de noviembre deberá declarar como indagado ante el fiscal de Delitos Económicos, Alejandro Machado.
Casi la mitad de las jerarquías policiales involucradas con Astesiano
El caso Marset aún era motivo de debate público cuando estalló el escándalo que tiene como protagonista a Alejandro Astesiano, hasta el día de su detención jefe de la seguridad personal del presidente Luis Lacalle Pou.
Entonces todo parecía circunscribirse a la expedición de pasaportes legítimos con datos falsos a ciudadanos rusos. Pero la investigación encontró que se usó parte de la estructura policial para vigilar, a pedido de empresarios o amigos, a terceras personas sobre las que no había ninguna requisitoria judicial. Una tarea de espionaje, digamos.
Luego aparecieron los vínculos con empresarios que pretendían hacer negocios con el Estado. Y algunos lo lograron.
Las tareas de espionaje se extendieron sobre dos senadores de la oposición a los que alguien pretendía extorsionar para que retiraran una denuncia, precisamente contra el ahora ministro del Interior, cuando estaba en Transporte y Obras Públicas.
También se espió a un exdirector Nacional de Policía que había expresado públicamente sus discrepancias con la LUC. Fue espiado el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala. Y hasta la exesposa del presidente fue espiada para conocer el destino de un viaje privado.
En el medio, Astesiano también hacía gestiones para colocar amigos en la Policía: para fraguar documentos que impidieran que su hijo fuera preso por poseer una moto robada y para que se vigilara a la pareja de su hija que ejercía violencia doméstica. Además, vigiló, mediante las cámaras de la Policía, a la novia de un amigo que se creía engañado o la casa de un amigo del secretario privado del presidente al que le habrían intentado robar el auto. Hasta el famoso pescado de Emiratos Árabes, que luego repartió Lacalle, vino a su nombre.
Hace 10 días La Diaria publicó un extenso chat que Astesiano mantuvo, antes de caer detenido, con un funcionario del Ministerio de Industria, identificado como “Ricardo”, a propósito de la situación de una pareja de ciudadanos rusos que se casaron en un supermercado del Chuy, que ellos extorsionaban y que podrían ser detenidos por la Policía de Rocha.
En un tramo, Astesiano dice: “No entienden que la Policía Nacional depende, como quien dice, de mí. Tienen que jugar conmigo o están todos muertos, porque ellos se cagan, no se van a tirar contra mí”.
La investigación posterior demostró que, efectivamente, tenía control sobre la Policía.
Para casi todas sus acciones corruptas, Astesiano contó con el apoyo imprescindible de algunas de las más altas jerarquías del Ministerio del Interior y usó recursos públicos para fines diferentes a las tareas inherentes a sus labores.
El subdirector Nacional de Policía renunció al cargo. El director de Investigaciones, Jorge Berriel, fue formalizado por la fiscal Gabriela Fossati. Bajo investigación quedó el responsable de controlar a las empresas de seguridad privadas.
Heber ordenó investigaciones sumarias y todas dieron bien. Raro, porque mientras aseguraban respetar y colaborar con Fiscalía, todos los esfuerzos internos estaban dirigidos a entorpecer la labor judicial y salvar la responsabilidad de los jerarcas.
Casi como un espejo de lo ocurrido durante la convocatoria del Senado por el caso Marset, también en la que se hizo por el caso Astesiano el ministro anunció la separación del cargo y sumario a un jerarca de segundo orden. Pero culminada la investigación tampoco se encontraron irregularidades importantes.
En tanto, la fiscal Sabrina Flores acaba de formalizar a Marcelo Acuña, militar retirado y CEO de Vertical Skies, una empresa que obtuvo varias licitaciones estatales, acusado de espiar a los senadores Mario Bergara y Charles Carrera. Flores dijo tener la convicción de que hay más personas involucradas. Por lo pronto, falta saber quién ordenó el espionaje y quién pagó.
Ricardo Martínez, otro responsable de la seguridad presidencial, acusado de ofrecer a Astesiano información sobre ambos senadores frentistas, declaró en fiscalía que “lo hizo porque Alejandro (Astesiano) le dijo que el presidente quería ir a fondo con el asunto”.
Al respecto, el presidente afirmó en rueda de prensa el miércoles pasado: “Hasta donde yo sé, es un tema privado. Son privados que piden información. No sé qué es lo que yo debería opinar o en qué me debería sentir aludido”.
Los amigos de Penadés
Las denuncias por abuso sexual de menores contra el senador Penadés expusieron, una vez más, a quienes confunden la actividad pública con la vida privada. Entre ellos, el propio presidente de la República, el ministro del Interior y el senador herrerista Rodrigo Blás.
Los tres coincidieron, con diferente énfasis, en destacar su amistad con el legislador investigado. Pero Heber, olvidando una vez más su responsabilidad como jefe político de quienes deben ser auxiliares de la Justicia, fue más allá y calificó las denuncias como “una difamación”.
En medio, tuvo un fuerte entredicho con dos juezas que, según él, permitieron que dos narcos importantes se escaparan.
Pero la periodista Georgina Mayo reveló en el programa Legítima Defensa que “del expediente del narcotraficante González Bica –uno de los fugados– surge la solicitud que realizó la Dirección Nacional de Supervisión de Libertad Asistida (DINASLA), indicando que el imputado podía ausentarse de su casa por su cuenta porque no podían cumplir con todos los traslados y que no había riesgo, ya que podría ser controlado por la tobillera. O sea, es el mismo Ministerio del Interior quien solicita a la jueza que el imputado vaya y venga a piacere".
Mayo agregó que “la Dinasla demoró 48 horas en notificar a la jueza sobre la ausencia del recluso de su lugar de prisión domiciliaria”.
La colega consideró que “el manejo del Ministerio del Interior en este caso deja muchas dudas y evidencia que las críticas del ministro Heber a la justicia son una forma de desmarcarse del hecho para desviar la mirada de la opinión pública”.
Ahora, luego de la formalización de Penadés, otra vez Heber intentó desmentir a la Fiscalía. El miércoles negó enfáticamente que la policía tuviera una investigación paralela a la de Fiscalía en apoyo del exsenador acusado.
Pero los hechos, porfiados, lo desmienten una vez más. Fue la propia fiscal, Alicia Ghione, quien informó de la participación de policías y otros funcionarios públicos en una investigación paralela para revelar los nombres de las víctimas que habían declarado contra Penadés.
El mismo martes había ordenado detener al director del Comcar, Carlos Taroco, a la vez que investigaba por lo menos a dos policías que sin orden judicial hicieron seguimientos y vigilancias sobre varias personas, incluída la fiscal.
Búsqueda informó ayer que “el caso Penadés puso nuevamente bajo sospecha el uso que los policías realizan del Sistema de Gestión de Seguridad Pública del Ministerio del Interior”.
Heber miente y pretende que todos creamos sus mentiras.
Corrupción policial
Sería injusto acusar a toda la fuerza policial como corrupta. Pero es evidente que, sobre todo a nivel de las jerarquías, subsistieron y subsisten amplios nichos de corrupción.
Desde el principio de esta gestión de gobierno quedó claro que se disponían a barrer todo vestigio de tiempos pasados. La enorme cantidad de destituciones, renuncias y formalizaciones de oficiales y efectivos policiales muestran que los cambios fueron para peor.
El futuro de Heber
Ante todo este panorama lo único razonable sería la renuncia o destitución de Heber. Pero el presidente, haciendo lo que antes tanto cuestionó, le manifestó su total respaldo.
En tanto, el ministro, que apoya a la precandidata Laura Raffo y que había dicho públicamente que no participaría en este tramo de la campaña, recorre el país acompañando a su candidata.
Heber ya no es garantía para nadie. La seguridad es un fracaso. El presidente insiste. El ministro se irá en marzo. Durante la campaña volverá a mentir. Pero ahora nadie debería ignorarlo.