Ayudamemoria
La lista seguramente esté incompleta y hay distintos niveles de importancia, pero los hechos denunciados y sus consecuencias no evidencian que, si fueron conductas erráticas, hayan sido corregidas, y que, pasado el estado de conmoción pública, algunas situaciones no se volvieran a repetir desde las “sombras” donde se venían produciendo.
Comisiones de género
Las comisiones de género en todos los ámbitos del Estado parecen no haber tenido una actuación que pudiera cumplir su función a cabalidad; algunas por deficiencia en el funcionamiento de la comisión y otras por no contar con el apoyo de las autoridades de la institución en la que estaban presentes.
En lo que hace al registro de denuncias sobre casos de acoso laboral y/o sexual hay al menos tres organismos donde las denunciantes no se han sentido contenidas o contempladas en sus derechos y tratamiento de denuncias: Ministerio de Defensa Nacional (Hospital Militar, misiones en el exterior y en sus tres armas), Ministerio de Relaciones Exteriores con denuncias de situaciones en embajadas y consulados y en el Instituto Nacional de Estadística.
Pedidos de informes
A mediados del periodo de gobierno, año 2023, la Unidad de Acceso a la Información Pública daba cuenta de la cantidad de organismos públicos que estaban por debajo de los índices promedio de respuestas al Parlamento y a la ciudadanía en general. En esa nómina, el Ministerio del Interior se lleva todas las palmas, pero el resguardo en el “secreto” legal pero injustificado fue una tónica bastante generalizada.
Gobiernos departamentales que realizaron contratos con la Fundación A Ganar (por nombrar solo algunas de las más conocidas): Paysandú, Rocha, Maldonado.
El esquema Astesiano
La red de contactos en organismos públicos con la que funcionó el exjefe de la seguridad presidencial Alejandro Astesiano no hay evidencia de que haya sido desmantelada. Ello a pesar de la remoción y sanción a algunos jerarcas o el procesamiento del propio Astesiano.
Como el “lobby” empresarial y político no está considerado un delito, en un país del tamaño de Uruguay los vínculos sobreviven a cualquier administración.
Si se toma como punto de partida el esquema Astesiano y lo que la Justicia ha podido comprobar, hay varias instituciones donde resulta sensato volver a observar luego de transcurrido el tiempo (y la atención de la opinión pública) en qué estado se encuentran. Hubo todo un esquema de funcionamiento que permitió llevar adelante determinados negocios o acceder a información privilegiada en:
- Torre Ejecutiva (sobre todo en la dirección encargada de puesta a remate de vehículos usados).
- Ministerio de Defensa Nacional. Compra de equipamiento militar (uniformes, armamento etc.), sobre todo en la Armada y el Ejército.
- Ministerio de Industria, Energía y Minería. Pertenecientes al mismo esquema hubo compras denunciadas por la directora de la oposición en el directorio de UTE (hoy ministra, Fernanda Cardona) por la compra de un dron de características militares, pero también de concesiones a privados, denunciadas por el director de Cabildo Abierto.
Un funcionario del MIEM era una pieza clave en el esquema de relacionamiento de varios empresarios privados que se conectaban a través de él con otros organismos.
Ministerio del Interior. El esquema Astesiano permitió visualizar una red de funcionarios y jerarcas en algunas aduanas, en la Dirección de Registros (partidas) y en Migraciones (pasaportes y controles fronterizos).
Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El esquema evidenció siguiendo con la lógica lobbysta acceder a llamados para obras en rutas nacionales, por ejemplo en Ruta 9 y 10.
Misterios en ministerios
Salud Pública. Los términos del contrato del MSP con el laboratorio Pfizer aún son desconocidos a pesar de la gravedad de la pandemia del covid-19 que afectó a Uruguay. De la misma situación pandémica parece necesario saber la gestión y destino del Fondo Covid-19.
Hay todo un capítulo en ASSE que es la situación de la presupuestación de más de 400 funcionarios sobre el cierre del ejercicio, la gestión en la compra de medicamentos y en las colonias psiquiátricas y Hospital Vilardebó.
Ministerio de Industria, Energía y Minería. Hay una zona gris en la situación de las concesiones de explotación en minería (Canteras).
El nuevo Gobierno en OSE pretende modificar las condiciones del contrato del Proyecto Arazatí, pero públicamente no ha sido claro el proceso de selección de las empresas.
Siguiendo con OSE, hay todo un capítulo en la contratación de personal para cuadrillas que realizan obras en los asentamientos, que en su momento fue un convenio con el Mides.
A nivel del proyecto de hidrógeno verde, algunas de las empresas detrás del mismo fueron denunciadas en Europa y en Estados Unidos por no hacer frente a deudas fiscales.
Ministerio de Desarrollo Social. La participación de Uruguay Adelante en la distribución de alimentos a ollas populares y el impacto que generó en el Instituto Nacional de Alimentación (INDA) parece dar más que sobrados motivos para conocer la gestión realizada.
Lo mismo en la contratación de hoteles, algunos propiedad de correligionarios como la exsenadora Verónica Alonso.
Ministerio de Defensa Nacional. En las tres armas hay situaciones para terminar de esclarecer a pesar de la actuación judicial e investigaciones internas.
- El Sistema de Control Vehicular (SISCONVE), según Javier García, iba a comprender toda la flota del Ministerio y las tres armas, pero no solo no se conoce su alcance, sino que la empresa que iba a instalar los equipos pertenece a un familiar del expresidente Lacalle Pou.
- Situaciones de apariencia delictiva en la Fundación Carlos Enciso del Hospital Militar y en el Servicio de Cantinas Militares.
- Situaciones de apariencia delictiva en la Armada y de mal uso de los recursos del Estado que van desde facturaciones por compras de alimentos y equipamiento militar hasta el uso por parte de privados del Capitán Miranda.
- Denuncias de utilización de los servicios de información de la Fuerza Aérea para fines ajenos a los definidos y sin control aparente de las autoridades de la Fuerza.
Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El exministro Falero pertenece a una familia de transportistas de carga. Su reticencia a poner en marcha un sistema de control de las flotas vehiculares generó suspicacias sobre la intencionalidad de los intereses privados con la gestión pública, al igual que la prioridad en determinadas obras viales.
Ministerio de Vivienda. Sobre el cierre del período detonó la situación en el Plan Juntos con varias denuncias de clientelismo que se arrastran de la época de la exministra Irene Moreira.
Tampoco fue públicamente difundido el famoso financiamiento para la regularización y obras en asentamientos irregulares, a partir de la propuesta del uso de recursos del Instituto Nacional de Colonización.
Tampoco se conoce el alcance de la gestión de la Vivienda Promovida de la Agencia Nacional de Vivienda.
Hay toda una serie de situaciones que tuvieron como protagonistas a otros organismos: Turismo y contratación de agencias de publicidad; Cancillería y la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande; el pasaporte Marset; Interior y sistemas de control fronterizo; Finanzas y Presidencia y empresas exoneradas de pagos de determinados impuestos; Ganadería y gestión del sistema de registro animal.
