Hotel en la franja costera: la Junta le pasó la pelota al Ministerio

El empresario argentino Diego Finkelstein, director y único accionista de la empresa Luna Colonial S.A. propietaria del proyecto, se presentó ante la Intendencia de Maldonado solicitando autorización para construir un “hotel de campo” en un predio de casi 7 hectáreas que está ubicado sobre la franja costera en una zona llamada La Juanita.

El proyecto, con un informe favorable de la directora de Urbanismo, arquitecta Soledad Laguarda, fue derivado a la Junta Departamental, ya que necesitaba excepciones a la ordenanza.

El expediente ingresó a la Comisión de Obras con mayoría nacionalista, y tanto los peticionantes como la directora de Urbanismo de la Intendencia fueron citados para conocer detalles del proyecto.

Con una inaudita celeridad, el lunes se aprobó el informe enviado por el ejecutivo departamental y el martes decidieron convocar a una sesión extraordinaria para la noche siguiente.

Ediles blancos reconocieron que “el intendente les ordenó que el expediente se aprobara sí o sí”. Y en la sesión del plenario se supo que, además, Antía le prohibió a Laguarda que volviera a la comisión, como pretendían los ediles del FA.

En su única presentación, la directora de Urbanismo, autorizante y única firmante del informe que remitió la Intendencia, reconoció que “no conocía las ordenanzas” referidas al tema.

El edil Joaquín Garlo (MPP-FA) dijo a La Diaria que el expediente enviado por la Intendencia presenta “desprolijidades” de la administración e “inconsistencias” planteadas por el inversor, cuya apoderada es la abogada Inés Pereda.

Uno de los aspectos señalados por el edil refiere a que el director general de Planeamiento de la Intendencia, “el arquitecto jubilado Roberto Chiacchio, completó y firmó el documento con los datos personales y la constitución de domicilio de los gestionantes, que es parte de la solicitud de viabilidad con excepciones planteada a la comuna”.

Cuando en la Comisión de Obras se le preguntó a la abogada Pereda cuál era el papel de Chiacchio, contestó: “No sé, debe ser el representante de Mathias Klotz. Indudablemente debe de tener que ver con el hecho de que Klotz no es uruguayo y un arquitecto uruguayo tendría que ser el responsable del proyecto”.

Klotz es el profesional chileno que diseñó el hotel que se pretende construir.

Pocos minutos después, al comparecer ante la misma comisión, la arquitecta Laguarda despejó las dudas informando que “el estudio Chiacchio será la contraparte en Uruguay y que el hijo de Roberto, Santiago Chiacchio, será el arquitecto responsable”. También consideró que “esa firma no tendría que estar ahí”.

“Gestión irresponsable”

El miércoles, antes de la sesión del legislativo departamental, la Red Unión de la Costa (RUC) emitió un comunicado publicado en su muro de Facebook, en el que señalan: “La costa de Maldonado está en peligro por la gestión irresponsable del Gobierno departamental”.

Agregan que “la Junta Departamental de Maldonado busca habilitar la construcción de un hotel en la franja de protección costera de 150 metros, en un predio categorizado como rural en las cercanías de José Ignacio”.

El comunicado refiere las irregularidades administrativas señaladas por el edil Garlo y cita la nota publicada por Caras y Caretas el pasado martes.

La RUC sostiene que “aspectos más graves son que la Intendencia no hace referencia ninguna de la normativa nacional y departamental vigente sobre el espacio costero, o que el instrumento de hotel de campo que se pretende aplicar debe ser usado en predios con producción rural, característica inexistente en el sitio”.

Finalmente, aseguran que “desde la RUC nos oponemos firmemente a esta excepción”, e instaron “a los habitantes y visitantes del departamento a seguir la votación de este miércoles, a partir de las 19:00, desde las barras de la Junta Departamental o por su transmisión en vivo a través del canal de YouTube de la corporación”.

“En caso de ser aprobada esta disposición, como lo hemos hecho en otras instancias de irregularidades, tomaremos acciones administrativas y judiciales, para revertir la resolución”, concluye el texto.

El show montado en la Junta

La sesión extraordinaria de la Junta Departamental fue citada para las 19:30 horas del pasado miércoles. Las barras estaban repletas de público, la mayoría convocados por la Red Unión de la Costa.

La reunión comenzó a las 20 horas y el edil blanco Adolfo Varela sorprendió presentando una moción de orden, que según el reglamento debe ser considerada inmediatamente, para plantear “una cuestión de fueros”, basado en afirmaciones realizadas en sus redes sociales por la edila suplente Ana Antúnez (FA).

Este debate ocupó algo más de seis horas, con varios cuartos intermedios, culminando pasadas las 2:30 de la madrugada, cuando la mayoría de los ciudadanos que pretendían asistir al debate sobre el hotel de campo ya se habían retirado.

En realidad el legislativo tenía para considerar esa noche un total de 23 expedientes referidos a autorizaciones para regularizar obras o construir con excepciones a las ordenanzas.

Varios se votaron a tapas cerradas. Pero el que motivó un amplio debate fue el referido al hotel de campo sobre la franja costera.

El edil frenteamplista Joaquín Garlo, redactor del informe en minoría, fue quien expresó las razones por las que su bancada se oponía al proyecto.

Citó el Código de Aguas (ley 14.859 aprobada en 1978) que prohíbe construir a menos de 150 metros de la última rompiente de la ola.

También el artículo 172 del Texto Ordenado de Normas de la Construcción (Tone) de Maldonado establece que “para las edificaciones y fraccionamientos en predios frentistas a zonas contiguas a los cauces de agua de dominio público o fiscal del Departamento, se establece una servidumbre ‘non edificandi’ dentro de la faja de 150 mts. contigua a dicho cauce. Será requisito indispensable para la aprobación del permiso municipal respectivo, la cesión al dominio público de la faja de 150 metros antes mencionada”.

Garlo hizo referencia a las leyes de Ordenamiento Territorial (nro. 18.308) aprobada en el año 2008 y la de Regulación de la Actividad Turística (nro. 19.253) aprobada en el año 2014. Ambas normas impiden la construcción en la franja costera. Para el edil, la propuesta del hotel no es “excepcionable”.

Y además sostuvo que era “histórico que una ordenanza que surgió a partir de un procesamiento por coimas relacionado con la misma zona, sea dejado de lado por un nuevo proyecto en el mismo lugar”.

Por su parte, el informe presentado por los ediles blancos, que fue aprobado por 21 votos en 30, dió viabilidad a la consulta realizada por la Intendencia a los efectos de habilitar la gestión del solicitante ante el Ministerio de Medio Ambiente, quien deberá expedirse sobre la correspondencia o no de la construcción. Si se obtienen las autorizaciones nacionales deberá volver a la Junta.

El edil nacionalista Javier Sena recordó que en el “2018 la entonces ministra Eneida de León (Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente) había aprobado la construcción de un Centro de Convenciones y varios bungalows en un predio cercano”, pero olvidó mencionar que ese predio está categorizado como suburbano, en tanto el que ahora se debatía es predio rural.

En tanto, el también nacionalista Luis Artola recordó que “cuando se votó la construcción del hotel Conrad, el Frente Amplio se oponía porque decía que eran gringos o iba a generar problemas sociales”.

Pero Artola no recordó que, según la vesrión taquigráfica de la sesión de la Cámara de Diputados, donde se aprobó el permiso para operar el casino privado, hubo tres votos en contra: los de los diputados frenteamplistas Sergio Previtali y Helios Sarthou y, aunque parezca mentira, el del entonces diputado colorado Wilson Sanabria, quien afirmó que “se oponía porque ese casino iba a ser un lugar de lavado de dinero, prostitución y drogas”. Años después, ahora senador, Sanabria se convirtió en consuegro del gerente general del hotel Conrad.

Por último, los ediles le pasaron la pelota al Ministerio, porque en la Junta los votos para la sanción definitiva están asegurados. Tal como, en plena campaña electoral, lo ordenó el intendente Antía.

Pero, tal como lo advirtió la Red Unión de la Costa y la bancada del Frente Amplio, el expediente podría ser llevado a la Justicia.