Ingresos a dedo: el clientelismo político y el poder

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El clientelismo y el nepotismo han sido males frecuentes en la historia de los gobiernos departamentales. En una época “la tarjetita” servía no sólo para obtener un empleo, sino también otros beneficios. Pero para llegar a “la tarjetita” había que hacerse ver en los comités durante la campaña electoral o conocer a alguien “muy vinculado”. De tal forma que los políticos terminaban aprovechándose de las necesidades de la gente, pero usando dineros públicos.

Si bien algunos métodos han cambiado, el problema sigue existiendo y más desarrollado, como veremos más adelante.

¿Pero de dónde sale el dinero para estas prácticas clientelistas? Pues lo pone usted, estimado lector, independientemente del lugar en que resida.

Si el Gobierno nacional, a través de la OPP, no destinara generosos recursos para las intendencias, nueve de ellas no podrían siquiera pagar los sueldos y otras siete verían muy comprometido su funcionamiento. Curiosamente algunos de los gobiernos departamentales más deficitarios son los que han ingresado mayor número de funcionarios por “designación directa” y, además, son los que tienen más cantidad de empleados cada 10.000 habitantes.

Un primer dato que llama la atención es que los gobiernos departamentales encabezados por el Partido Nacional (15 en total) han desconocido las reiteradas convocatorias del presidente Luis Lacalle Pou, reclamando “el cuidado de los dineros públicos” y la “reducción de gastos”.

En la información oficial de la Oficina de Servicio Civil se constata que algunos de los departamentos más pobres y gobernados por blancos son los que más funcionarios “a dedo” han nombrado. Ello presupone otra lectura. Los sectores más pobres del país pagan impuestos para que algunos departamentos ricos –porque obtienen sus mayores recursos de la Patente de Rodados y la Contribución Inmobiliaria Rural– puedan seguir funcionando.

Otro dato a tener en cuenta es que los salarios son diferentes en todas las intendencias y juntas departamentales y eso incluye a todos los grados, personal de confianza y hasta los propios intendentes.

El artículo 659 de la ley 19.924 (Presupuesto Nacional 2021–2024) establece que el acceso de los gobiernos departamentales a los dineros que aporta el gobierno central –3.33 % del Presupuesto– está sujeto al cumplimiento de las “metas que emerjan de compromisos de gestión que los gobiernos departamentales suscribirán en el marco de la Comisión Sectorial de Descentralización”, con la condición previa de no tener deudas pendientes de pago por los consumos corrientes de servicios públicos.

Esas metas son las siguientes:

A) La adopción de planes de austeridad en el gasto público local, sin afectar las inversiones y servicios orientados al desarrollo social y humano de los territorios.

B) La adopción de planes tendientes al equilibrio de las finanzas departamentales, sin que ello implique recortar recursos actualmente destinados a las políticas sociales y de género de las intendencias.

C) Reportar la información de ejecución financiera mensual, en formato que brindará la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y que, a partir del ejercicio 2022, deberá ser presentado antes del día 20 del mes siguiente al que se informa. En caso de incumplimiento total de dichos compromisos de gestión, el porcentaje que le corresponda al Gobierno Departamental se calculará en base a una partida equivalente al 2,90 % o en base a la que corresponda según la ponderación establecida para cada compromiso.

Sin embargo, cada intendente hace lo que quiere sobre el principio de la autonomía departamental establecido por la Constitución.

El clientelismo lo pagamos todos

Los datos que consignamos provienen del “Informe de Vínculos Laborales con el Estado” que prepara la Oficina Nacional de Servicio Civil para ser presentado junto a la Rendición de Cuentas, y están cerrados a diciembre del 2021. Por lo que, al día de hoy, han tenido variantes.

El 47 % de los ingresos de nuevos funcionarios, cerrados el año 2021, fueron por designación directa. En 6 intendencias (Cerro Largo, Durazno, Lavalleja, Rio Negro, Rivera y Soriano) no hubo ni un concurso ni sorteo.

Soriano encabeza la lista con 327 ingresos “a dedo”. Le siguen Cerro Largo con 195, Artigas con 173, Canelones con 166, Salto con 137 y Río Negro con 122. De la misma forma en Montevideo ingresaron 49 y en Maldonado 47.

Pero la Intendencia de Montevideo fue la que más ingresos por concurso registró: 427. Curiosamente, Maldonado, que tiene una población equivalente al 15 % de los habitantes que tiene la capital del país, ingresó por sorteo a 406 personas. En Flores ingresaron 380, en Rocha 214 y en Canelones 153.

Montevideo es el departamento con la menor cantidad de funcionarios, 61 cada 10.000 habitantes. Luego Canelones tiene 72, San José 76 y Rivera 98 en la misma proporción.

En el otro extremo, Flores, con 335 es el que tiene más, le siguen Río Negro (291), Treinta y Tres (263), Rocha (235), Lavalleja (237) y Artigas (213).

Canelones, Montevideo y Salto, que tienen casi el 60 % de la población del país ocupan al 38 % de los funcionarios “municipales”.

Montevideo tiene casi 5 veces menos funcionarios en relación a su población que Rio Negro, Canelones 3 veces menos que Durazno y 4,8 veces menos que Flores.

La Intendencia de la capital cuenta con 8.297 funcionarios para atender a 1.400.000 habitantes, en tanto la Junta Departamental (cuyo presupuesto lo pagan enteramente las intendencias) tiene 192 funcionarios.

Le sigue Canelones con 600.000 habitantes, 4.310 funcionarios en la Intendencia y 106 en la Junta.

Luego está Maldonado con 200.000 habitantes, 3.053 empleados en la Intendencia y 107 en la Junta.

Flores tiene 25.000 habitantes, emplea a 841 y 47 respectivamente.

De acuerdo al informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil, los gobiernos departamentales tienen en total 38.996 funcionarios, de los cuales el 96,6 % corresponden a las Intendencias y el 3,4 % a las Juntas Departamentales.

Cada año el Congreso Nacional de Intendentes “pelea” con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), los recursos que recibirán del Gobierno central.

A la luz de las Rendiciones de Cuentas que cada intendencia presenta a las respectivas Juntas Departamentales a mediados de cada año, se entiende la desesperación por esos recursos. Porque para 16 representan la diferencia entre pagar o no los sueldos o reconvertirse totalmente.

De acuerdo a los datos consignados en esas Rendiciones cerradas al año 2021, sólo las intendencias de Montevideo, Canelones y Maldonado podrían funcionar con los recursos que recaudan por tributos departamentales.

En cambio, Artigas, Cerro Largo, Durazno, Florida, Lavalleja, Rio Negro, Rivera, Tacuarembó y Treinta y Tres reciben más del 100 % de lo que recaudan y Colonia, Flores, Paysandú, Rocha, Salto, San José y Soriano reciben casi lo mismo que sus ingresos departamentales.

Los aportes centrales le permiten tener superávit a las intendencias de Durazno, Paysandú, Rio Negro, Rocha, San José, Soriano y Treinta y Tres.

Canelones y Maldonado recaudan casi lo mismo, aunque esta última con la tercera parte de habitantes recibe más dinero del Gobierno central. Pero aún así mantiene un déficit importante mientras que la Intendencia “canaria” tiene superávit.

Gobernados por “patrones de estancia”

En setiembre pasado, Carlos Albisu tuvo que renunciar a la presidencia de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande después que solicitara al Ministerio de Economía un “refuerzo” de 200 millones de pesos y al mismo tiempo se supo que había nombrado a 36 nuevos funcionarios, de los cuales 12 eran ediles de su sector.

Albisu, un dirigente muy cercano al presidente Lacalle Pou, no ocultaba su intención de ser intendente salteño. Por eso no vaciló en usar dineros públicos para promoverse con diferentes acciones de carácter social. Y, para ello, contó, también, con el apoyo del colorado Germán Coutinho.

Después de una interpelación a los ministros Azucena Arbeleche y Francisco Bustillo, promovida por el Frente Amplio, la Cámara de Diputados, con votos de Cabildo Abierto, reclamó la renuncia de todos los nuevos ingresos. Pero hasta el momento sólo 4 ediles renunciaron a la Junta.

Un poco más al norte, Artigas es el símbolo del nepotismo. El intendente nacionalista Pablo Caram nombró a todos los familiares que pudo en cargos de “particular confianza”. Al mismo tiempo, toleró el cobro abusivo de horas extra por algunos de ellos.

Esta Intendencia es una de las que más funcionarios nombró “a dedo”. Pero para funcionar necesita recibir recursos del Gobierno nacional que equivalen a algo más del 100 % de lo que recauda.

En el este, el modelo impuesto por el intendente de Maldonado, Enrique Antía, le ha permitido entronizarse en el poder. Al ser una de las tres intendencias ricas que puede funcionar sin recibir recursos centrales, el jefe comunal gobierna como un verdadero “patrón de estancia”.

Al comenzar su segundo mandato en el año 2015, despidió a varios funcionarios contratados por la Dirección de Comunicaciones que habían ingresado por concurso durante el gobierno del frentista Óscar de los Santos.

“No se puede gobernar con el enemigo adentro”, dijo Antía. En realidad esa Dirección maneja un presupuesto de casi un millón de dólares al año para gastar en publicidad. De tal forma que ha logrado imponer la agenda informativa a nivel departamental. El medio que se sale de los comunicados oficiales no recibe la pauta mensual.

A su vez, la Junta Departamental viene gastando un promedio de 500.000 dólares al año en publicidad, pero sin nada que publicitar.

En el mismo tiempo, Antía dijo en Canal 11 de Punta del Este que “andaba con una libretita en la que anotaba el nombre de sus adversarios”.

La Junta Departamental de Maldonado, solo con votos de la mayoría nacionalista, aprobó en el 2015 el Presupuesto Quinquenal con un artículo que le permite al intendente contratar “al 30 % de los nuevos ingresos por designación directa”.

En materia de ingresos de personal, una cosa son los datos del Servicio Civil y otra la realidad. Porque en base a suculentas partidas de dinero anuales, la Intendencia de Maldonado tiene a la Fundación A Ganar como su “agencia de colocaciones”. Basta revisar las resoluciones publicadas en su web.

En tanto, la Intendencia colorada de Rivera, sigue las mismas pautas de sus colegas blancas.

Por su parte, el oficialismo ha denunciado recientemente que tanto en Salto como en Canelones los intendentes frenteamplistas Andrés Lima y Yamandú Orsi han cooptado a dirigentes de otros partidos nombrándolos en cargos de confianza.

La agencia de colocaciones

Hoy por hoy, los blancos son mayoría en el interior, gobiernan en 15 departamentos. Pero sus métodos para mantener el poder son, por lo menos, cuestionables.

Desde el nepotismo en Artigas, pasando por el clientelismo en Colonia, Tacuarembó, Cerro Largo, Treinta y Tres, Lavalleja y Rocha, hasta formas más sofisticadas, modélicas y difíciles de combatir como en Maldonado.

Tanto en Artigas como en Maldonado los blancos tienen cada vez más votos y el Frente Amplio, que gobernó en ambos departamentos, no tiene chance de regresar por ahora.

En tiempos de crisis, controlar el bolsillo de la gente permite mantenerlos cautivos, porque si viniera otro gobierno no tienen seguridad de seguir contando con esos contratitos chatarras, sin prestaciones sociales, pero que permiten llevar algo a casa.

Increíblemente, todos los organismos públicos que recurren a la Fundación A Ganar para ingresar personal evaden los aportes patronales y personales al BPS, porque la contratante está exonerada. Además los salarios son menores a los establecidos por el escalafón respectivo.

La Fundación A Ganar fue fundada en el año 2005 con el objetivo de “potenciar el desarrollo integral de hombres y mujeres, jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad socioeconómica, a través de un espacio de contención y referencia, el trabajo en valores, la capacitación técnica, la inserción laboral y la inclusión social, utilizando el poder transformador del deporte y la tecnología”, según expresan en su web.

Desde el principio estuvo dirigida por Magdalena Secco, esposa del exministro de Economía y exsenador blanco Ignacio de Posadas. La señora falleció en el 2021, pero hacía ya un tiempo que había delegado la presidencia en Alejandro Rico, exdirector del Instituto Nacional de la Juventud y asesor, entre otros, del intendente de Maldonado, Enrique Antía.

Verónica Martínez Vicentino, hermana de Nicolás Martínez, amigo y secretario particular del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se desempeña como subdirectora técnica.

A su vez, el secretario general de la Intendencia de Rocha, Valentín Martínez, es hermano de la secretaria técnica de la Fundación y del secretario privado de Lacalle.

A Ganar tiene contratos con varios ministerios e Intendencias, todas blancas, por cifras que son millonarias. En el año 2020, y sólo con el Gobierno de Maldonado, firmó un convenio por el que recibiría 270 millones de pesos, casi 7 millones de dólares. Pero, además, tiene contratos extra por centenares de miles de pesos mensuales, lo que eleva la cifra a casi 11 millones de dólares en dos años.

Por cada uno de esos contratos la Fundación percibe entre el 5 % y el 8 % de los sueldos nominales que paga, como “gastos de administración”, dependiendo de qué organismo se trate, más 2.500 pesos por cada alumno que participa de los innumerables talleres que organiza.

Todos estos contratos han sido observados permanentemente por el Tribunal de Cuentas de la República, pero al no existir sanción se reiteran una y otra vez.