Según declaró a la prensa el ministro de Defensa Javier García, la persona responsable de la filtración del documento con el plan de Inteligencia del Estado fue "un dirigente político" y no "un funcionario" del Parlamento.
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Esto lo afirmó en una entrevista con el programa Arriba Gente de Canal 10, en la que agregó: "El documento que salió, salió del Parlamento, como dijo Garcé".
“Algo que debió ser secreto, hubo una persona que lo hizo público, y eso es un acto de traición. Sea quien sea pienso lo mismo, el que lo haya hecho traicionó al país”, sentenció García en la misma línea de las recientes declaraciones del presidente de la República, Luis Lacalle Pou.
El mentado documento fue entregado por Álvaro Garcé, director nacional de Inteligencia Estratégica del Estado, a los legisladores que integran la Comisión Especial del Parlamento. Y poco después su contenido fue divulgado por el informativo del canal Tv Ciudad, por lo que Garcé presentó una denuncia ante Fiscalía, caso fue asumido por el fiscal Gilberto Rodríguez.
Pese a lo contundente de su declaración, el ministro García no dijo si tiene pruebas para sostener su afirmación.
Desde la oposición cuestionaron estas afirmaciones y argumentaron que el documento puede haber salido de otro organismo, como por ejemplo Defensa o Interior, que también tuvieron acceso al citado documento.
No le peguen al mensajero
Este martes el director de informativos de TV Ciudad, Eduardo Preve, declaró ante el fiscal especializado en Delitos Económicos de 3° turno, Gilberto Rodríguez, en la causa que investiga la filtración a la prensa del Plan de Inteligencia y desde hoy, miércoles 9, se tomará declaración a varios legisladores.
El exfiscal de Corte Jorge Díaz, que asistió a esta instancia como abogado de Preve, dialogó con la prensa luego de la comparencencia del periodista.
En primer lugar, Díaz remarcó que su defendido fue citado por Fiscalía en calidad de testigo y no en calidad de imputado, lo que tiene claras diferencias respecto a las consecuencias de la citación.
En tal sentido, explicó que fue citado como testigo porque la conducta de Preve no fue delictiva, sino que fue, estrictamente, la de obtener una información de interés público, realizar los chequeos correspondientes para determinar su fidelidad y, posteriormente, publicarla, por lo cual "no hace otra cosa que cumplir con la tarea de un periodista". Y añadió: "No va a ser imputado por su conducta, lo que nos da tranquilidad de espíritu en un Estado democrático".
El profesional detalló que Preve fue interrogado específicamente sobre del origen del documento, y que se amparó en la reserva de la fuente, sin aportar información que permita identificar el origen de la misma. "Ustedes saben perfectamente que el día que un periodista releve una fuente, directa o indirectamente, estaría firmando su certificado de defunción como periodista y, evidentemente, se estaría vulnerando el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, cosa que no vamos a hacer de ninguna manera".
Para finalizar, el defensor destacó que la Fiscalía fue muy "respetuosa", pero manifestó su desacuerdo con la citación al periodista: "No es buena cosa, en una sociedad democrática, que un periodista sea citado como testigo y que se le pregunte sobre su fuente".
"Para quienes somos defensores acérrimos de la libertad de expresión, hoy es un día un poco aciago porque nunca es una buena noticia que un periodista sea citado, pero en el trato respetuoso y el respeto absoluto de la legalidad, en cuanto al mantener la reserva de la fuente, creo que podemos considerarnos satisfechos", concluyó.
Por su parte el secretario de Inteligencia Estratégica del Estado, Álvaro Garcé, ratificó ante la Fiscalía la denuncia por filtración.
Garcé aseguró que realizó la denuncia “con toda la convicción de estar denunciando un hecho muy grave, que afecta la seguridad del Estado. La revelación de un plan de inteligencia es un hecho que no tiene precedentes”.
“Desde el primer momento, nos pareció que tenía una fuerte apariencia delictiva. Nosotros no hablamos de delito, porque la calificación jurídica de los hechos le corresponde a la Fiscalía y al Poder Judicial”, indicó el titular de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado.
Tanto en la denuncia como en la ratificación, “quedó bien claro que lo que se denuncia no es al periodista ni al medio”, indicó Garcé, y agregó: “Aquí no se afecta la libertad de prensa concreta de la persona ni la libertad de prensa en general, sino que se denuncia un hecho grave, un hecho conexo con la publicación, pero que es precedente, que es anterior”.
“El delito se comete en el momento que alguien le entrega indebidamente información que es clasificada a quien no debió entregar”, subrayó.
Por este tema, la presidenta del Senado, Beatriz Argimón, se reunió con los coordinadores de bancada para analizar el caso y dispuso una investigación interna. En el momento de la comparecencia de Garcé no había funcionarios del Parlamento en la sala, y los legisladores que estaban presentes fueron Graciela Bianchi, Gustavo Penadés y Álvaro Viviano, del Partido Nacional; Raúl Batlle, del Partido Colorado; Daniel Caggiani, Micaela Melgar, Mariano Tucci y Diego Reyes, del Frente Amplio; y Luis Alberto Posse, del Partido de la Gente.
Ahora la Fiscalía continuará la indagatoria en el Parlamento, donde declararán como ante el fiscal Rodríguez los legisladores que integran la comisión en la que Garcé presentó el plan, según informaron del caso.
El primero en ser indagado será el senador de Cabildo Abierto Raúl Lozano. Luego están agendados para el jueves los cuatro legisladores frenteamplistas Daniel Caggiani, Micaela Melgar, Mariano Tucci y Diego Reyes, que serán defendidos por el abogado Homero Guerrero.