Javier García y los fabricantes de «lanchitas del Parque Rodó»

Tal vez la diferencia mayor con la compra de los Hércules -además de la obvia que esta vez compró el Estado uruguayo vehículos de mar y no de aire-, es que dejó de recorrer chatarreros para mandar fabricar las lanchas que son necesarias para los objetivos de patrullaje de nuestros mares.

El 17 de Julio de este año el Ministro Javier García anunció la adquisición por parte del gobierno uruguayo de dos buques de patrulla oceánica para la Armada Nacional que serán comprados al astillero español Cardama a un precio de 82,2 millones de euros. Se trata de dos buques “cero kilómetro, cero millas” y la decisión adoptada se basó “en razones técnicas que aportó la Armada Nacional, razones de monto y razones de plazo”.

Explicó que con “estos dos buques van a permitir a la Armada Nacional retomar su misión esencial, consistente en la custodia de nuestra soberanía nacional en el mar, del cuidado de nuestros recursos naturales, de evitar y reprimir, cuando sea necesario, actividades ilegales, la pesca ilegal, el crimen organizado, y retomar el control sobre todo en nuestro espacio marítimo, cuestión que como ustedes saben está muy limitada a partir del deterioro y la antigüedad que tienen los buques que cuenta la Armada Nacional en el día de hoy”.

La compra de los buques como fueron mandados a fabricar es a un plazo de entrega de 18 meses, pues como explicó García: “Esta fue la oferta, de las recibidas, la de menor costo, de las 8 de diferentes orígenes que se recibieron, y al mismo tiempo fue la oferta que más rápidamente ofreció la entrega de los dos buques. El primer buque -ustedes saben que hay una cantidad ahora que está en el Tribunal de Cuentas, tiene firmas de contrato, etc.-, si todo marcha en esos plazos, estaría entregándose los primeros meses de 2025; los dos buques en 2025, uno al inicio y otro al final, en frases simples. Y justamente eso fue también lo que motivó la decisión que adoptamos en estas horas”.

Serán sin dudas 18 meses de zozobra y quien finalmente pueda hacer uso de los buques, enfrente o tenga que presentar juicios por su no entrega o padecer sus limitaciones operativas como los Hércules, sin dudas será el nuevo gobierno.

Olas de 94 millones de dólares

Fuentes de la Armada consultada por Caras y Caretas confirmaron algunos mensajes que con tono de preocupación empezaron a circular, básicamente cuestionando las “razones técnicas que aportó la Armada Nacional, razones de monto y razones de plazo”, a las que aludió el Ministro de Defensa.

Otras voces mostraron su preocupación por la presencia en la delegación que viajó a España a cerrar el negocio del extitular de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, que “se reunieron en una feria naval en Madrid con el propietario y allí se había ‘gestado todo’”; o sea, las autoridades uruguayas ni siquiera visitaron el astillero que construiría las lanchas.

Integrantes de la Armada plantean su preocupación pues han investigado y arribado a la conclusión de que el astillero de Vigo Cardama “no ha construido jamás una OPV ni buques militares, lo más similar es un oceanográfico que era una unidad de control de pesca e investigación marina que fue devuelta por deficiencias técnicas y no cumplía los detalles acordados y su estabilidad era defectuosa” (en estas manos quieren dejar el futuro de las OPV que serán vitales en el control de las 350 millas de soberanía).

El modelo OPV es el C242 y al que alude la información anterior se agrega que fue construido en Astilleros CIES y terminado allí, (en Cardama), pero aún esta allí porque no lo aceptaron (de hecho al día de hoy sigue allí) ya que no estaba construido tal como había sido propuesto, con fallos de estabilidad entre otros.

Fuentes del mundo empresarial de los astilleros no hicieron llegar su investigación sobre la empresa Cardama y traen otro dato preocupante.

Uruguay pagará 94 millones de dólares (los famosos 82,2 millones de euros) por ser la oferta más barata, encargado a una empresa (Cardama) que en el mercado de astilleros español no solo es una de las más chicas, sino que además no está pasando por su mejor momento financiero.

Algunas fuentes alertan que como surge de la propia información de la empresa Cardama Shipyard su capital social como empresa pequeña es de 800.000 euros; la Armada Nacional pide de garantía 1.500.000 euros que no estarían en condiciones de afrontar; a primera vista un negocio que si no naufraga, andará por 18 meses en aguas turbulentas.

Otro detalle del negocio con respecto a la empresa que hacen notar es que “la información que se publica en Infodefensa es lamentable. En 2021 facturó 11 millones... cuando un astillero normal de reparaciones factura anualmente más de 70 millones. Esas fotos no soy de hoy día, y en el mejor de los casos solo ha construido pesqueros”.

Si la falta de experticia en la construcción de un vehículo militar no es condición indispensable, entonces sí tiene cabida la propuesta del presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, de que se podrían haber construido acá, salvo que el gobierno tenga la convicción de que los diques del Estado construyen para navegar “cáscaras de nuez”.

Algunas voces en España y no directivos del emprendimiento han dicho con respeto al proyecto uruguayo que “son sistemas civiles, construidos por astilleros civiles, con diseño civil, sin las complejidades y certificaciones de los sistemas militares, pensados para tareas policiales y garantizar la soberanía de sus aguas frente a la pesca ilegal, contrabando, etc. Yo añadiría que son buques guardacostas, con buenas características para ese cometido”.

“Balquitos” de papel

Fuentes desde España señalan que “con una simple investigación a fondo se ve que primero no tienen la capacidad de construirlas allí, sin contar que nunca han hecho una OPV, sino pesqueros y reparación. Te paso fotos del lugar y lo ves en recuadro grande el área donde construyen con una medida de sus instalaciones y en el pequeño la famosa C242 que está construida en 2011 y que no fue aceptada por su deficiencia de estabilidad por los que la encargaron y allí está sin vender aún. Hasta puede que la conviertan en OPV a esa misma”.

De la conferencia de García también destacan que “en su anuncio nada de planos particulares completos, diseño de armas, y mucho más que no han presentado desde el astillero”.

Pero dejando de lado la polémica sobre las capacidades de la empresa –cuentan con largos 18 meses para demostrar lo contrario– las que quedaron sorprendidas fueron las autoridades de China.

En febrero de este año los representantes de la empresa china CSTC pretendían plantear una segunda rebaja al precio ofertado, pretendían porque desde hacía un tiempo el ministerio no les atendía el teléfono.

Hay que recordar, además, que por encima de los costos manejados en su momento, hubo una fuerte presión desde la embajada de Estados Unidos para que no se compraran las lanchas a la empresa China.

En su oportunidad los norteamericanos hicieron saber al senador Carlos Camy de su malestar ante la posibilidad del negocio.

El 27 de junio un enviado para Latinoamérica de la República Popular China, el embajador y el agregado militar en Uruguay se reunieron con Lacalle para, entre otros temas, deslizar su malestar por el informe del contraalmirante Gustavo Musso que rechazaba la propuesta de la empresa china por los problemas geopolíticos entre Estados Unidos y China.

Pero para comprender el proceso de ir dejando por el camino la propuesta china, remitámonos al informe que en su momento realizó Javier Bonilla para la publicación Defensa.com: “La cotización de las dos unidades con mayores ambiciones electrónicas pasó de casi 100 millones de dólares cada una a 82 millones hace unos meses. Previamente, un polémico fallo de una comisión asesora presidida por el c/n Marcos Saralegui declaraba su parecer ampliamente favorable a la propuesta china, por encima de las de la francesa Kership (unos 75 millones de euros por cada OPV-80 /90) y Damen, 112 millones por cada ejemplar de la serie OPV-1800 (variable de 2.200 toneladas), emparentada con las de la clase Tun Fatimah, de Malasia, que luego fueron tentativamente rebajadas suplantando su cañón de 76 mm por 30 mm y simplificando su sistema de combate, a 57 millones y medio de dólares cada una, aunque el ministerio se negó a recibir esa propuesta y el ministro a recibir a la embajadora de Países Bajos. Desde el principio, fue este un llamado problemático, porque el titular de Defensa había dicho que no pensaba invertir mucho más de 100 millones de dólares, sin conocimiento de las cotizaciones que se manejan en el sector. Al mismo tiempo, la firma que más se aproximaba inicialmente a esa cifra, Ocea, fue impedida de participar por tener cascos basados en aleación de aluminio. El ministro García anuncia su intención de declarar la operación de compra desierta, también adelanta su casi segura disposición a adquirir dos o tres unidades de la vieja clase noruega Nordkapp (1980), a un precio original de 30 millones de dólares, destinando unos 70 millones más a modernizarlas, cifra total que mucho se parece a algunos precios sugeridos últimamente por dos unidades nuevas y no garantiza eficiencia de las actualizaciones planteadas en las usadas, a futuro. El no haber concretado oficialmente la hace dos semanas adelantada clausura de los procesos de compra de OPV iniciados hace más de un año coloca en una posición más que comprometida a las direcciones jurídicas y de secretaría del ministerio en lo que hace a su accionar. Por otra parte, proponer una segunda rebaja de precios a su oferta inicial desacredita la propuesta china a un grado superlativo, o induce a serias sospechas a este respecto, más allá de la pulseada diplomática que se plantea, cuando Uruguay insiste en un Tratado de Libre Comercio con China. Mientras no se declare este tema desierto, tampoco se puede descartar totalmente que Estados Unidos, tras admitir su oposición a la compra de navíos de ese origen asiático, pudiera inclinar su balanza por alguno de los dos proponentes de OPV occidentales. Por otra parte, el argumento aludido por el gobierno de que los precios de cualquier OPV nueva exceden sus posibilidades tampoco serían de recibo, porque el Ministerio de Economía pareció avalar una inversión de entre 150 millones y 165 millones de dólares por este concepto no hace muchas semanas”.