Luego de dos años de investigación penal la Justicia no encontró méritos para imputar a las exautoridades de Ancap y UTE por la causa de Gas Sayago. Dispuso el archivo de las actuaciones.
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Simultáneamente desestimó la prueba testimonial reclamada por el actual directorio de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap) para mantener la causa, informó MVD Noticias.
En julio de 2021 la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, y el abogado Jorge Barrera, presentaron una denuncia penal por supuestas pérdidas millonarias de Gas Sayago. De esa manera concretaba su anuncio de días anteriores sobre las presuntas irregularidades registradas por la auditoría realizada por la consultora Price Waterhouse Cooper (PWC).
Para Barrera la denuncia se realizó "por imperio del artículo 177 del código penal", ya que el directorio "tenía la obligación de realizar esta puesta en conocimiento de la justicia de hechos con apariencia delictiva porque si no incurría en omisión".
"Acá hay elementos que son objetivos, el primer elemento objetivo es el grave perjuicio económico, el segundo es la sucesión de actos arbitrarios, y en tercer lugar un abuso de poder porque en definitiva, en estas circunstancias creemos que una de las figuras a aplicarse dentro del marco y del elenco de delitos contra la administración pública, sin lugar a dudas puede existir elementos con apariencia delictiva para la figura de delito de funciones", dijo.
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