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Política cableras | oligopolios | Antel

Impacto en Antel

La fusión de cableras en Montevideo: un oligopolio para preocuparse

La fusión de las tres principales cableras de Montevideo y la conformación de un oligopolio, centró el análisis del programa Legítima Defensa 2da Dosis.

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Esta decisión, autorizada por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou y la ministra de Industria, Energía y Minería, Elisa Facio, consolida el control total del servicio de cable en la capital y autoriza a estas empresas a la transmisión de datos, creando un oligopolio que suscita múltiples preocupaciones.

Prevención de monopolios y oligopolios

Siris expresó su oposición a esta fusión, destacando la celeridad del proceso, que comenzó el 3 de mayo y se resolvió favorablemente el 16 de julio. Este ritmo, inusual para la administración pública uruguaya, levanta sospechas sobre la legalidad y la transparencia de la decisión.

Según Siris, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, vigente en Uruguay, establece la promoción de la diversidad de medios de comunicación y la prevención de monopolios y oligopolios. La decisión del Poder Ejecutivo, al permitir esta fusión, vulnera estos principios al concentrar el mercado de televisión por abonados en Montevideo y otorgar el 53% del total de abonados de televisión para abonados a este nuevo consorcio.

Impacto en Antel y en la democracia

El director de Ursec por el FA destacó que esta concentración afecta la competencia leal en el mercado de telecomunicaciones y tiene repercusiones directas para Antel, la empresa estatal que invirtió cerca de mil millones de dólares en la infraestructura de fibra óptica. La fusión permitiría a las cableras utilizar esta infraestructura para ofrecer sus servicios, desviando los beneficios de una inversión pública hacia intereses privados.

Además, Siris advirtió sobre las implicaciones para la democracia. La concentración de medios de comunicación en manos de un reducido grupo económico limita la pluralidad de voces y el acceso a información diversa, esencial para una sociedad democrática y participativa. Controlar lo que se discute, se ve y circula en la sociedad es un poder considerable que, en manos de pocos, puede moldear la opinión pública y restringir el debate democrático.

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