El presidente Yamandú Orsi hizo el anunció oficial de forma por lo menos curiosa. A través de su cuenta de X retuiteó la noticia de Búsqueda. Luego todos supimos que la bancada parlamentaria frenteamplista o buena parte de ella no había sido informada sobre esa decisión de gobierno.
Al mismo tiempo, supimos que en realidad todavía no se aplicaría porque faltaba ajustar algunos detalles. Por ejemplo, qué norma legal ampararía al o a los efectivos militares que en carácter de conductores trasladarían a la Policía en los Mamba. Tampoco estaba pronto el acuerdo con el Ministerio de Defensa. Y hasta ayer no se había hecho público que el embajador de EEUU, Louis Rinaldi, advirtió al presidente que “esos vehículos fueron donados para ser usados en misiones de paz y, de acuerdo al convenio firmado entre ambos países, no pueden ser empleados con otros destinos”.
A este cúmulo de desaciertos se incorporó la falta de sensibilidad política por anunciar esta colaboración de patrullaje entre militares y policías exactamente cinco días antes de que se recuerde el 53º aniversario del golpe de Estado y lo que significaron entonces las Fuerzas Conjuntas. De un gobierno de derecha no sorprendería, pero que lo haga un gobierno de izquierda irrita a los militantes de esa fuerza que fueron las principales víctimas del terrorismo de Estado.
Al respecto, Crysol, la organización que reúne a los ex presos políticos, mantuvo en la noche del miércoles un extenso intercambio entre sus dirigentes que se expresará en un comunicado público con duros términos que seguramente harán público por estas horas.
Fuentes de la organización dijeron a Caras y Caretas que “toda la decisión del Gobierno fue severamente cuestionada por nuestros compañeros y se consideró que es un insulto a la verdad histórica que rechazamos enérgicamente”.
Por otro lado, dirigentes blancos y colorados se mostraron ampliamente satisfechos con esta decisión y todos recordaron que el FA siempre se opuso a que los militares participaran del combate a los narcotraficantes. “Este cambio de actitud lo valoramos como muy positivo”, dijo el dirigente y senador colorado Andrés Ojeda.
En filas de la izquierda, mientras los legisladores del MPP se encolumnaban en apoyo al Gobierno, tanto el ministro de Trabajo, Juan Castillo, como los senadores Óscar Andrade y Constanza Moreira fueron críticos de la resolución presidencial.
Curiosas curiosidades
Fue al comienzo de su gestión que el ministro Carlos Negro dijo que “la guerra contra los narcos estaba perdida antes de empezar”. Esta definición fue duramente recriminada por la oposición. Sin embargo, la realidad de los países centro y sudamericanos revelan el acierto de las palabras de Negro.
Los expertos del ministerio elaboraron otra estrategia basada en la aplicación de la inteligencia policial y la puesta en marcha del plan “Más barrio”. En los hechos rindió frutos importantes porque fueron detenidos, formalizados y enviados a prisión algunos de los jefes narcos más importantes. Al mismo tiempo, se incautaron miles de kilos de drogas y, momentáneamente, parece haberse detenido el envío de cocaína a Europa a través del puerto de Montevideo.
La misma estrategía permitió que la Policía de Maldonado también detuviera a dos importantes traficantes, se incautaran unos 3 millones de dólares en cocaína, armas, dinero y propiedades, y fuera a prisión un importante número de integrantes de estas organizaciones. Todo ello sin disparar un tiro.
Qué cambió ahora para que Interior recurra a vehículos blindados de Defensa es algo que no se sabe públicamente, aunque jerarcas de Interior han señalado que los vehículos policiales son baleados todos los días y está en riesgo la vida de los efectivos que patrullan.
La solución, entonces, fue poner a patrullar blindados militares, que es lo que verán esos vecinos. Se ha insistido con que en que las tareas no participarán militares, salvo el conductor del vehículo y un eventual acompañante “por razones de expertizaje”. Pero solo trasladarán a efectivos de la Guardia Republicana. No se van a usar en toda la ciudad sino solo en algunos barrios muy problematizados. Pero esto abre la puerta a otras consideraciones.
¿En serio alguien cree que con el uso de estos vehículos van a disminuir la violencia? Pueden ocurrir dos cosas: 1) que los narcos que han mostrado una importante capacidad de fuego comiencen a usar otro tipo de armas como lanzacohetes o lanzagranadas, incrementado el nivel de víctimas colaterales; o 2) que se muden de barrio y lleven su violencia a los nuevos lugares; dinero y recursos tienen. Lo hicieron los narcos colombianos y mexicanos que se vinieron al sur, más lo podrían hacer los locales en toda la zona metropolitana.
¿Cómo creen los jerarcas del Gobierno que se sentirán los vecinos de esos barrios cuando, una vez más, se vean estigmatizados? Los que financian a los narcos, los que hacen sociedades para que laven su dinero, los dueños de las instituciones financieras por donde circula ese dinero, es decir, los que permiten que los narcotraficantes existan, no viven en esos barrios. Residen en otros donde los blindados jamás llegarán.
Inseguridad, política y futuro
Una oposición muy miserable y una derecha burra y violentista pretenden hacer creer al ciudadano que todos estos problemas comenzaron en el 2005, con el primer gobierno frentista. La realidad es muy diferente porque fueron los gobiernos neoliberales los que generaron pobreza y exclusión. Han olvidado que en el año 2002 más de la mitad de los menores de 4 años, los que hoy tienen entre 24 y 28 años, vivían bajo la línea de indigencia.
También es claro que en este país nadie orina agua bendita, y aunque la responsabilidades sean diferentes, todos tienen alguna agachada ante el poder económico donde reside el verdadero poder.
Los más de 100 barrios privados habrán sido un éxito económico para los promotores privados y las intendencias dirigidas por Orsi en Canelones y Antía en Maldonado, pero son un modelo reprobable de segregación social que barrió todo vestigio del batllismo integrador en esa materia.
Cuando casi todo el mundo reconoce que hay leyes para pobres y otras para ricos y que la Justicia las aplica siguiendo el criterio discriminador con honrosas excepciones, la gente reacciona. Y muchas veces mal.
Cuando el ciudadano percibe que los gobernantes de todos los niveles y todos los partidos acceden a bienes y servicios inalcanzables para comunes mortales, crece el resentimiento.
Cuando los ciudadanos reciben cada vez menos dinero a causa de impuestos, restricción en las devoluciones o subas desmedidas en la canasta familiar, pero los más ricos se oponen a pagar un 1 % más de impuestos para ayudar a los más pobres, crece la bronca.
Y si a esto sumamos el desarrollo de nuevas tecnologías y las inseguridades que provocan, el panorama es francamente desalentador.
Este cocktail pone en riesgo, no ya a los partidos, sino a la propia democracia. Que es lo que se ve crecer en América y el mundo. Líderes bastante estúpidos, corruptos, violentos y antiderechos logran imponerse sobre la base del miedo que provoca la inseguridad. Solo así podría entenderse que algo más de la mitad de los uruguayos, entre los que también hay miles de frenteamplistas, vean con simpatía a Bukele, presidente salvadoreño. Y que cada día centenares reclamen a través de las redes que “vuelvan los militares”.
Un alerta para analizar
En una nota de opinión publicada el pasado miércoles por el diario español El Plural, se decía: “El nuevo hombre fuerte colombiano no promete administrar mejor el Estado, sino golpear la mesa. No habla de reformas lentas, sino de motosierra, 'megacárceles', guerra contra el crimen, batalla cultural y enemigos internos. La victoria de Abelardo de la Espriella en Colombia no es un relámpago aislado: es el último capítulo de una corriente regional que ya tiene rostros, método y lenguaje propio”.
Agregaba: “En todos los casos, el líder se sitúa por encima de las estructuras partidistas tradicionales y establece una relación directa con sus seguidores, apelando a emociones como el miedo, la indignación o la frustración. Esa conexión emocional, amplificada por las redes sociales y los medios digitales, les permite simplificar problemas complejos y ofrecer soluciones rápidas que, aunque discutibles, resultan atractivas para amplios sectores de la población que sienten que el sistema ya no les representa.
No se presentan solo como candidatos. Se presentan como redentores. Como la última barrera contra el caos. Como los únicos capaces de hacer lo que ‘los políticos de siempre’ no se atrevieron a hacer. Esa es la nueva gramática de la extrema derecha latinoamericana: menos partido, más líder; menos deliberación, más espectáculo; menos derechos, más castigo. Los caudillos de hoy ya no necesitan uniforme ni balcón. Les basta un móvil, una cuenta de X, un ejército digital y una frase diseñada para incendiar el debate”·
El períódico sostiene que “el éxito de estos líderes no se explica solo por manipulación o propaganda. Sería demasiado cómodo pensarlo así. Su fuerza nace de problemas muy concretos: violencia, desigualdad, precariedad, inflación, abandono territorial, burocracias fallidas y una clase política que durante años prometió demasiado y cumplió poco. La extrema derecha no inventa el malestar. Lo captura.
La inseguridad es el gran combustible de esta ola. No se trata de una percepción aislada ni de una simple construcción propagandística. América Latina sigue concentrando algunas de las tasas de homicidios más elevadas del mundo pese a representar menos del 10 % de la población global.
El modelo Bukele seduce porque ofrece imágenes claras: presos alineados, cárceles gigantes, militares en la calle, presidentes hablando como comandantes. Frente a la angustia de quienes sienten que el Estado no les protege, esa escenografía funciona. Pero una democracia no se mide solo por su capacidad de castigar, sino por los límites que impone al poder cuando castiga”.
El Plural también alerta a la izquierda: “Con gobiernos de izquierda, Latinoamérica ha avanzado en derechos. Pero también hubo errores, corrupción, personalismos, agotamiento de proyectos y una incapacidad creciente para responder a la inseguridad y al deterioro económico. Cuando terminó el viento favorable de las commodities, muchos gobiernos se encontraron con estructuras estatales débiles, servicios públicos insuficientes y una ciudadanía cada vez más impaciente.
La extrema derecha crece donde la izquierda deja preguntas sin contestar. Crece cuando los servicios públicos fallan, cuando la inflación devora salarios, cuando la gente siente que el discurso de derechos no va acompañado de protección material, cuando el Estado aparece como ausente o ineficaz.
Por eso la respuesta progresista no puede limitarse a denunciar el autoritarismo ultra, aunque deba hacerlo. Tiene que reconstruir una promesa de vida mejor. Seguridad sin autoritarismo. Estado sin burocracia inútil. Igualdad sin desprecio por las clases medias asustadas. Derechos sin desconexión con la vida cotidiana.
Si la izquierda no consigue hablar de orden democrático, otros hablarán de orden sin democracia”.
