La máquina de humo

En el pasado los políticos solían tomar a bebés en sus brazos como forma de granjearse la simpatía de sus electores. Luis Lacalle Pou adoptó las selfies para lograr el mismo objetivo.

A los uruguayos nos gusta un presidente amable, simpático, que camina solo en medio de la gente. Nos gusta compararnos con otros países.

Muy flojo intelectualmente, basta compararlo con sus antecesores colorados y frentistas e incluso su propio padre, su juventud y facilidades expresivas le granjearon adhesiones. Experto en selfies, es él quién las registra siempre, nunca vaciló en fotografiarse con quien fuera.

Pero gobernar es otra cosa y hacerlo con transparencia, como él mismo se jacta, es otra cosa. Y fue en Este aspecto, tan esencial para la democracia, donde patinó desde el principio.

Para recuperar la iniciativa en varios casos donde quedó en evidencia, el gobierno, en lugar de aclarar, responde con otras denuncias para intentar desprestigiar a los denunciantes.

Y en ese camino avasalla instituciones, violenta normas legales y afecta libertades.

Humo sobre el puerto

La extensión de la concesión por 60 años de la operativa portuaria a la empresa belga Kotoen Natie, otorgándole casi el total control de las actividades en el Puerto de Montevideo, fue firmada entre gallos y medianoches.

El gobierno ignoró a la ANP y el caso está bajo investigación fiscal. Vale preguntarse a qué caos nos enfrentaríamos si la Justicia diera razón a los denunciantes. ¿Qué pasaría con la inversión que ya realizó la empresa? ¿Habrá otro juicio internacional con la posibilidad cierta de perderlo? ¿Qué pasaría en el Puerto de Montevideo?

El principal denunciante fue el senador frenteamplista Charles Carrera. Pues para intentar descalificar al legislador, el Ministerio del Interior hizo casi una pesquisa secreta y terminó desempolvado un expediente de 10 años atrás, cuando Carrera se desempeñaba como director general en el Ministerio del Interior a cargo de Eduardo Bonomi.

Un residente en La Paloma, que quedó inválido después de recibir un disparo, casi con certeza de un policía, fue atendido en el hospital Policial, a la vez que se le otorgaron tickets alimentación mientras se recuperaba.

Curiosamente, y Heber nunca lo mencionó, quienes autorizaron la internación del ciudadano y su hermano en dicho hospital, fueron el comisario mayor Dr. Anzalone y el comisario mayor Dr. William Martínez. Es decir, el director y el subdirector del Policial.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, tomó conocimiento del tema a principios de este año y ordenó una investigación interna, supuestamente al enterarse de una demanda contra el ministerio. Pero esa demanda se realizó en el año 2016

Luego el senador Jorge Gandini propuso la formación de una comisión investigadora en el Senado.

Tal vez Carrera en su intento de ser solidario con una víctima de la Policía se equivócó. Pero no surge un aprovechamiento personal de su decisión. Algo que sí tuvo el expresidente Luis Lacalle Herrera, quien durante su mandato fue intervenido quirúrgicamente en ese hospital.

Una víctima colateral fue Luis Calabria, director general del Ministerio del Interior, quien renunció a su cargo después de haber reconocido que realizó una consulta oftalmológica en el Policial.

Exjerarcas policiales y funcionarios del referido centro hospitalario reconocieron a Caras y Caretas que “a lo largo de su historia muchos políticos y civiles” usaron los servicios del centro de salud.

El caso que dio origen a la denuncia contra Carrera aún está en la órbita judicial. El argumento de Gandini para solicitar la formación de una investigadora fue que “en estos días se cumplirán diez años y la causa prescribirá, por lo que es necesario investigar”.

“Carrera dio órdenes y gastó recursos públicos dirigidos a personas que no tenían derecho a usufructuarlos en un momento posterior a su alta médica, que sí se le dio en el Hospital de Clínicas. Todo esto reviste muchas sospechas de la causa del por qué se decidió tomar ese camino, que por supuesto están absolutamente alejadas vinculadas a la solidaridad. No creemos que esa fuera la motivación, sí creemos que hubo desvíos de fondos públicos”, sotuvo Gandini.

Es decir, Gandini juzgó y adjudicó delitos por lo que si no tuviera fueros podría ser denunciado por difamación.

Pero lo que demuestra que la investigadora tiene un fin político menor es que antes el Ministerio del Interior ya había radicado la denuncia por el mismo asunto ante la Fiscalía de la nación.

Además se desvirtúa el objetivo de una investigación parlamentaria sobre uno de sus integrantes ya que se pretende investigar a Carrera sobre hechos presuntamente cometidos años atrás en su condición de jerarca del Ministerio del Interior y no como senador.

El artículo 16 de la Ley 16.698 delimita claramente cuál puede ser el objeto de una investigación sobre un parlamentario. Y el caso que pretende entablar Gandini no está comprendido en los alcances de la referida ley.

Por si fuera poco, la lógica normativa de la Constitución es exacta y precisa: la acusación debe recaer sobre los sujetos previstos, es decir, senadores o diputados, por su actuación como tales y nunca más allá del límite de su mandato, con la única excepción, en este aspecto, del presidente de la República.

Carrera no violó la Constitución y hasta que no se expida la Fiscalía y exista sentencia firme, tampoco cometió delito, los dos asuntos imprescindibles para solicitar una investigación parlamentaria.

Por lo tanto el único objetivo es crear un clima de desprestigio sobre el senador, uno de los principales denunciantes del contrato con Katoen Natie.

Se hizo humo

En mayo de este año se informó que el gobierno uruguayo le había entregado un pasaporte a Sebastián Marset, quien estaba preso en Dubái por portar un pasaporte paraguayo falso.

Pero Marset no era un perseguido político, sino un narcotraficante. Uno de los más importantes de Paraguay y con varios procesos en nuestro país.

La gestión del gobierno uruguayo en este caso es digna de una serie de ficción.

La esposa de Marset contactó al abogado Alejandro Balbi para que le he gestionara un pasaporte uruguayo. Este hizo gestiones ante la vicecanciller, Carolina Ache, a quien conocía por sus vínculos con el club Nacional y entonces mandaron a la cónsul uruguaya en Emiratos Árabes a la cárcel de Dubái para que tomara huellas dactilares, firma y foto de Marset. Este, además, proporcionó una dirección falsa que nadie verificó.

El pasaporte se confeccionó en la Dirección de Identificación Civil y luego fue entregado en mano propia a Balbi, quien lo envió a Dubái.

Con el pasaporte en la mano, logró ser liberado y desde entonces es buscado por Interpol a solicitud de la Fiscalía paraguaya.

Todo el proceso es un desatino sin igual. En principio porque a nadie despertó sospechas que Marset estuviera preso aunque afirmara estar alojado en un hotel 5 estrellas. Tampoco a nadie se le ocurrió siquiera llamar al Ministerio del Interior paraguayo, donde le habrían informado que era investigado por sus vinculaciónes con el cártel Insfrán.

Y no solo Paraguay, también lo investigaban Uruguay y la DEA. Pero el ministro del Interior, que ha firmado varios acuerdos de cooperación para compartir información, no se enteró. La cancillería fue más eficiente porque entregó un pasaporte con trámite urgente a pesar que la Embajada uruguaya en Emiratos Árabes y la propia cónsul advirtieron sobre la “inconveniencia” de la gestión.

El pasado miércoles el juez Carlos Aguirre, de primera instancia en lo Contencioso Administrativo de 4º turno, falló a favor de los senadores del Frente Amplio Mario Bergara y Charles Carrera y condenó al Poder Ejecutivo a proporcionarles todos los expedientes relacionados a Sebastián Marset.

En la sentencia judicial, difundida por Carrera en su cuenta de Twitter, Aguirre ordena al Poder Ejecutivo y a la cancillería proporcionar el “testimonio de expediente completo y cualquier actuación administrativa relativa a la gestión del pasaporte de Sebastián Marset”.

Eso incluye la investigación administrativa ordenada por el Canciller Francisco Bustillo.

Además, exige el testimonio “de todas las comunicaciones intercambiadas por cualquier vía entre los profesionales del servicio exterior acreditados en Qatar, EAU (Emiratos Árabes Unidos), Paraguay y la cancillería, referidas a la tramitación del pasaporte (..) incluyendo informes, consultas, solicitud de instrucciones y todas las respuestas cursadas desde Cancillería”.

Por otra parte, ordena informar el contenido de “las comunicaciones mantenidas entre el Sr. Subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel y la Sub Secretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carolina Ache” los días 21 de septiembre y 3 de noviembre de 2021 “relativos a la situación del Sr. Sebastián Marset”, en un plazo máximo de 15 días.

Humo que revela incendio

El domingo 25 de setiembre a la noche estalló lo que sin dudas es el más grande escándalo de los últimos años.

Esa noche el presidente Luis Lacalle Pou regresaba de Costa Rica adonde habia pasado unos días de vacaciones junto a sus hijos. Lo acompañó el jefe de su seguridad, Alejandro Astesiano.

Pero apenas desembarcó en Carrasco, Lacalle Pou fue informado que la fiscal Gabriela Fossati había ordenado la detención de Astesiano por saberlo vinculado a una red que vendía pasaportes falsificados.

Un jerarca policial los aguardaba en la residencia presidencial del Prado para detener a Astesiano.

A primera hora de la tarde del lunes 26 pocos vieron el rostro desencajado del presidente, reconociendo que el responsable de su seguridad había sido detenido el día anterior. No era la hora habitual de las conferencias de prensa.

El martes 27 nos enteramos que en la Torre Ejecutiva funcionaba una asociación para delinquir. Al despacho del jefe de la seguridad presidencial ingresaban el escribano Álvaro Fernández García y ciudadanos rusos.

Según probó la fiscal Fossati el escribano gestionaba las partidas de nacimiento falsas, los rusos oficiaban como gestores y traductores, conseguían los clientes y cobraban entre 10.000 y 50.000 dólares por cada documento.Por ahora hay un total de 147 pasaportes sospechados.

Astesiano, el escribabo y un ciudadano ruso fueron formalizados con prisión.

Astesiano aportaba sus vínculos con la Dirección Nacional de Identificación Civil, donde se había desempeñado años atrás, con el Ministerio del Interior porque fue policía varios años, y con cancillería.

El jefe de su seguridad contaba con unas 35 anotaciones policiales por diferentes delitos entre 2002 y 2018 y además tenía dos antecedentes judiciales que ya habian prescripto. En 2002 fue procesado sin prisión por estafa y el 2013 fue procesado con prisión por el mismo delito y estuvo preso en la cárcel de Las Rosas.

El lunes Lacalle dijo que no sabía que Astesiano tenía anotaciones policiales “porque no figuraban en su legajo”.

Sin embargo el martes reconoció que varias personas le habían advertido sobre ese pasado de su funcionario. “No recuerdo si me lo dijo Larrañaga, pero sí otras personas”.

En agosto de 2020 Caras y Caretas había publicado el legajo con todas las anotaciones policiales de Astesiano y en 2021 lo había hecho el informativo de radio Sarandí.

No había forma de esgrimir desconocimiento.

La investigación de la fiscal Fossati reveló que además de desempeñarse como jefe de la seguridad presidencial, Astesiano operaba una agencia de seguridad, una whiskería nocturna, por lo menos una casa de salud y una inmobiliaria clandestina en el complejo de Millán y Lecoq.

Cuando la fiscal Fossati concurrió al despacho que tenía Astesiano en la Torre Ejecutiva, y que había sido lacrado por orden del presidente, encontró documentos y elementos que se llevó para incorporar a la investigación.

¿Qué había allí? Pues había una carpeta con documentos reservados del Ministerio del Interior, donde figuraban antecedentes y anotaciones policiales de distintas personas de nacionalidad uruguaya.

Además tenía capturas de videos de las cámaras de vigilancia montevideanas

También fotos de documentos de identidad, cartas de expolicías que le pedían trabajo para ser parte de la guardia presidencial. Y varias Partidas de nacimiento.

¿Quiénes fueron los policías que les entregaron las fichas de antecedentes de varios ciudadanos? ¿qué hacía Astesiano con eso? ¿Acaso también extorsionaba?

¿Qué uso les daba a las capturas de videovigilancia y quién le permitió el acceso?

Fossati tiene bajo investigación a seis altos jerarcas policiales, entre ellos el subdirector nacional de Policía.

Pero lejos de acercarnos al final de la historia, cada día surgen nuevas informaciones que complican todo aún más.

Ahora se supo que además de vender pasaportes a rusos, también lo hicieron con ucranianos.

Obviamente esta situación desprestigia al pasaporte uruguayo en el mundo. Pero tampoco sabemos en qué manos cayeron y con qué fines. Pudieron ser pacíficos ciudadanos que intentaban reconstruir su vida en Uruguay, pero también podrían ser miembros de la mafia rusa o de la Bratva ucraniana.

Como sea, esta asociación para delinquir, encabezada por el jefe de la seguridad presidencial, funcionaba en la Torre Ejecutiva.

Para intentar apagar este incendio, el gobierno necesitaba un golpe de impacto. Y lo encontró con Alvaro Garcé, director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado.

Hay humo en tus ojos

Diez días atrás Garcé concurrió a una comisión parlamentaria; en sesión secreta, recibió un informe sobre el Plan Estratégico de Inteligencia.

Dos horas después de culminada la reunión, el periodista Eduardo Preve, director del informativo de TV Ciudad, difundió los lineamientos generales del plan, pero sin datos específicos. No había nombres ni circunstancias.

Desde ese momento diferentes voces de gobierno se alzaron gritando “traición” o “se desnudó al país”. Garcé, el presidente, el ministro de Defensa, Javier García, apuntaron enseguida contra los 10 parlamenrarios presentes. Algunos legisladores de la coalición, sin nombrarlos, insinuaron que el documento fue entregado a Preve por los legisladores frentistas.

Desde entonces suman un dislate atrás de otro. Por ejemplo propusieron que los legisladores permitan que Policía Científica pericie los celulares de cada uno. Propuesta por demás curiosa sobre todo proviniendo de los mismos que meses atrás pusieron el grito en el cielo cuando una fiscal quiso hacer lo mismo con el celular del comunicador Ignacio Álvarez.

Garcé presentó la denuncia en iscalía y el primer citado fue el periodista Preve, sabiendo que la ley lo ampara en la proteccion de sus fuentes y que era una señal impropia para la libertad de información.

¿Qué objetivo tenía esta citación? Sin dudas, echar más humo. O mejor dicho, ligar con la filtración al FA, con el canal de la Intendencia de Montevideo y su director de noticias, que es motivo de odio de varios dirigentes blancos.

Cualquiera que haya accedido a la publicación de Preve sabrá que no se revela ningún secreto de Estado. Pero más, los lineamientos de ese plan son tan obvios que cualquier pibe que haya visto tres series de espias podría escribir uno mejor.

El miércoles pasado, después de tomar declaraciones al senador Raúl Lozano (Cabildo Abierto), el fiscal Gilberto Rodríguez dijo que “aún no tiene determinado de manera categórica que el documento filtrado sea el que fue entregado a la comisión parlamentaria”. O sea, más claro, pueden ser dos documentos diferentes.

¡Eureka!

Por tomar al pie de la letra las declaraciones de Garcé y García, nadie tomó en cuenta la posibilidad de que quienes filtraron el documento sean parte de los servicios de inteligencia.

El humo ya nubla la visión de muchos.