Una de las corrientes sindicales que siempre rechazó la presencia de los sindicatos policiales en el Pit-Cnt se basó, para proponer la suspensión del Sindicato Policial (Sipolna) hasta el congreso de mayo del 2025, en la declaración que el sindicato emitió respaldando la actuación de los funcionarios policiales que actuaron recibiendo órdenes.
Para la corriente Articulación, la declaración tiene dos partes: una que respalda el derecho a la manifestación y otra que, en la interpretación de esta corriente, apunta a concentrar la responsabilidad de lo sucedido en el Ministerio del Interior.
Los puntos de encuentro
En agosto, la Mesa Representativa Nacional Ampliada deberá definirse sobre dos propuestas: la que plantea la suspensión hasta el próximo congreso y una propuesta planteada por el presidente del Movimiento Sindical, Marcelo Abdala, acompañada por su corriente y con matices dentro de Articulación, que es generar una comisión donde se evalúe la pertinencia o no de la presencia del Sindicato Policial.
Integrantes de esa corriente más algunos miembros de Articulación resaltan la necesidad de fortalecer e impulsar un proceso de fortalecimiento y maduración sindical de los trabajadores policiales. Pero todos tienen claro que faltó un debate más de fondo no dado en el momento de integrar a los sindicatos policiales y que nadie niega el derecho de los trabajadores policiales a estar organizados sindicalmente.
El otro punto de encuentro entre las corrientes mayoritarias es valorar que una suspensión como la planteada da elementos políticos al Gobierno y a la derecha para que esa medida entre en el debate en la campaña contra la Ley de Seguridad Social.
Entre el deber y la clase
Un debate más de fondo que soslaya la discusión es si efectivamente la función policial en el seno de la sociedad permite que el funcionario policial se pueda percibir como un trabajador perteneciente a una clase social (los asalariados), que, entrando en conflicto con la tarea que le fue encomendada, pueda definitivamente abstenerse de su rol represivo.
En este punto, las opiniones son diversas; consultada en su oportunidad por Caras y Caretas, la expresidenta del Sindicato Policial, Patricia Rodríguez, expresó que una de las tareas del sindicato era fortalecer una concepción de derechos humanos entre los trabajadores policiales que los llevara a abstenerse y cuestionar una orden de represión contra otros trabajadores, pero Rodríguez finalmente terminó trabajando en el Ministerio del Interior, “su patronal” y la misma que definió reprimir en dos oportunidades: a los trabajadores del transporte interdepartamental y a los de la Intergremial Marítima.
Para dirigentes de Articulación consultados por Caras y Caretas, los hechos de represión acaecidos son responsabilidad del Ministerio del Interior y de algunos funcionarios que claramente no responden ni reprimen en nombre del Sindicato. Para dirigentes sindicales de la otra corriente mayoritaria que impulsa la comisión o el grupo de trabajo, no pasa desapercibido que parece no ser casual que muchas de las medidas adoptadas por el Sindicato Policial responden a un proceso interno que permitió a su ex asesor jurídico, Andrés Ojeda, catapultarse como candidato por el Partido Colorado, o sea, prevalece en el Sindicato Policial una suerte de hegemonía de la derecha política.
Marcan el matiz ante los hechos de represión de la declaración de los sindicatos policiales de Canelones y Maldonado, que rechazaron la actuación policial, además de señalar que el Sipolna hasta el momento no ha tenido gestos de solidaridad con el resto de los trabajadores de otros gremios, pero entienden que están en un proceso de “formación” que únicamente puede realizarse si pertenecen al Pit-Cnt.
La corriente minoritaria que plantea la suspensión parte de la base de que la función policial es incompatible con una organización sindical de clase, aunque no niegan su derecho a estar organizados. Definir el tema de pertenencia a la clase no es menor; por un lado están los trabajadores y sus intereses en función de su condición de dependencia laboral, y por el otro lado los dueños de las empresas; y, en otro orden, los trabajadores dependientes del Estado. Si bien los funcionarios policiales están en este segundo grupo, hace a su tarea la defensa de la propiedad privada, entre otros, de los dueños de las empresas. ¿Cómo debería posicionarse un trabajador policial que debe ir a despejar o desalojar una empresa ocupada por los trabajadores en un conflicto laboral? No es solo un problema de las leyes y decretos vigentes, del cumplimiento de determinadas normas que en los últimos años han venido socavando la organización sindical y su capacidad de movilización. Es cumplir un rol social que solamente puede resolverse si los trabajadores policiales tienen la capacidad de discernir una situación de injusticia y obrar en contra de las órdenes recibidas sin que esto ponga en peligro su estabilidad laboral.
“También sos explotado”
La consigna varias veces vociferada por trabajadores y estudiantes dirigida a los trabajadores policiales actuantes expone parte del problema, pero en general pretendía evitar el acto represivo y no necesariamente verlo afiliado al movimiento sindical, aunque pudiera ser el inicio del proceso.
La condición de explotación del funcionario policial, como tantos otros trabajadores, parece ser tan prolongada en el tiempo como el debate que tiene por delante el movimiento sindical con respecto a la participación de trabajadores policiales en su seno. Pero además hay otros problemas “institucionales” dentro de las filas del Pit-Cnt.
El inicio del debate en la Mesa Representativa el Sindicato Policial, sin que parezca una chicana, puso en consideración ser una organización sindical que nuclea a 10 mil trabajadores en un universo de 30 mil funcionarios policiales. Esto no solo implica un monto de dinero nada despreciable, sino que políticamente implica la presencia de no menos de 40 delegados sindicales en los congresos, número que puede pesar en la toma de definiciones y en las propuestas presentadas por las diversas corrientes sindicales.
Lo cierto es que si el objetivo principal del Pit-Cnt es encarar la campaña contra la actual Ley de Seguridad Social, este tema se ha convertido en una piedra en el zapato.
