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El Poder Ejecutivo confirmó para el 9 de mayo la realización de la subasta de los tres bloques de espectro que se destinarán a tecnología 5G. También levantó el “efecto suspensivo” de los recursos administrativos presentados por las empresas destinadas a participar en la subasta.
La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) desestimó esos mismos recursos, sin análisis, a fin de continuar con la subasta, con la objeción del director en representación del Frente Amplio.
Pablo Siris aclaró a Caras y Caretas su posición y consideró que estos recursos "debían ser analizados en profundidad” ya que esta medida está prevista "para casos donde la suspensión del procedimiento pueda generar a la población o al país un perjuicio significativo”.
“Entiendo que no hay ningún perjuicio significativo ya que el despliegue del 5G deliberadamente fue detenido por parte del Poder Ejecutivo desde que asumió el Gobierno hasta la fecha. Entonces, ¿por qué ahora sí hay un gran apuro, cuando en 2020 se tomó la decisión de detener el despliegue del 5G de Antel que había sido iniciado a partir de 2018?”.
Respecto a las implicancias de la desestimación de Ursec a los recursos, Pablo Siris advirtió que “las empresas están agotando los recursos por la vía administrativa, y queda abierta la puerta al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y en última instancia, recurrir al recurso jurídico”.
“Eso vuelve a poner la pelota en la casa de Juan pueblo, ¿quiénes van a terminar pagando? El Estado, que somos todos nosotros”, indicó.
Siris señaló que esas decisiones tomadas de manera “no transparente”, sin la participación de los involucrados, "las termina pagando la sociedad y eso no debería suceder”.
“Lo que yo entiendo es que es un “simulacro de subasta”, ni es abierta, ni es competitiva, ni es una subasta propiamente dicha”, sentenció Siris. y agregó que "en base a los requisitos, pueden acceder a la misma empresas uruguayas con las licencias en comunicaciones móviles, pero solo hay dos que tienen las licencias, tres si contamos a la empresa estatal”.
"Para las empresas extranjeras se ofrece un bloque de doble frecuencia de 3,5 mhz, por lo que no deja que se subasten otros bloques que permitan dar otros servicios, entonces ninguna empresa extranjera va a participar”.
“Es como que yo te dijera vos podés ir a la luna, pero necesitamos que nos des 5 millones de dólares ¿Los tenés? ¿no? entonces no podés. Podrías, pero no podés si no tenés los 5 millones". añadió.
De esta manera, son tres bloques del espectro, con uno reservado para Antel y los otros dos terminan en una “puja nula”; debido a que según las bases, cuando una empresa oferta por un bloque, ya no puede competir por el otro.
“Uno podría en principio pensar que teniendo cada empresa un bloque, es bastante justo. Parece justo, sin embargo si te fijas en los papeles, Antel tiene el doble de usuarios y un despliegue de infraestructura muy superior a las que tienen las otras dos. Entonces, ¿Antel no debería tener dos bloques del espectro garantizados?”, preguntó.
Respecto a si esto sería perjudicial para los usuarios, el director frenteamplista de la Ursec expresó: “Si lo miras de esa manera, las dos empresas privadas que juntas no llegan a tener la misma cantidad de usuarios que Antel, van a tener los dos tercios del espectro disponible lo cual es una barbaridad”.
El polémico papel de Ursec
La polémica por las subastas de los diferentes espectros comenzó cuando a fines de marzo se dio a conocer que la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) estimó más de 25 millones de dólares para el espectro 4G, pero se concedió luego en 6 millones para la empresa a Telefónica Móviles del Uruguay (Movistar).
Dicha estimación inicial desapareció de la documentación y generó suspicacias, ya que la actual presidenta de Ursec, Mercedes Aramendía, estuvo en el cargo de Jefe de Relaciones Institucionales en Movistar durante 6 años. Lo cual ella confirmó en entrevista para VTV Noticias, pero negó que tuviera relación con su actual gestión.
Esto fue llevado ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), tras una denuncia anónima contra Aramendía, a mediados de abril.
Siris aclaró que Ursec no tiene injerencia en ello, por lo que desconoce el actual avance de la causa.
“Antel tiene la primera red 5G del continente americano, y si no me equivoco la segunda del mundo, sin embargo, a partir de que asumió el nuevo Gobierno se limitó su despliegue; como para esperar que las otras empresas estuvieran disponibles en esas características, lo que es una verdadera barbaridad”, observó.
Esto va incluso en contra de la normativa que rige al organismo, ya que si bien se estipula que debe garantizar “la competencia en algunos sectores -en las telecomunicaciones móviles-”, también debe proteger el monopolio de Antel en otros sectores, “particularmente en los que tiene infraestructura fija”.
“Cualquier otra interpretación, podrá ser muy interesante, pero está alejada de la normativa vigente en nuestro país”, sentenció el jerarca.
Por último, El Observador anunció que la discusión sobre los recursos presentados por las empresas -Claro en relación al precio, Movistar sobre el acceso a fibra óptica y Dedicado acerca de las condiciones que no le permitieron participar-, va a pasar al Senado.
Acerca de esto, Pablo Siris consideró que ello está en manos del Poder Ejecutivo, por lo que ya excede a la Ursec; pero “hasta que no se abran los sobres en la subasta, las distintas fases del proceso pueden ser discutibles y se pueden solicitar prosternaciones, aplazamientos; eso es algo que nuestro sistema jurídico y administrativo le garantiza a las empresas”, concluyó.
