Autoritaria fue la forma de gobernar el Uruguay desde 1958 en adelante; se profundizó con el gobierno de Jorge Pacheco Areco donde las esporádicas censuras, detenciones arbitrarias, represión a los trabajadores en conflicto y decretos de Medidas Prontas de Seguridad de los años 1958 hasta 1968, pasaron a ser un forma de gestión constante del pachequismo.
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La tentación a la respuesta autoritaria
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Pero en el imaginario colectivo, el autoritarismo se relaciona con el periodo de la dictadura cívico militar.
El encuentro promovido para quedar inmortalizado en un libro entre Julio María Sanguinetti y José Mujica, de los periodistas Gabriel Pereyra y Alejandro Ferreiro, o los varios encuentros entre ambos ex presidentes en distintas instancias no pudieron dejar como preocupación central la advertencia coincidente entre el colorado y el emepepista del tono más autoritario hacia el que parecen avanzar las democracias occidentales.
En verdad, tanto Mujica como Sanguinetti realizaron el enunciado más como una preocupación que como una premonición, pero el reciente resultado de las PASO en Argentina, donde la derecha en su conjunto con la ultraderecha lograron casi un 60% de votos, confirma el olfato político de los veteranos dirigentes.
Estos resultados tampoco empañan el advenimiento de la “segunda ola progresista” que parece llegar luego de la mano del triunfo de Lula en Brasil y Boric en Chile, pero el talante autoritario es un fenómeno que trasciende los resultados electorales.
Los viejos golpes de Estado en base a “cuartelazos” es la pesadilla de los republicanos tanto de izquierda como de derecha y han debido acomodar el cuerpo ante el avance de los nuevos autoritarismos que apuestan a judicializar las tensiones políticas, destituir presidentes en resoluciones parlamentarias o mantener visos de legalidad con represión paramilitar y policial en las calles.
Bajo el pretexto de “no despertar” las actitudes “gorilistas” de los militares de los 70, han consagrado leyes de caducidad de la responsabilidad punitiva de los Estados.
No han logrado evitar sin embargo que los discursos “gorilistas” de los civiles penetraran en vastos sectores de las sociedades, deslizándose paulatinamente bajo un discurso que impulsa medidas autoritarias.
Para colmo de las ingenuidades, el crecimiento electoral de las ultraderechas y derechas parecía a los ojos del progresismo latinoamericano, fenómenos de una lejana postal europea.
Autoritarismo
Según varias definiciones de diccionarios avalados por la academia de la lengua, autoritarismo significa “régimen político que se basa en el sometimiento absoluto a una autoridad”; otras definiciones cometen una pequeña trampita cuando menciona que este tipo de regímenes son dictaduras.
El sometimiento a la autoridad, “el respetá a la policía carajo”, la preservación de los espacios públicos de los indigentes, la defensa del empleo de los nacionales ante los extranjeros, la concepción del delito de desacato y la criminalización de la protesta, el resguardo de la propiedad privada en una definición muy ambigua (incluida la legitima defensa de la propiedad), son algunas de las reivindicaciones de las nuevas derechas, de sus programas políticos y de sus medidas de gobierno, legitimadas por el respaldo popular y electoral.
Sobrevuela la idea de que un gobierno autoritario es aquel que gobierna por decreto y con las fuerzas coercitivas del Estado en la calle, perdiéndose de vista que persiste un imperceptible relato que va consolidando en ciertos sectores de la sociedad una gestión de gobernanza que no apuesta ni convoca al diálogo, bajo el estricto mandato de que todas sus acciones están amparadas por el marco legal.
El problema es que cuando la economía deja de dar respuestas a los sectores más sumergidos de la población, sin necesidad de aventuras golpistas ni quiebres institucionales, se apela al uso de las fuerzas del Estado, no siempre en forma racional y proporcional, y en defensa exclusiva de determinados intereses.
Por otro lado, los grandes medios de comunicación hacen su trabajo de zapa en la opinión de la gente; la discusión sobre la calidad autoritaria de un régimen se licua en el debate si el gobierno cometió excesos o la gente se fue de “mambo”, como ocurrió en la represión desatada en París o, más acá en el tiempo y en el espacio, en Jujuy.
Pero como sea, a muy pocos les parece que es autoritario que aunque no haya tropas en las calles apaleando manifestantes, se mate un botija que va en una moto por un riguroso criterio de obediencia a la autoridad; que un jefe de policía departamental insulte y le pegue una cachetada a un detenido; o que las fuerzas de choque de la guardia republicana estén al borde de reprimir a unos manifestantes de las ollas que piden para comer, o se judicialicen por la vía civil y penal los conflictos laborales.
“No llores por mí Argentina”
Los grandes medios de comunicación inflaron lo que en su momento era el “fenómeno” Milei, hasta que terminaron de ponerle la cucarda de haber dado electoralmente un “batacazo”; el excéntrico personaje era ninguneado por “la derecha en serio” de Bullrich y por el peronismo olvidando que la expresión electoral es un reduccionismo de la voluntad ciudadana.
A pesar de las clásicas teorías conspirativas argentinas (que ahora argumentan que un sector del peronismo dio y dará sus votos a Milei para en dos meses de su gobierno salir a recuperar la democracia), muchas de las ideas que impulsa son eco de algunas aspiraciones en ciertos sectores de la sociedad a nivel regional, pero también de este lado del río y que encuentran sustento en la falta de respuestas institucionales y de administración económica de una economía desbaratada.
Algún dirigente uruguayo, siguiendo los extravíos del presidenciable argentino, viene despotricando contra mantener la enseñanza pública a costa de los paros docentes y, argumentado por las propias autoridades de la enseñanza, los cierres de los comedores escolares.
El discurso contra los privilegios de la “casta política” y los funcionarios del Estado ya tiene una expresión social y política en Uruguay: Un Solo Uruguay en lo social y su nuevo partido “Por los cambios necesarios”, discurso que no es exclusivo de ellos y que tiene su eco en varios sectores de la coalición de gobierno.
“Zurdos” son los militantes sociales y sindicales y es contra ellos (no contra los militantes políticos partidarios de los distintos grupos de izquierda) que han avanzado las medidas jurídicas que restringen los espacios de organización, movilización y reconocimiento (Ley de personería jurídica, medidas en detrimento de las Ollas por parte del MIDES, judicialización civil y penal de los conflictos sindicales, etc.).
Los discursos “de odio”, como se le llama a los mensajes en las redes, la rápida calificación de “noticia falsa” la tipificación de "trollers" a todo comentario, son una expresión de negación de la debilidad en que viene cayendo el añorado Estado Batllista, como si buena parte de quienes disparan desde las redes estuvieran incapacitados para poner la balota en la urna.
Hidrantes chilenos
El Ministerio del Interior sigue sin dar respuesta efectiva, al menos a la contención de la delincuencia en Uruguay y al horror de las cárceles.
Quienes ayer reclamaban sangre y fuego en las calles contra la delincuencia y acabar con el recreo, hoy no tienen más remedio que moderar su discurso para apoyar la gestión del ministro Heber; salvo dos diputados que nadie toma muy en serio (Lust y Zubía), nadie en el sistema político se anima a volver a reivindicar la creación de la Guardia Nacional del exministro Larrañaga.
Y, visto lo transcurrido en lo que va del gobierno y poniéndose el traje de éste, los problemas de seguridad tienen que ver con la delincuencia y no con la presencia en las calles de movimientos desestabilizadores.
Mientras París ardía en rechazo a la reforma jubilatoria, el movimiento sindical y social uruguayo no fueron más allá de colocar una carpa en la Plaza Primero de Mayo, algunas marchas y reparto de volantes. Sin embargo, en junio de éste año dos capitanes y un teniente primero de la Guardia Republicana fueron a un curso de instrucción con los Carabineros de Chile (policía militarizada) para la utilización de camiones hidrantes (el famoso Guanaco) y dos camiones blindados para actuar en el restablecimiento del orden público, reprimiendo los “constantes disturbios que vive Uruguay”.
Los vehículos comprados a la empresa MAN Latin América en Brasil son los modelos RCT-4 y Panther 8x8, con un valor estimado por unidad de 500 mil a un millón de dólares.
Estos camiones son los utilizados en Brasil por BOPE (Batallón de Operaciones Policiales Especiales) con capacidad para 12 policías y ya se encuentran en Montevideo.
Los hidrantes están al llegar y el director de la Policía Nacional Diego Fernández fue el promotor de su compra.
La idea de adquisición de los hidrantes fue rechazada en su momento por el ministro Jorge Larrañaga, que entendió que en el país no había condiciones para su uso, pero alguien valoró que algo cambió, o va a cambiar.
Ese alguien tiene nombre y apellido y es el actual ministro Heber, que autorizó la compra para evitar desbordes ciudadanos y bajo la lógica (autoritaria, por cierto) de que “cuanto más equipada esté la fuerza antidisturbios, menos violencia ejerce”, según manifestó a la prensa.
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