Las burdas excusas de la fiscal Gabriela Fossati

Antes de expresarse así, debería explicar por qué tomó la causa a sabiendas que su hermano, Guillermo Fossati, ocupa un cargo de confianza política en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa en representación del Partido Nacional.

Sus insólitas declaraciones no dejan de provocar desconcierto. Más que una magistrada actuó como una Ministra de Economía, priorizando el ahorro y el cuidado de la caja del Estado.

Si su solicitud de procesamiento es sorprendente por su tibieza al juzgar la conducta de un criminal reincidente, más inverosímiles son sus descargos. En efecto, si está tan segura que el rigor penal de su imputación es correcto, ¿por qué se siente en la necesidad de justificarse? A confesión de parte, relevo de pruebas.

Con esa actitud, Fossati se ubica a sí misma en una posición incómoda y se sienta en el banquillo de los acusados, exponiéndose al escarnio y a la crítica por su errático proceder en un proceso judicial pesado, que debió ser una suerte de megacausa de corrupción al más alto nivel.

Sus explicaciones, que son impertinentes, pueden interpretarse como una crítica a la política económica del gobierno, que no le destina a la Fiscalía lo necesario para cumplir con su función. Cuando de Justicia se trata, no se puede escatimar en gastos, hacer cálculos aritméticos y ampararse en las carencias, lo cual suena a autojustificación.

Si no podía trabajar en la causa acorde con la trascendencia que esta tenía con el presupuesto disponible, debió notificarlo a sus jerarquías. De lo contrario, su desafío era desistir, no seguir adelante y atenerse a las consecuencias de tal decisión.

Tan o más inverosímil que ese pretexto es alegar que la Policía no colaboraba con la investigación, porque algunos de sus miembros, como se probó fehacientemente, estaban involucrados en este flagrante caso de corrupción.

Aunque en algún momento insinuó esa falta de colaboración que ahora alega para justificarse a sí misma, no le recordamos un planteo serio ante el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que es quien ejerce la autoridad política de la institución y, por ende, debió actuar con otro talante.

Por supuesto, Heber nunca asumió el mando de la Secretaría de Estado acorde a sus responsabilidades ni actuó con el rigor que se puede esperar de alguien que ocupa un cargo jerárquico de esa envergadura. En efecto, con las cartas a la vista, es evidente que nadie lo respeta, ya que los cómplices de Astesiano actuaban con absoluta impunidad en sus propias narices sin que él se enterara.

Empero, aunque es notorio que el ministro es un pusilánime, Gabriela Fossati debió denunciar que la Policía estaba protegiendo y amparando en su seno a delincuentes uniformados. Si bien es cierto que una actitud de esta naturaleza pudo haber sido contraproducente para su investigación, estaba obligada a reaccionar con energía ante el ninguneo para cuidar sus propias espaldas. Evidentemente, no se hizo respetar ni se respetó a sí misma.

En otro orden, ¿qué quiso decir cuando afirmó que además de carecer de recursos le faltó tiempo? ¿Tenía alguna otra causa más importante que la ocupara? En este caso, su descargo es tan o más indigerible que las otras excusas. La fiscal tenía tiempo, porque podía solicitar otra prórroga para extender la prisión preventiva.

Sin embargo, tomó el camino más corto y menos complejo: el juicio abreviado. Evidentemente, no estuvo a la altura de lo que se puede aguardar de una magistrada de reconocida trayectoria y con treinta años de experiencia.

Ahora se siente agraviada porque Caras y Caretas interpretó la indignación que embarga a miles de uruguayos, que se sienten estafados en sus expectativas por un dictamen judicial que horada la propia credibilidad del sistema.

Nadie está acusando a la fiscal de haber incurrido en ningún accionar espurio ni reñido con el Estado de derecho. Ella, con su propia actitud, parece estar acusándose a sí misma de no estar a la altura. Por eso, asume una postura defensiva y autocomplaciente.

En lugar de seguir indagando y trabajando con la abrumadora montaña de pruebas disponibles, en una actitud realmente irracional, investiga al exdirector de Convivencia Ciudadana, Sergio Leal, por su visita a la familia del delincuente Alejandro Astesiano. En efecto, según se supo, el encuentro entre la magistrada y el exfuncionario duró apenas siete minutos.

Todo parece indicar que Fossati no dejó ni respirar a Leal. En efecto, aunque el sociólogo quiso seguir brindando explicaciones, la funcionaria judicial cortó abruptamente el efímero encuentro y dio por concluida la audiencia. La consecuencia fue que el citado pasó de testigo a indagado.

En este caso, incurrió en una absoluta falta de respeto hacia su interlocutor, los periodistas presentes en la sede penal y la propia opinión pública, que ignora los motivos de tan drástica decisión.

¿Por qué no actuó con la misma celeridad e investigó al personal de la propia Torre Ejecutiva, que les franqueó el paso a los cómplices de Astesiano, que se reunían en el 4º piso del edificio presidencial?

Quienes por nuestros trabajos hemos ingresado a la sede gubernamental emplazada frente a la plaza Independencia sabemos que no es fácil entrar allí sin pasar por estrictos controles. Evidentemente, los miembros de la banda que integraba Astesiano tenían alguna suerte de salvoconducto para acceder al despacho del criminal, sin filtros ni contratiempos.

Sobran pruebas que demuestran que esos hampones mantenían encuentros con el excustodio presidencial. Las preguntas que se imponen son las siguientes: ¿cuántos funcionarios de esta dependencia estatal fueron citados a declarar en calidad de testigos? ¿Alguno de ellos compareció en calidad de indagado por hacer la vista gorda y permitirles el acceso a delincuentes? ¿Por qué el prosecretario de la presidente, Rodrigo Ferrés, que era el superior directo de Astesiano, no concurrió a deponer ante la fiscal en calidad de indagado y lo hizo únicamente como testigo?

Mientras se siguen amontonando las interrogantes y las dudas, la fiscal Gabriela Fossati manifiesta, sin pruritos, que está muy conforme con el desenlace judicial que tuvo la causa. Evidentemente, también debe estar muy satisfecho el gobierno, y en particular el presidente de la República, quien pese a ser el responsable de otorgarle poder a este criminal, sigue blindado.

Textos: Hugo Acevedo