Las normas, la corrupción y las posibilidades de enfrentar el lavado de activos
La ley nro. 19.574 establece las actividades que se consideran precedentes al lavado de activos, dentro de las cuales aparece el narcotráfico, el terrorismo, el tráfico ilícito de armas, el tráfico ilícito de personas, la extorsión, el secuestro, el proxenetismo, entre otras.
En la región, los principales delitos determinantes para el lavado de activos son similares a los señalados por la ley uruguaya. Los análisis realizados por organismos regionales competentes, afirman que los delitos más destacados son el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y el contrabando, en un segundo escalón se encuentran delitos de corrupción y el soborno junto con el tráfico ilícito de migrantes y seres humanos.
A pesar de la similitud en cuanto al establecimiento de los delitos precedentes al lavado de activos, existe una especial atención, por ejemplo, al delito de corrupción, aspecto que no se encuentra del todo considerado por las autoridades uruguayas, lo cual demuestra vulnerabilidad en cuanto a los posibles riesgos y, por tanto, a la persecución desde el punto de vista investigativo.
El especialista en lavado de activos, Dr. Alejandro Montesdeoca, a cargo de la elaboración de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, fue categórico al señalar que:
“Uruguay tiene un pensamiento un poco envejecido. Tengo la sensación de que los actores públicos y privados tienen la sensación de que estamos en el siglo XX en estos temas y no, estamos en el siglo XXI. No creemos que acá puedan pasar cosas, pero pasan.
Uruguay no tiene las herramientas necesarias para afrontar este fenómeno… No se le da la debida importancia al tema de corrupción, y por lo tanto a los organismos encargados de prevenir y combatir. La percepción del riesgo de que en el país existan hechos de corrupción es bastante baja. Ha sido bastante difícil poner sobre la mesa el riesgo de la corrupción local como un problema en sí mismo”.
En un sentido conducente a lo anterior, Tenenbaum dijo que los delitos de lavado de activos generalmente se descubren por advertencias exteriores, o cuando son escandalosos, lo cual evidencia una institucionalidad poco abocada a la persecución y vigilancia de este tipo de delitos, sumado a una suerte de idiosincrasia que transmite “el esto acá no pasa”.
Una cena que enfureció a varios
Coinciden con esta visión las valoraciones del periodista y abogado argentino Hugo Alconada Mon, quien en un reconocido programa de la televisión de la vecina orilla, opinó que le preocupaba que en Uruguay “no investigan nada de lavado de activos”. Por su parte, la jueza Sandra Arroyo Salgado afirmó lo dicho por Alconada Mon, y agregó: “No nos brindan información, además, cuando pedimos”.
Mas allá de que se comparta totalmente o no la afirmación, lo cierto es que la propia SENACLAFT considera que Uruguay carece de herramientas potentes para desplegar oportunas políticas de prevención, lo cual evidencia una clara vulnerabilidad para el combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Las instituciones que se crearon para dicho propósito, como por ejemplo la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, no tienen aún la estructura organizativa que demanda la temática aquí abordada. Tampoco cuentan con los recursos humanos necesarios para llevar adelante los cometidos establecidos por las leyes nacionales.
Delitos y procesamientos por lavado de activos
Las evaluaciones realizadas en Uruguay, aportadas por SENACLAFT, evidencian la preocupación sobre los riesgos del lavado de activos, algunas veces no percibidos lo suficientemente. Si se toma en cuenta la cantidad de personas imputadas por delitos de lavado de activos, sin considerar la asistencia al lavado de activos, respecto a delitos determinantes o que podrían ser precedentes, el número es bajo. La escasa cantidad de casos resulta poco congruente con las propias estadísticas nacionales, y mucho más si se lo compara con los casos de lavado de activos tomando en cuenta la experiencia a nivel mundial. A modo de ejemplo, el Ministerio del Interior inició 2999 investigaciones sobre delitos de narcotráfico y delitos conexos en el año 2021, un incremento en más de 1600 investigaciones iniciadas, respecto al número del año 2017. Sin embargo, en 2020 solo 72 personas fueron imputadas por delitos vinculados al lavado de activos.
Datos procesados por InSight Crime relacionados al reporte de SENACLAFT indican que en Uruguay se visualiza un aumento anual constante en las investigaciones sobre lavado de dineros del narcotráfico, que pasaron de 1.597 casos en 2018 a 3.021 en 2022.
Para complejizar más aún la delicada situación en la que se ve envuelto Uruguay en materia de control al lavado de activos, son reveladoras las conclusiones realizadas por Tenenbaum al afirmar que “el cambio de gobierno produjo en los principales actores del sistema financiero una disminución en la percepción del riesgo de lavados activos. Ello queda demostrado con el comportamiento de dos indicadores indirectos: la caída de los reportes de operaciones sospechosas y el aumento de los asuntos iniciados y procesos concluidos en la Justicia”.
“Los datos también evidencian que el Poder Ejecutivo no tiene el control completo sobre la gestión del Estado en lo relativo a la política criminal… Los sujetos obligados a presentar reportes de operaciones sospechosas no solo no están siguiendo la tendencia que marca el comportamiento judicial, sino que, además, recorren el camino inverso”.
La complejidad del tema merece de una comprometida del sistema político en su conjunto. La flexibilización de controles solo favorece a la reproducción del lavado de activos y, por consiguiente, fortalece las actividades criminales que lo preceden. Sino se le pone la atención debida a este eslabón de la cadena criminal, tal vez de las más importantes, los esfuerzos por mejorar la seguridad pública caerán, una vez más, en saco roto.
