El Frente Amplio (FA) vuelve a la carga por una nueva ley de financiamiento de los partidos políticos y buscará convocar a todas las fuerzas para discutir límites a los aportes privados y mayores controles, a partir del caso del edil blanco Gonzalo Gómez, cuyo asesor fue condenado por lavado de activos.
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El presidente del FA, Fernando Pereira y la fuerza política están en alerta.
Gastón Britos / FocoUyCaras y Caretas Diario
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La Mesa Política del Frente Amplio de este lunes resolvió impulsar nuevamente el debate sobre el financiamiento de los partidos políticos.
El planteo del oficialismo apunta a convocar a los distintos partidos para discutir una nueva ley que limite los aportes privados durante las campañas electorales. La discusión también abre un debate más amplio sobre cómo se financian los partidos, sus estructuras permanentes y las partidas destinadas a asesores departamentales.
El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, sostuvo que una de las prioridades de la fuerza política es contar con una legislación que permita evitar que recursos provenientes del narcotráfico ingresen a la política.
Que el narco se meta
“Los partidos políticos tienen una prioridad, la número uno, una ley de financiamiento que evite que el narco se meta en la política”, afirmó Pereira.
El dirigente cuestionó además que hasta el momento no se haya aprobado una nueva normativa y atribuyó esa situación a la falta de voluntad del Partido Nacional.
Pereira adelantó que buscará conversar con el presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, para plantear la necesidad de retomar el diálogo entre las fuerzas políticas. “Si nos puede financiar cualquiera, un día se nos van a meter”, señaló, y advirtió sobre las consecuencias que, según planteó, tuvo la penetración del narcotráfico en la política de otros países de América Latina.
Nuevo esquema de financiamiento
El Frente Amplio pretende que la discusión no quede limitada al caso que volvió a poner el tema en agenda, sino que derive en un nuevo esquema de financiamiento partidario. Para ello, el debate deberá distinguir entre los recursos destinados a las campañas electorales, el funcionamiento permanente de los partidos y las partidas destinadas a asesores departamentales.
El planteo también deberá definir cuánto costaría un eventual sistema de mayor financiamiento público, qué mecanismos de control y auditoría tendría y qué sanciones corresponderían ante eventuales incumplimientos.
Desde la oposición, dirigentes han cuestionado la iniciativa y consideran que avanzar hacia un esquema de financiamiento público puede ser un error. La discusión recién comienza y todavía no existe un proyecto articulado que establezca el alcance, los costos y los mecanismos de fiscalización de la propuesta.
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