El proceso que culminó en la polémica adjudicación al astillero Cardama para la construcción de patrullas oceánicas (OPV) no fue un evento aislado, sino el resultado de la intervención directa de cinco figuras jerárquicas que, desde distintas esferas, blindaron y operaron en favor de la empresa española.
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Caso Cardama
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1. Luis Lacalle Pou: La voluntad política determinante
El entonces presidente de la República fue uno de los arquitectos políticos del acuerdo y, sin él, nada hubiese sido posible. Su rol estuvo marcado por un persistente empeño en asignar la obra a la empresa de Vigo, a pesar de que ésta carecía de experiencia previa en proyectos de similar envergadura. Lacalle Pou fue quien validó el giro en la estrategia del gobierno: tras participar en el anuncio de un proceso competitivo en 2021, su Administración terminó anulando dicho llamado dos años después para dar paso directo a la oferta de Cardama. Su anuencia fue el factor que permitió avanzar incluso cuando el astillero no lograba acreditar garantías sólidas, derivando en la presentación de un aval que posteriormente se revelaría como inexistente.
Javier García: El estratega y defensor en el tablero geopolítico
Desde el Ministerio de Defensa, Javier García no solo fue el mayor impulsor de la compra, sino su principal escudo político. Para García, la adjudicación sirvió para cumplir un doble propósito. En el plano local, funcionó como una "maniobra de distracción" para silenciar las crisis internas en el Ejército y los conflictos por ascensos militares. En el plano internacional, fue una respuesta directa a las preocupaciones de la Embajada de Estados Unidos; García detuvo las negociaciones con China —que se perfilaba como favorita— para evitar que Uruguay se convirtiera en la puerta de entrada de Beijing al Atlántico Sur. Su compromiso con el proyecto fue tal que, tras dejar el Ministerio, continuó defendiendo la operación desde el Senado, llegando a confrontar a las nuevas autoridades de Defensa.
Fabián Martínez: El articulador y nexo de confianza
Como director general de secretaría del Ministerio de Defensa y mano derecha de García, el abogado Fabián Martínez operó en la letra chica de la negociación. Martínez fue el interlocutor directo de la cartera ante la garantía de cumplimiento presentada por EuroCommerce, la cual ha sido denunciada por el actual Gobierno como falsa. Su relevancia trasciende lo administrativo, ya que funcionó como el eslabón de una red de contactos personales y políticos. A través de vínculos comunes con figuras del Partido Nacional, como el diputado Álvaro Dastugue, Martínez facilitó la conexión entre los jerarcas de Defensa y el comisionista Gerardo “Bocha” Moreira, intermediario clave de Cardama.
Jorge Wilson: El aval técnico sobre la advertencia de sus expertos
En el ámbito militar, el contraalmirante Jorge Wilson, comandante en jefe de la Armada Nacional, proporcionó el alivio institucional necesario para que el negocio prosperara. Wilson utilizó la compra de las OPV para lavar la imagen de una Armada golpeada por sucesivas denuncias de corrupción. Sin embargo, su gestión quedó marcada por la decisión de ignorar los informes técnicos de sus propios subordinados, quienes desaconsejaban formalmente el contrato con el astillero español. En lugar de seguir las recomendaciones técnicas o aceptar ofertas de astilleros reconocidos de Brasil y Colombia, Wilson expuso la estructura de mando para forzar un aval que carecía de sustento profesional.
Rivera Elgue: El enlace para la tregua en la coalición
Finalmente, el exsubsecretario Rivera Elgue fue la figura que garantizó la paz política entre los socios de la coalición de gobierno. Representando a Cabildo Abierto, Elgue permitió que la compra de las patrullas funcionara como una "bandera blanca" en medio de las constantes tensiones con el sector blanco (Lista 40). Fue él quien recibió inicialmente a Gerardo Moreira, el excapitán de fragata y comisionista de Cardama, facilitando el ingreso del gestor privado a los despachos oficiales. Esta "tregua" permitió que ambos sectores avanzaran en un “proyecto común” que, según diversas lecturas políticas, tenía como trasfondo estratégico el financiamiento de sus respectivas campañas electorales.
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