Y si el lector deduce que esas dos definiciones refieren también a posiciones políticas, se equivoca.
Hemos escuchado a muchos blancos decir que no lo soportan y también a muchos frentistas que, si bien no coinciden con el Gobierno, tienen una imagen positiva del presidente.
En año electoral todo pesa y se evalúa. Y Lacalle lo sabe bien, por aquello de “hijo e’tigre, bicho overo”.
Por eso algunas de sus recientes declaraciones sorprendieron. Sobre todo porque desde el 25 setiembre del 2021 la Torre Ejecutiva ha sido escenario de varias acciones delictivas, alguna juzgada parcialmente y otra por resolverse en Fiscalía.
“Tendría que haber estado más informado”
Si bien no dijo a cuál situación se refería, esa fue la respuesta cuando los periodistas de Canal 4 le preguntaron por los escándalos ocurridos en este tiempo. Aunque es muy obvio que hablaba de Alejandro Astesiano y Gustavo Penadés.
Es muy interesante recordar lo que el presidente dijo al otro día de ser detenido el responsable de su seguridad personal. Dato este no menor, porque después, desde Presidencia, se informó que era el responsable de la seguridad móvil.
“Si hubiera tenido un indicio, no le habría entregado lo más importante que tengo, que es mi familia. Yo no le entrego lo más preciado que tengo a una persona de la que puedo tener un indicio de que actúa por fuera de la ley”, aseguró Lacalle.
Y luego dijo: “Una cosa es lo que les comento ahora a ustedes, y otra es una procesión interna y profesional. En este momento hay un ciudadano que está sometido ante la Justicia, ¿pero qué voy a hacer, prejuzgar? Sin perjuicio de ello, mi estado de ánimo obviamente que no es el mejor”.
Ocurre que dirigentes cercanos a Larrañaga afirmaron que “éste le había informado sobre Astesiano”, y lo mismo dijeron dirigentes blancos de Rivera. Y aunque el presidente no lea Caras y Caretas, alguien debió informarle que en agosto del 2020 se habían publicado todos los antecedentes y anotaciones policiales que tenía. Porque además había estado preso casi un año en Las Rosas.
Por razones nunca bien explicadas, Lacalle decidió contratarlo para el cargo.
Tampoco se explicó por qué nadie se enteró de que Astesiano recibía a mucha gente en su despacho del piso 4 de la Torre Ejecutiva y “lo llamaba toda la plana mayor a tres celulares que manejaba”, según dijo a Caras y Caretas el escribano Álvaro Fernández, formalizado junto a Astesiano por la causa pasaportes.
Para despejar dudas, agregó: “En los tres celulares están esas comunicaciones. No hay uno que no esté, no tengo ninguna duda. Además todas las veces que fui había colas de 20 o 30 personas para verlo. Jerarcas policiales, algún empresario y muchos jerarcas de Gobierno”. (N de Red: nunca quedó claro si tenía un celular o tres, porque las respuestas de las autoridades han sido ambiguas).
Suponiendo que el presidente no supiera de esas reuniones, ¿nadie pudo o quiso comentarle que algo raro ocurría en ese despacho?
El escribano Fernández fue más claro: “Astesiano no tiene nada que ver con pasaportes, pero investigarlo bien será como abrir la caja de Pandora, no queda nadie vivo”.
Seis meses después el presidente dijo que “su error fue contratar a la persona equivocada” y agregó “no voy a contestar más porque es un tema que está en la Justicia”.
Pero además “no le voy a hacer el juego a dos medios de prensa que filtran audios. Esos chats los van largando de a poquito. Hay dos medios de prensa que con intencionalidad política filtran los chats y todos bailamos al ritmo de esa música”.
(N. de Red: en realidad no fueron dos medios sino 5. Lacalle se refirió solo a La Diaria y a Brecha, pero también difundieron chats Búsqueda, El Observador y radio Sarandí).
Lacalle dijo además: “La información que yo tengo está en los chats míos que están en Fiscalía y estoy muy tranquilo”.
(N. de Red: en realidad esos chats no están en la carpeta de investigación, sea porque el presidente pidió que no estuvieran o porque alguien en la Policía los borró).
El caso Astesiano se llevó puesto casi a la mitad de las máximas jerarquías de la Policía. En tanto la fiscal Sabrina Flores, que sustituyó a Gabriela Fossati, ya se ha expresado con formalizaciones sobre algunos de los asuntos que aparecían en los chats y tiene ante sí un voluminoso expediente con todos los audios y chats rescatados y en los que hay apariencia de varios delitos.
De la serie de intervenciones mediáticas referidas al caso no surge con claridad si en realidad Lacalle Pou no tuvo suficiente información o, por el contrario, tuvo y mucha, y se operó para evitar su conocimiento público.
“Lo miro a los ojos y le creo”
En enero del año 2023, cuando se conocieron las gravísimas denuncias de la militante nacionalista Romina Celeste contra el entonces senador herrerista Gustavo Penadés, el presidente reaccionó como amigo.
"Le creo a él. Hace 30 años que lo conozco y me dijo ‘yo no hice nada’, sería un mal amigo si no le creo", dijo Lacalle Pou. En octubre del mismo año Penadés fue formalizado y enviado a prisión acusado por 22 delitos vinculados a la explotación de menores y abuso sexual.
“Este es un día muy triste”, afirmó el primer mandatario y sobre sus primeras declaraciones de respaldo al exsenador solo dijo “no tenía todo los elementos necesarios sobre la mesa”.
La fiscal Alicia Ghione, y nadie más, descubrió la existencia de una trama encabezada por Penadés para desvirtuar la aplicación de justicia. Así cayeron un jerarca policial, condenado esta semana, un funcionario de jerarquía del Parlasur y dos funcionarios de la Corte Electoral.
Esta semana le preguntaron si iría a visitar al exsenador a la cárcel de Florida y Lacalle contestó: "Siempre con estas situaciones quedan cosas colgadas. No lo tengo en mis planes. Aparte no sería oportuno ni bien interpretado porque el que se mueve no es Luis Lacalle, es la investidura, es el presidente. Que el presidente vaya…", sostuvo.
“Quedan cosas por decir y por hablar, pero no es oportuno que lo visite. Y no sé si tengo muchas ganas ahora", cerró.
En este caso, como en el de Astesiano, el presidente recurrió al mismo argumento: la falta de información.
“Se comieron un garrón”
A principios del 2022, Búsqueda informó que el Gobierno le había entregado un pasaporte a Sebastián Marset, quien estaba preso en Dubái acusado de ingresar con un pasaporte paraguayo falso. Se trataba de un importante narcotraficante uruguayo que ya era conocido como “el gerente de la Hidrovía”.
Con ese pasaporte Marset fue liberado y desde entonces circula por el mundo, y particularmente por Sudamérica, escapando de la policía y haciendo sus sucios negocios.
En su tour mediático, el presidente también se refirió al caso y sostuvo, erróneamente como tantos, que “el Gobierno estaba legalmente obligado a otorgar ese pasaporte”.
¿Otra vez la desinformación?
El año pasado el constitucionalista José Korzeniak le dijo al periodista rochense Eduardo González: “Quienes conocemos el tema, porque hemos leído las leyes y los decretos reglamentarios, sabemos que el Gobierno no le debía dar el pasaporte sí o sí al narco Sebastián Marset como dijo el presidente”.
Agregó: “Cualquiera que haya sacado un pasaporte sabe que lo primero que consultan es si se tiene buena conducta. No sé si alguien en este país puede sostener que el señor Marset tenía buena conducta, porque había estado procesado, había estado preso y además estaba preso en Dubái cuando solicitó el documento”.
Korzeniak explicó que “la norma señala que el pasaporte es un trámite que debe hacerse en persona y que la norma prevé alternativas para soluciones excepcionales”, como puede ser un documento solo válido para regresar a Uruguay.
Pero para gestionar el pasaporte la Cancillería envió a la cárcel de Dubái a la cónsul en Emiratos Árabes, Jimena Pardo, para tomarle huellas dactilares, firma y foto. En presencia de la funcionaria Marset dijo que “vivía en un hotel 5 estrellas de Dubái”, algo que no era cierto porque no había logrado ingresar a esa ciudad.
La cónsul advirtió en más de una oportunidad a sus jefes en Uruguay que “este trámite no le parecía correcto”.
En medio trascendió una comunicación entre el entonces subsecretario de Interior, Guillermo Maciel, y la entonces subsecretaria de RR.EE., Carolina Ache, en la que el primero preguntaba si “era cierto que un peligroso narco preso en Dubái estaba gestionando su pasaporte”.
Maciel declaró hace unos días en Fiscalía y dijo que “el director Antidrogas le había informado sobre Marset y de ahí su consulta”.
Curioso por demás que el ministerio del Interior, que es quien expide los pasaportes, supiera quién era Marset y aún así le entregaran el documento.
El Gobierno quería evitar a toda costa que el chat enviado por Maciel a Ache se conociera durante la interpelación realizada por el FA en el Senado. Días antes se reunieron en un local del Ministerio del Interior en el Prado para organizar la mentira.
Como Cancillería se había negado a entregar el expediente con la investigación administrativa sobre todo el caso Marset, senadores del FA recurrieron a un juez y poco después éste ordenó su entrega.
En sus declaración ante el fiscal Alejandro Machado, Ache dijo que “el canciller Francisco Bustillo intentó que tanto Maciel como ella borraran sus celulares; también le sugirió a Ache que ‘lo perdiera’”. Pero la entonces subsecretaria ya había entregado a Bustillo bajo acta y en sobre cerrado el contenido de los chats.
Y además tuvo el tino de hacerlos protocolarizar por su escribana.
Pero cuando la Cancillería entregó a la Justicia el expediente con los resultados de su investigación administrativa, el documento aportado por Ache no estaba.
Al otro día de esa reunión en El Prado, la vicecanciller recibió un mensaje de Roberto Lafluf, asesor presidencial, informándole que “el presidente quiere tener una reunión contigo y con Maciel, acá en el piso 11 a las 3 de la tarde. Sería conveniente ingresar por el garage”.
Ache no informó si estaba el presidente en esa reunión. Lacalle dijo luego que “había pasado a saludar”. Lafluf le pidió a Ache y a Maciel que borraran los mensajes de su celular y a ella que consiguiera otra escribana que protocolarizara el contenido del celular sin esos mensajes.
Al otro día Ache llamó al asesor y le dijo que no borraría los mensajes ni recurriría a otra escribana porque “lo que le pedía era un delito y no estaba dispuesta a cometerlo”.
Lafluf le dijo que debía hablar con el presidente y la llamaría, algo que ocurrió un rato después. “El presidente dice que dejes todo como está y lleves de nuevo la documentación a Cancillería”, relató Ache en Fiscalía.
Entonces ella preguntó por qué debía entregar todo de nuevo, si ya lo había hecho... Lafluf le contestó que “el acta no estaba más, yo la destruí”.
La exfuncionaria no sabe quién o cómo le llegó ese documento al asesor y ni siquiera sabía si era verdad, pero “fue lo que él dijo”.
Ache entregó los documentos en Cancillería dejando constancia de que “lo hacía por segunda vez”.
Pero la jerarca fue cuestionada desde su sector, Ciudadanos, y renunció al cargo.
Fue en noviembre del año pasado que se conoció el contenido de la declaración de Ache en la fiscalía. Ese mismo día, después de una reunión en Presidencia, presentaron renuncia a sus cargos el canciller Bustillo, el ministro del Interior Luis Alberto Heber, y el subsecretario Guillermo Maciel. También el asesor Lafluf.
Lacalle reiteró este martes a Telenoche que “en el caso del pasaporte no quedaba otra que entregarlo de acuerdo a las reglas jurídicas de nuestro país. Algunos exgobernantes se comieron un garrón, no me queda la menor duda. Estoy pensando en Roberto Lafluf, con nombre y apellido. Si alguien no la comió ni la bebió fue él", dijo en referencia al accionar de quien fue su asesor de confianza.
"Tengo mi convicción, quiero que esto se sustancie cuanto antes en la Justicia. Estoy tranquilo que Lafluf, o algún otro que participó, actuó de acuerdo a la ley", concluyó. Ese “otro que participó”, según Lacalle, es el excanciller Francisco Bustillo.
El fiscal Alejandro Machado tiene dos causas referidas al caso Marset. La denominada “causa madre”, en la que se investiga el otorgamiento del pasaporte, y una segunda causa establecida luego de las declaraciones de Ache.
La vicecanciller cuenta con documentación probatoria y grabaciones de todo lo que ocurrió con ella en Cancillería y en la reunión de Torre Ejecutiva.
Es decir, se puede probar que Roberto Lafluf destruyó lo que ya era un documento público, parte de una investigación administrativa.
En el Gobierno hay mucha preocupación con este caso, porque un escándalo más complicaría sus chances electorales.
Tal vez entonces, Lacalle Pou recurra a su manido argumento, a esta altura poco creíble, de que “carecía de información” cuando afirmó que “Lafluf se comió un garrón”.
