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Política Maldonado | medio ambiente | sociedad civil

Cruce de caminos

Maldonado se debate entre corrupción y desarrollo

El gobierno departamental de Maldonado es el mejor ejemplo de todo lo que está mal con la política y el medio ambiente. Sin embargo, en los últimos años la sociedad civil ha comenzado a organizarse para intentar detener la destrucción medioambiental que marcha a todo ritmo.

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El gobierno departamental de Maldonado es el mejor ejemplo de todo lo que está mal con la política y el medio ambiente. Con un intendente autoritario que no acepta opiniones diferentes a las suyas, que confronta con vecinos, con técnicos y hasta con científicos que cuestionan algunos de sus proyectos. Sobre acomodos y corruptelas se podrían escribir varios libros. Nada ni nadie pone límites a sus constantes arbitrariedades. Sin embargo, en los últimos años la sociedad civil ha comenzado a organizarse para intentar detener la destrucción medioambiental que marcha a todo ritmo.

El departamento de Maldonado debe ser el que tiene más normas de construcción en todo el país, probablemente más que Montevideo. Sin embargo, en casi todas las reuniones de la Junta Departamental se aprueban excepciones. El argumento es siempre el mismo: hay que generar trabajo y alentar la inversión.

En los últimos 35 años las ordenanzas de la construcción se han modificado varias veces, siempre a impulso de capitales extranjeros que pretendían invertir pero nunca con un proyecto territorial que estableciera que clase de departamento se pretende para el futuro inmediato. O como se preservarían los recursos naturales que son los que atraen a centenares de miles de personas cada año.

Punta del Este, entendida desde Punta Ballena, toda la zona costera y hasta José Ignacio, atraviesa por un boom de la construcción. Algo que ocurre sistemáticamente cuando a la Argentina le va mal.

Los edificios cada vez más altos brotan como hongos. El intendente Enrique Antía ha informado públicamente que en los últimos cinco años se aprobaron unos cinco millones de mts2. de construcciones.

Si tomamos un promedio estimado a 6.000 dólares el costo del metro cuadrado, estamos ante una inversion de 30.000 millones de dólares. Unas nueve veces el total de lo invertido en la nueva planta de UPM.

Los inversores optan por Punta del Este ya que consideran que los valores son constantes, no se deprecian y por el contrario, obtienen muy buenos márgenes de ganancia siempre.

Por esa razón en pleno invierno, cualquier visitante se extrañará con algo a los que los locales ya están acostumbrados: centenares de edificios o residencias vacías, sin luz, sin ningún movimiento

No pocos son los que se preguntan cómo se pueden invertir millones en propiedades que nadie ocupa o a lo sumo ocupan 15 días al año. Y hablamos de propiedades avaluadas en millones de dólares.

Si bien la sospecha sobre posible lavado de dinero siempre está presente, hay otra explicación que parece ser razonable. Los argentinos, sobre todo, prefieren invertir en ladrillos antes que guardar su dinero en el Banco.

Saben que Uruguay siempre dio garantías sobre el derecho a la propiedad, o sea es seguro, y por otro lado no sólo ganan más que los intereses bancarios, sino que además es relativamente fácil recuperar la inversión porque el flujo de compradores es constante.

De todas maneras, nadie controla el origen legítimo de tanto dinero.

Por ese lado se comprende el aluvión sobre todo en este tiempo complejo para la economía del vecino país.

Las autoridades lo justifican señalando que la inversión genera trabajo e ingresos importantes al gobierno departamental.

Algo relativamente cierto. Porque a cada boom de la construcción, de los tantos vividos en este departamento desde mediados de los años 70, le suceden importantes problemas sociales. Sobre todo en escasez de vivienda y por consiguiente en el crecimiento de asentamientos.

Los nuevos inversores gozan de una importante cantidad de exoneraciones en tributos departamentales y nacionales. Porque no sólo el gobierno de Maldonado ha establecido importantes exoneraciones tributarias, sino que además muchísimos de los nuevos emprendimientos se construyen bajo la modalidad de interés social con la anuencia de la Agencia Nacional de Viviendas y otros, los más grandes, gozan de las exoneraciones establecidas por la Ley de Inversiones.

Para ser más claro: todo ha sido armado a favor de los sectores más ricos.

Maldonado es el departamento que más creció en población según el último censo. Es también el que tiene casi la mitad de sus viviendas desocupadas. Pero es uno de los lugares donde más ha crecido la pobreza infantil.

Y es el ejemplo más claro de un proceso de gentrificación constante.Mientras los “nuevos inversores” avanzan sobre la costa, playas Mansa y Brava principalmente, viejos propietarios en segunda línea son obligados por la fuerza de los hechos a retirarse hacia otras zonas. Lo que influye en el valor de la tierra. En tanto los sectores más desposeídos son envíados lo más lejos posible del Centro.

Todo lo señalado empieza en la intendencia.

Conflicto de intereses

La comisión de Obras de la Junta Departamental es el organismo más codiciado por la mayoría de los ediles.

Allí se trata todo lo referido a nuevas construcciones, fraccionamientos y desarrollo urbano del departamenfo.También se consideran y aprueban las excepciones a las ordenanzas requeridas por los inversores. Normalmente el plenario del legislativo vota todo lo aconsejado por su comisión.

Cinco ediles blancos miembros de la Comisión de Obras son operadores inmobiliarios.

Después de dejar la presidencia Darwin Correa, socio en Blás Propiedades, volvió integrar dicha comisión, de la que es miembro desde el 2015.

Javier Sena es inmobiliario y presidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este. Fue quién propuso “regalarle “40 metros más de altura al proyecto Cipriani.

Luis Artola es un poderoso empresario que opera en varios rubros, también el inmobiliario y es el propietario de un exclusivo Club privado que funciona en la costa sobre la parada 3 de playa Mansa.

Alejandro Infante, hasta el 27 de noviembre pasado presidente de la Junta y ahora volvió a la Comisión de Obras, es empresario inmobiliario .

Estos ediles son los que casi siempre llevan la voz cantante en defensa de los proyectos edilicios.

En tanto el edil Christian Estela, también integrante de la referida comisión, debe ser el más conocido de todos a nivel nacional. Aparece periódicamente en los videos de Zin TV diciendo “le dio pa´ que tenga, pa´ que guarde y pa´ que ponga a enfriar”.

Curioso personaje que hace unos 20 años operaba un pequeño almacén en el barrio San Antonio, lugar de trabajadores ubicado en la periferia de la ciudad. Al final del primer gobierno de Antía pasó a residir en la avenida Roosevelt frente a sanatorio Mautone. Para explicar el cambio dijo públicamente que “un amigo le regaló un yacuzzi y no tuvo más remedio que construir una casa arriba”.

Un testigo lo acusó como “prestamista” durante las audiencias judiciales que terminaron con Ricardo Dutra, director de Cultura del primer gobierno de Antía, preso por una millonaria estafa realizada desde su profesión de escribano.

En el segundo gobierno de Antía, Estela pasó a operar el parador municipal Papa Charlie, ubicado en parada 8 de la Brava. La adjudicación está a nombre de su esposa y recientemente fue extendida por 10 años más.

Pero en ese juego perverso, de pago de favores por votos, hubo algunos ediles frentistas que también se favorecieron con viajes e importantes viáticos.

La posición de estos ediles bordea la violación a la ley. Porque finalmente como ediles votan autorizaciones de las que luego podrán beneficiarse.

Uno de los ejemplos más claros es el de Rodrigo Blás, ex edil actualmente diputado y candidato a la intendencia de Maldonado en mayo.

Blás, actuando como “representante de un empresario argentino”, promovió un nuevo fraccionamiento sobre Laguna del Diario. En la Junta él se abstuvo de votarlo, pero su inmobiliaria fue la responsable de la venta de los lotes. Y desde allí, además, organizó la defraudación a la DGI, por la que no fue procesado pero tuvo que pagar varios millones de dólares por multas.

Que hay empresarios que comienzan cualquier gestión “pidiendo un favor” a algún edil de la mayoría es algo que sabe todo el mundo. No es fácil probar si luego ese favor se traduce de otra manera.

Pero de algo estamos seguros, no son pocos los que tendrían problemas para probar el origen legítimo de sus bienes.

Blás, como ejemplo otra vez, tuvo problemas con la presentación de su última declaración jurada ante la JUTEP porque debió corregirla en tres oportunidades ya que no terminaba de cerrar.

Nuevo casos viejos problemas

En los últimos tiempos se ha hecho costumbre de la mayoría blanca de la Junta Departamental citar a reuniones extraordinarias solo para votar importantes exoneraciones.

Según informó el diario Correo de Punta del Este “en la sesión extraordinaria del pasado lunes 30, la Junta Departamental de Maldonado autorizó a la Intendencia a conceder el permiso para al fraccionamiento “Los Manantiales”, ubicado entre el trazado de Camino Lussich y los bañados existentes al norte de Laguna del Diario.

El pedido del ejecutivo departamental fue aprobado solo con los votos de los veintiún ediles oficialistas y con la oposición de los nueve frenteamplistas y del único colorado.

La propuesta apunta a la generación de varios barrios privados en una superficie de casi noventa hectáreas que incluye al predio que durante décadas albergó a los viñedos y la bodega de la familia Zanoni. El proyecto se divide en tres bloques que contienen lotes de 500 metros cuadrados en un marco que también incluye un centro comercial que se construirá en un predio de una hectárea”.

Sin embargo los vecinos del lugar venían denunciando que las obras en ese fraccionamiento estaban en marcha, y los lotes en venta antes de que se ortogara.el permiso y sin informe de Medio Ambiente ya que el loteo se ubica en una zona de fragilidad ecosistémica.

Meses antes el empresario brasileño Alexander Grendene, quien tiene importantes intereses en Punta del Este, logró hacerse de un predio de grandes dimensiones costero al arroyo El Potrero y con frente al Aeropuerto de Laguna del Sauce. Allí proyecta construir un barrio privado “para uruguayos”, según dijo.

Antes de obtener los permisos, comenzó el loteo y construýó una extensa y alta empalizada de madera casi contra el arroyo. Fueron los vecinos quienes denunciaron varios atropellos y recién ahí intervino la intendencia.

Esta misma semana La Diaria informó que “desarrollistas argentinos solicitaron al gobierno de Maldonado excepciones a la normativa de construcciones para implantar diez edificios de entre 15 y 18 metros de altura en la playa de Punta Ballena, junto con 34 viviendas unifamiliares distribuidas hacia la ruta Interbalnearia. En esa zona, frente al campo de golf del Club del Lago, la ordenanza no admite la construcción de bloques; sólo habilita viviendas unifamiliares de hasta siete metros de altura”

La Intendencia de Maldonado avaló la iniciativa pero estableció que el desarrollo deberá contar con autorización ambiental del Ministerio de Ambiente antes de iniciar las obras, ya que parte de la propiedad se encuentra dentro de la faja de protección costera.

En realidad ahí lo único que cabía era la prohibición. Pero resulta que los “inversores” pagaron 70 millones de dólares por el predio y los arquitectos designados reconocieron en reunión con la Comisión de Obras que “desconocían las ordenanzas”. Así figura en la versión taquigráfica de la reunión. Tanto que el edil blanco Christian Estela afirmó varias veces que “lo tomaban por pelotudo”, según consignó La Diaria.

A nadie se le ocurrió interesarse por el origen de esos 70 millones Sin embargo si saben que “el desarrollista” está siendo investigado por la justicia argentina acusado de haber cometido una megaestafa con el ·desarrollo” de un barrio privado en Pinamar, provincia de Buenos Aires.

La sociedad civil organizada se hace sentir

La diaria recogió declaraciones de la presidenta de la Unión Vecinal de Punta Ballena, Gabriela Asuaga, a propósito de éste nuevo proyecto. “Creímos que el desborde estaba superado, que habíamos llegado a un punto de inflexión. Pero en Maldonado estamos atrapados en un sistema que parece completamente a merced del capitalismo extremo”, dijo la arquitecta a la diaria. “¿Por qué debemos enfrentar nuevamente esta situación tan rápidamente? ¿Será que la excepción se ha convertido en la nueva regla, como algunos dicen? ¿Por qué se sigue tratando nuestro patrimonio con tan poco respeto?”, cuestionó enseguida.

Precisamente la Unión Vecinal de Punta Ballena, después de un largo año de lucha, acaba de obtener un logro fundamental para comsolidarse como referente: la Corte Electoral validó las firmas que la organización recolecto para promover un plebiscito departamental que declare a la Punta de la Ballena como “área protegida” lo que impediría la construcción de 29 edificios sobre las laderas.

La Junta Departamental dispone de 60 días para pronunciarse sobre la iniciativa. Si la aprueba, se convierte en ley y si la rechaza, se lo comunica al Intendente, quien deberá convocar a un plebiscito a realizarse en mayo junto con la elección departamental.

Pero después que el intendente Antía manifestara públicamente que está de acuerdo con que esa zona sea “área protegida”, se descuenta que la Junta lo hará ley y no habrá plebiscito.

Sin embargo ahora surge un nuevo y no menor problema. La Suprema Corte de Justicia estableció en 1991 que esos predios eran privados, por lo que ahora habrá que expropiarlos. El problema es ¿quién pone la plata? Antía ya dictaminó que debe ser el gobierno central.

“Los vecinos deben ser escuchados”

Estas movilizaciones le caen en mal momento al gobierno departamental. El Partido Nacional no está en condiciones de enemistarse con miles de vecinos que podrían negarle el voto en mayo.

La presidenta de la Unión vecinal dijo a La Diaria que “entre los vecinos, prevalece el sentimiento de que la normativa es frágil y fácil de corromper y que viven en un estado totalmente desregulado, donde las decisiones se toman al mejor postor”. Por eso consideran que el papel de los ediles es clave, en estos momentos, para frenar diferentes avances empresariales

No obstante, ante el apuro con que la Intendencia de Maldonado tramitó el pedido de solicitud de viabilidad planteado a fines de noviembre por los desarrollistas argentinos para construir en la playa de Punta Ballena, Asuaga evalúa que el oficialismo la aprobará a la brevedad. “No podemos creer que nuestros representantes departamentales, aquellos que deberían velar por el bienestar de todos, vayan a votar esta propuesta que tan poco respeta nuestro territorio”, dijo y lanzó un “urgente llamado a la reflexión” de todas las bancadas. “Estamos permitiendo que el capitalismo engulla toda posibilidad de un crecimiento planificado, consciente y respetuoso con el entorno. En pocos días, el proyecto llegó a la Junta Departamental y ya tenemos la sensación de que estamos perdiendo la batalla”, lamentó.

Tras confesar la “impotencia” de los residentes de Punta Ballena ante un proceso que “avanza sin detenerse”, la arquitecta enfatizó que “no es posible” que los ediles voten “sin siquiera conocer el lugar y sus particularidades”. “¿Acaso no comprenden cómo esta propuesta afectaría el territorio de manera irreversible? Los vecinos necesitamos ser escuchados”, remarcó.

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